Si la mayoría de los aguascalentenses y de los mexicanos afirman profesar la religión católica, una primera obligación sería cumplir los diez mandamientos de la ley de Dios, que en unas cuantas líneas encierra todas las leyes y criterios constitucionales que pueda haber. Con apegarse a lo que dispone el precepto no haría falta más normas.

El séptimo mandamiento, No Robarás, es la prohibición tácita que no se debe causar daño al prójimo y ordena restituir lo que indebidamente se posee; prohíbe robar porque se peca contra la justicia, al apropiarse de bienes que están bajo su resguardo o que por negligencia, omisión o connivencia permite que otros se queden con ellos, que lo hace cómplice de los actos.

Con justificada razón podrá cuestionarse el porqué el prólogo tiene una orientación religiosa y la respuesta se encuentra en los sistemas nacionales y locales anticorrupción, que tienen como objetivo frenar y castigar la deshonestidad en el servicio público y al mismo tiempo devolver la confianza a los ciudadanos en las instituciones.

El gobernador José Carlos Lozano de la Torre envió al Congreso del Estado una iniciativa para crear la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, que permita hacer las adecuaciones necesarias a la Constitución local ante la promulgación y publicación del Sistema Nacional Anticorrupción.

El nuevo organismo se encargará de coordinar a los Tres Poderes del Estado, entidades descentralizadas, organismos autónomos y ayuntamientos, por lo que deberá crearse un Comité Coordinador, un Comité de Participación Ciudadana y una Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, cuya operación estará sujeta a las leyes reglamentarias que deberá determinar la diputación.

El propósito de esta administración, al promover ajustes a la norma constitucional, es que todos los empleados del sector público cumplan con la rendición de cuentas, la transparencia y la limpieza en el ejercicio de gobierno, que además sean eficientes, competentes, positivos y formales.

Tanto a nivel nacional como local es un paso muy importante el que se da, ya que responde a una de las mayores demandas de la sociedad, que no sólo quiere funcionarios probos sino que quienes ocupen los cargos sean los idóneos, porque corrupción también es hacer nombramientos por compadrazgo, amiguismo o parentesco, sin considerar si la persona designada está calificada para estar al frente de una oficina.

Lo que se busca con estas medidas es sepultar, de una vez por todas, las “comaladas” de nuevos ricos, que surgen cada tres o seis años, y terminar con la confabulación entre titulares de dependencias y empresarios que le cuesta demasiado al erario, debido a los convenios de obras y servicios que en ocasiones tienen costos o precios fuera de la realidad o las famosas adjudicaciones directas.

Es mucho lo que se tiene que trabajar para terminar con este cáncer, que no es de ayer ni de hace seis o doce años, sino una degeneración que se ha hecho sin escrúpulos ni temor alguno, arropados en aquello de “tapaos unos a los otros” o “el que no tranza no avanza”, labor que ojalá no sea flor de un día y en un futuro se tenga los frutos de lo que hoy se siembra.

Si cada quien cumpliera los Diez Mandamientos no habría porqué llegar a crear ese tipo de leyes, que en este caso sólo bastaría con “no robar”.

LA MAESTRA EN APUROS

Sólo falta que el pleno del Congreso del Estado apruebe la iniciativa que elimina el fuero constitucional, para que la Sección Uno del SNTE de a conocer el resultado de la investigación que debió haber realizado a las finanzas del comité ejecutivo que presidió la diputada con licencia Juana Alicia Espinosa de los Monteros Ortiz.

Desde que Mario Armando Valdez Herrera asumió la secretaría general del sindicato, ha diferido el informe de su antecesora con el argumento que habría que esperar a que concluyera su comisión en la Legislatura, lo que será el 14 de noviembre de 2016, ya que gozaba de fuero y no se le podía exigir una explicación de los recursos que tuvo a su disposición.

El asunto se ventiló en 2014 cuando la asamblea de profesores se negó a aprobar el informe de Espinosa de los Monteros, por lo que el compromiso fue que enviados del Comité Nacional se encargarían de llevar a cabo el análisis, lo que se hizo, pero cuyo resultado permanece bajo siete llaves. Valdez Herrera ha esquivado hablar del tema, concretándose a responder que sólo faltan algunos detalles, que seguramente, a casi tres años de distancia, deben estar totalmente subsanados.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el documento, iniciativa que por cierto presentó el grupo parlamentario de Nueva Alianza, del que formó parte Juana Alicia Espinosa de los Monteros y con la cual se pretendía regular dicha figura, pero el diputado panista Alberto Álvarez propuso otra y es eliminar el juicio de procedencia, que en términos coloquiales se conoce como “fuero”, del que han gozado algunos funcionarios públicos.

