Luis Muñoz Fernández

Todas las sustancias son ponzoñosas, no hay ninguna que no lo sea. Lo que distingue a un veneno de un medicamento es la dosis.

                       

Paracelso, c. 1538.

El amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a cuatro ciudadanos mexicanos que desean consumir marihuana sin el riesgo de ser encarcelados, provocó reacciones inmediatas de diversos actores sociales. De pronto, como cuando se da un pisotón en un hormiguero, varios líderes de opinión, políticos, autoridades de diversos niveles y personajes varios, ya sea con gesto adusto, cara de estupefacción o en franco arrebato de indignación, se sintieron empujados fuera de su habitual zona de confort y empezaron a expresar sus puntos de vista y, sobre todo, a lanzar advertencias para que no cunda el pánico: lo sancionado por la Corte no significa la legalización del cultivo, el consumo y el comercio de la marihuana.

En principio eso es cierto, pero no hay que perder de vista que el valor de la sentencia estriba en su poder de generar un debate social necesario y urgente. No podemos seguir ignorando una realidad lacerante que causa sufrimientos sin cuento a muchos mexicanos. Permanecer abúlicos no sólo atenta contra nuestros derechos fundamentales, sino que contribuye a mantener un statu quo profundamente injusto en el que obtienen provecho personal o corporativo los mismos de siempre. Partamos de un hecho incuestionable: la actual política sobre las drogas es un rotundo fracaso.

Históricamente y pese a su magnitud y gravedad, el “problema de las drogas” ha generado un debate con rasgos peculiares que han dificultado enormemente la solución de la cuestión. Estos rasgos son su aparición tardía (hasta los años setenta); su desarrollo en una situación social consolidada, cuando el consumo de las drogas es inseparable de nuestra civilización y el hábito juvenil de socializarse mediante este consumo está consolidado, como lo están las organizaciones criminales que abastecen el consumo y los cuerpos administrativos encargados de reprimirlo y, en tercer lugar, la cristalización de la discusión en un esquema simple y polarizado (“prohibición frente a legalización”), sin analizar opciones intermedias.

En contraposición, el debate debería centrarse en el desarrollo de alternativas al modelo de represión penal que evidentemente no está dando los resultados deseados. Sería mejor una “política de reducción de daños”, considerando que se trata de un asunto sanitario y no penal. Además, se debe promover una reflexión pública en donde no se den por sentados ni el fin que se persigue ni los medios más adecuados para conseguir ese fin, para poder vislumbrar estrategias distintas a las ya ensayadas. El debate social arrojaría luz sobre la verdadera naturaleza del problema y permitiría el diseño de alternativas a la pura represión penal.

La inquietud que hoy emerge en México y que busca un cambio en las políticas públicas sobre las drogas no es nueva, aunque nunca había alcanzado una visibilidad como la actual. Hasta hoy, quienes buscaban ese cambio rara vez podían expresar sus intenciones, simplemente no eran escuchados, y quienes tienen el deber de velar por los intereses de los ciudadanos casi nunca se pronunciaron públicamente sobre el tema, salvo para restarle importancia o satanizarlo.

Entre 1989 y 1991, el Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por un colectivo de Catedráticos y Profesores de Derecho Penal, Magistrados, Jueces y Fiscales españoles se reunieron en Málaga, Barcelona y Sevilla para analizar una alternativa a la actual política sobre drogas, proponiendo lo que llamaron Manifiesto por una nueva política sobre la droga que se concretó en una Propuesta alternativa a la actual política criminal sobre drogas. Ambos documentos se pueden consultar completos en: http://www.gepc.es/web/sites/default/files/ficheros/gepc1.pdf

Por su estrecha relación con nuestra realidad mexicana, merece la pena transcribir algunas partes del Manifiesto:

Los abajo firmantes, juristas preocupados profesionalmente por la problemática de la drogadicción, desean llamar la atención de la sociedad española en general y de los poderes públicos en particular sobre el fracaso que ha obtenido la acentuación de la política represiva producida en los últimos años.

  1. Ante todo, no se han logrado las metas supuestamente perseguidas: erradicar o disminuir sensiblemente el tráfico y consumo de drogas. Pese a la frecuencia de los decomisos se acepta de modo generalizado que el porcentaje de droga interceptada es mínimo respecto al cada vez mayor que se pone a disposición de los consumidores. Tal aumento de la oferta está en consonancia con el continuado incremento de la demanda por parte de los consumidores.
  2. Simultáneamente, la droga se ha convertido en un producto muy caro, dados los elevados márgenes comerciales que retribuyen los riesgos de traficar con un producto tan perseguido. Esto ha originado, en primer lugar, la aparición de poderosas organizaciones de traficantes con un poder económico sin parangón en toda la historia de la criminalidad y que en sus niveles medios y superiores eluden fácilmente la persecución penal. En segundo lugar, causa o agrava la marginación social de una buena parte de los consumidores que no poseen los medios económicos necesarios para adquirir la droga, lo que les obliga a realizar actividades asociales o a caer en la delincuencia.
  3. Consecuencia de lo anterior es que los recursos del sistema judicial penal se ven desbordados por la criminalidad vinculada al tráfico de drogas. Del mismo modo, el aumento de la población reclusa a que esa criminalidad está dando lugar empeora notablemente las condiciones de habitabilidad de las prisiones, dificulta aún más la aplicación de la Ley General Penitenciaria y refuerza las mafias carcelarias conectadas al suministro de drogas a los internos…
  4. El Estado de Derecho está siendo conmovido igualmente desde otros puntos de vista: ante todo, la acentuación de la vía represiva ya ha mostrado que no se detiene ante los principios garantistas del Derecho Penal, habiéndose creado figuras delictivas que violan los principios de seguridad jurídica o de proporcionalidad de las penas. Por otra parte, el poderío económico de los traficantes de medio y alto nivel les permite corromper instituciones esenciales de las democracias, desde los órganos de persecución penal hasta las más altas instancias representativas, por no citar las instituciones financieras…
  5. La actual política básicamente represiva, tiene nefastos efectos sobre los imprescindibles esfuerzos dirigidos a la prevención, entendida como la promoción de actitudes vitales basadas en la autonomía y responsabilidad personales. Por una parte fomenta la integración del consumo de drogas entre las pautas propias de la conducta rebelde, con la consiguiente atracción sobre la juventud. Por otra, permite eludir las responsabilidades de la propia sociedad sobre el citado fenómeno, dejándolo todo en manos de los órganos represivos…

La nueva política debería trasladar el centro de atención al campo de la prevención de la demanda y la asistencia a los consumidores. Sólo una intervención preventiva basada en mensajes positivos, realizada por los cauces y agentes normales de la intervención educativa y una política asistencial centrada en el objetivo de reducir los riesgos derivados del consumo puede tener una razonable esperanza de éxito.

No debería ser delito el tráfico de drogas entre adultos; antes bien, éstos deberían tener la posibilidad de acceder legalmente a la posesión de las mismas.

 

Pese a las hormigas asustadas y vocingleras, es evidente que nos dirigimos a un cambio de paradigma legal, sanitario y ético en este tema. Ya era hora.

http://elpatologoinquieto.wordpress.com