En el caso de los diputados, la legisladora del PRI María de los Ángeles Aguilera Ramírez explicó que “los diputados conservamos únicamente lo que es la inviolabilidad parlamentaria, esto quiere decir que por las expresiones que digamos algunos en el ejercicio de nuestras funciones, no podemos ser castigados pero todos aquellos funcionarios que cometan un delito, van a ser procesados, porque no van a tener fuero”.

Con ello se acabó el clásico “charolazo” o la amenaza a policías y agentes de tránsito para no ser arrestados por alguna falta que amerite su presentación ante el juez de barandilla, pero en el caso de la ex lideresa del SNTE ya no tendrá pretextos Mario Alberto Valdez para dar a conocer las conclusiones de la gestión de su predecesora.

Lo anterior no significa que se haya cometido algún delito, porque si no se conoce el informe se estaría prejuzgando, pero es necesario cerrar el capítulo que ha sido tema cuando brotan  inconformidades en contra de la actual directiva, a quien responsabilizan de encubrir lo que supuestamente hizo la profesora.

PAN VA CON TODO

Finalmente hizo su aparición el jefe nacional del PAN, Ricardo Anaya, al asegurar el 20 de julio que Martín Orozco será gobernador constitucional, por lo que lanzó la advertencia que el PRI no podrá anular el triunfo que con votos y sin trampas obtuvo el albiceleste en la jornada electoral del pasado 5 de junio.

“En el caso de la elección de gobernador, Martín Orozco ganó por más de 13 mil 500 votos, es decir, más del 3% de la votación. La confianza depositada por los ciudadanos en él fue contundente”, asimismo recordó que el 14 de julio el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró que en dichos comicios no existió rebase de topes de gastos de campaña por parte de Acción Nacional o de su candidato.

“La resolución del Instituto Nacional Electoral también determinó que es falso que haya sido beneficiado por declaraciones de diversos sectores, (por ello) el PAN seguirá realizando las acciones legales que sean necesarias para garantizar que sea respetado el voto de los ciudadanos de Aguascalientes y no dejará que la falsedad y la frivolidad de las quejas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) anulen las decisiones ciudadanas”, puntualizó el líder blanquiazul.

ESTABLE LA DEMANDA: PRI

El Partido Revolucionario Institucional ni quita el dedo del renglón al exigir que se anule la elección de gobernador, por lo que confía en que las pruebas que presentó sean suficientes para ordenar la reposición del procedimiento.

El secretario general del Comité Directivo Estatal, Alberto Solís Farías, declaró que se ha querido confundir a los ciudadanos, señalando que el Instituto Nacional Electoral emitió un dictamen definitivo, validando la elección, pero de ninguna manera es definitivo puesto que puede ser apelado ante los tribunales.

Para el dirigente hay causales que no fueron abordados, como la intromisión del clero, lo cual ya ha sido causa de nulidad en otras entidades por cosas tan mínimas como la mención en una homilía, en cambio en Aguascalientes “la intromisión fue tan clara, que existe una confesión en el semanario ‘Desde la Fe’  en el cual expresaron que en efecto, durante tres semanas llevaron a cabo una intervención para proteger a la familia y sus intereses, cuando según la Constitución, se debe privilegiar la separación Iglesia-Estado”.

Reiteró que existen documentos firmados por jerarcas católicos, videos y grabaciones, en las cuales se prueba que el clero de forma abierta pide a los fieles católicos a que no voten por determinados candidatos.

Para el PRI, apuntó Solís Farías, la decisión final está en los tribunales, porque además se presentaron pruebas de la intervención de las autoridades municipales.

PERDÓN ¿POR QUÉ?

Hay momentos en la vida que es necesario hacer un acto de contrición para demostrar arrepentimiento, pero lo que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, al pedir perdón por algo que no fue un delito sino parte de una campaña mediática, es alimentar a los carroñeros.

Es el segundo Presidente que lo hace, luego de que José López Portillo en su último informe suplicó clemencia a los pobres, por dejarlos igual de pobres que seis años atrás, cuando se comprometió a mejorar el bienestar de todos los mexicanos.

Esta vez no fue así. Tras promulgar el paquete de leyes que le dan sustento al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Peña Nieto aceptó que el tema de la llamada “casa blanca” fue un “error” que afectó a su familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno.

“En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente, por eso con toda humildad les pido perdón”, dijo, al señalar que a partir de ese asunto cada día está más convencido de combatir la corrupción y destacó la importancia del SNA.

Como se sabe, en noviembre de 2014 una información periodística ventiló que la señora Angélica Rivera de Peña adquirió una residencia en la calle Sierra Gorda 150, Lomas de Chapultepec, en que además de los pormenores de la compra-venta, se mencionó que la empresa inmobiliaria tenía contratos con el gobierno federal por lo que se percibía un conflicto de intereses.

Para atajar las interpretaciones, la esposa del mandatario mostró documentación que avalaban que todo lo que hizo fue conforme a la ley, ya que el recurso de que dispuso provenía de la liquidación que recibió de la empresa para la que trabajó y la parte restante se pagaba a plazos, sin embargo los medios no aceptaron las explicaciones y hubo un bombardeo informativo para sembrar en la opinión pública que había algo más que un simple convenio.

De acuerdo a la tarjeta informativa de la Presidencia de la República, el 1 de diciembre de ese año, la señora Angélica Rivera concluyó la relación comercial con la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro y devolvió la propiedad que obtuvo el 12 de enero de 2012 bajo contrato de compra-venta con reserva de dominio. Por la terminación anticipada del contrato, las partes pactaron que la compradora pagara el equivalente a una renta por el tiempo en que tuvo posesión del inmueble, y a su vez, la inmobiliaria reintegró a la señora Rivera los pagos que realizó entre el 22 de enero de 2012 y el 11 de diciembre de 2014, más los intereses respectivos. Desde esa fecha la señora Rivera no tiene relación alguna con el inmueble.

El presidente Peña, en la ceremonia que tuvo lugar en el Patio de Honor de Palacio Nacional el pasado 18 de julio, afirmó que “este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos y en esto, reconozco que cometí un error. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. Lo entiendo perfectamente; por eso, con toda humildad, les pido perdón.

“Les reiteró mi profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé. A partir de ello, estoy convencido y decidido a combatir la corrupción. De ahí la importancia del Sistema Nacional Anticorrupción con el que estoy comprometido y que habré de impulsar con toda determinación”.

Dispuesto no soltar a su presa, los partidos de oposición exigieron ir más allá de la disculpa, aunque sin precisar hasta dónde quieren que llegue, lo que denota que no existe la menor intención de darle vuelta a la página, ya que sin haber una razón de peso para que el Presidente diera ese paso ahora le reclaman otras acciones.

En lo que se refiere al Sistema Nacional Anticorrupción, Peña Nieto refirió que los mexicanos se sienten lastimados y dolidos por la corrupción, actitud que se detecta “en buena medida gracias a las nuevas tecnologías de la información y a la libertad de expresión”, lo que permitió que la ciudadanía tomara la iniciativa de combatir con decisión “este cáncer social”.

Los nuevos pilares institucionales, como son el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, es una respuesta del Estado ante la exigencia colectiva de combatir con todas las herramientas legales cualquier actitud que vaya en contra del pueblo, puntualizó el mandatario.

INGOBERNABILIDAD

Después del anuncio que hizo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que la paciencia había llegado a su límite respecto a los bloqueos de carreteras y ciudades y el secuestro de vehículos, se esperaba acciones decididas del gobierno para terminar con este problema, pero los ataques a las vías de comunicación y al sector productivo se han recrudecido en un abierto reto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Para contrarrestar el concepto que hay de México sobre estos hechos se han creado diversas campañas, como una forma de evitar un daño al turismo, pero las imágenes de la internet y las televisoras internacionales son más que elocuentes, muy semejantes a las que se observan en países en guerra como Irak, Siria, Libia y Afganistán, inclusive, en proporción aquí hay más asesinatos atribuidos a los cárteles de la droga que los muertos por los bombazos en esos lugares, además de los incendios de autobuses y camiones repartidores y de la nula actuación de la policía.

Resulta absurda la benevolencia de la Segob con los directivos de la CNTE, con los que se ha reunido en múltiples ocasiones para encontrar una salida a su exigencia de que se anule la reforma educativa, pero lejos de aceptar que es una ley que obliga a todos, responden con más bloqueos y ya no sólo de carreteras sino que ahora obstruyen el paso de los trenes.

La imagen de México a nivel internacional empieza deteriorarse y entre los mexicanos crece la preocupación por las condiciones en que está el gobierno, que al ser extremadamente indulgente con la disidencia magisterial ha dejado que diversos grupos radicales se unan a ese movimiento, lo que provoca que en algunos puntos de la protesta ya no siguen las indicaciones sino actúan por cuenta propia, convencidos que las autoridades no proceden por temor a ser calificadas de represoras.

Por su parte, los partidos de izquierda exigen que se restablezca el orden y al mismo tiempo apoyan las protestas, en algunos casos con el envío de lo que necesitan para alimentar por más tiempo el descontento, sea en la ciudad de México o en los estados de Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, con la seguridad que obtendrán alguna rentabilidad política.

La situación de inestabilidad es mayor porque las demandas crecen contra el gobierno, mientras que la capacidad de respuesta se reduce, o se tiene que revertir órdenes, como el retiro de los elementos federales de Guerrero y regresados ante la imparable ola de violencia que ha llegado al crimen de familias completas.

CONTRARREFORMA

Al mismo tiempo que en Gobernación se reúnen funcionarios de esta dependencia y representantes de la CNTE, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, presentó ante el SNTE y miembros de organizaciones sociales el nuevo modelo educativo y planes de estudio que permitan al sistema nacional ser más compatible con los retos globales, y a los estudiantes obtener el aprendizaje que necesitan para ser exitosos en el siglo XXI.

Aunque se ha negado que estas medidas sean cambios a la reforma educativa, la realidad es que no se puede tapar el sol con un dedo, ya que todavía no acaba de madurar y ya se habla que el actual modelo educativo “es incompatible con el México de hoy”, lo que debió de haberse considerado antes de formular las modificaciones constitucionales, a menos que el actual sea efectivamente de carácter laboral, como lo ha sostenido la disidencia.

Lo que planteó Nuño fue la Propuesta Curricular para la Educación Básica 2016, en que el desarrollo de las emociones será impulsado a nivel primaria, de ahí que “para la educación básica se incluya en un espacio curricular en los seis grados de primaria”.

A nivel preescolar el desarrollo emocional es aprendizaje transversal y durante la educación secundaria, es el tutor el encargado de continuar el proceso formativo en esta área. En relación al idioma inglés, se propone incluir 100 horas al año en tercer año de preescolar y primaria, y 120 horas en secundaria.

El propósito es que el egresado de educación básica tenga un perfil que comunique confianza y eficacia, use las habilidades digitales, aplicación del pensamiento crítico y que resuelva problemas con creatividad, tenga iniciativa y favorezca la colaboración, sepa acerca del mundo natural y social, aprecie el arte y la cultura en general, muestre responsabilidad por su cuerpo y por el medio ambiente, posea autoconocimiento e inteligencia emocional, cultive su formación moral y respete la legalidad, y asuma su identidad y favorezca la interculturalidad.

Entre febrero y junio de 2014 la SEP llevó a cabo 18 foros de consulta nacional y como resultado se generaron tres documentos: La propuesta curricular para la Educación Obligatoria 2016; los fines de la educación en el siglo XXI, y el Modelo Educativo 2016.

Ahora se someterá a consulta nacional documentos en distintos ámbitos, como Escuelas, foros de debate semanales y proceso abierto. En diciembre la SEP recopilará la información y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) se asegurará que todas las propuestas sean tomadas en cuenta. Con todas las aportaciones se diseñará planes de estudio para educación básica y medio superior, programas de capacitación para profesores en servicio y nuevos planes de estudio de las escuelas normales y universidades dedicadas a la formación de profesores. En agosto de 2017 la SEP realizará pruebas piloto del nuevo modelo educativo y en agosto de 2018 el nuevo modelo educativo llegará a las escuelas a través de los nuevos libros de texto gratuitos, nuevos planes de estudio y capacitación de los docentes, al mismo tiempo en las normales y universidades se aplicarán nuevos programas de formación de maestros.

Mientras que para el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, “nadie tiene derecho convertir la educación en campos de batallas ideológicas” y que “los principios de la Ley General de Educación están fuera de toda disputa”, el secretario técnico de la Sección 18 de Michoacán de la CNTE, Gamaliel Guzmán Díaz, dijo que la presentación del modelo por la SEP “es un retroceso en el avance del diálogo porque plantea un camino totalmente distinto al que se venía construyendo” (en la Secretaría de Gobernación), reiterando que lo que se hace hoy es una prueba de que la reforma educativa “es eminentemente laboral”.

En Educación Pública podrán hacer lo que crean conveniente, pero la CNTE no cede en su exigencia que se derogue la citada reforma como primer paso para suspender las agresiones a las vías de comunicación, a pesar del revés que sufrió en el amparo tramitado ante la justicia federal. El Tribunal Colegiado de Circuito determinó que es improcedente suspender la evaluación a profesores de educación básica, caso que se anexa a una tesis jurisprudencial. El fallo del tribunal fija la improcedencia de la suspensión definitiva de la evaluación y lo hace en función, que de conceder el amparo solicitado, se obstruiría el beneficio y mejoramiento del derecho a la educación a través de la garantía de que los profesores estén mejor preparados.

El tribunal puntualiza que el mejoramiento de la calidad educativa es un fin constitucionalmente legítimo y que se haga con la instrumentación de la educación docente, además que el Artículo Tercero Constitucional establece que se debe garantizar educación de calidad, por lo que es necesaria la aplicación de la evaluación obligatoria.