A raíz de la exigencia social para que los funcionarios públicos transparenten sus ingresos e informen de qué manera obtuvieron sus propiedades, es necesario ampliar esta indagatoria hacia los líderes sindicales, que son tan dados a reclamar integridad a los demás y fustigar a quienes niegan esta información.

Es el momento de que pongan el ejemplo y divulguen todo lo concerniente a su dinero, empezando por el lugar en que –presumiblemente- trabajan, teniendo en cuenta que para estar al frente de un sindicato es necesario estar vinculado a una empresa, cuál es su salario y otros alcances, su horario de labores o si están comisionados y bajo qué condiciones o acuerdos, a cuántos sindicatos representan, qué cantidad recaudan en cuotas y un desglose de su utilización.

Si Usted, amable lector, dedica un poco de su tiempo, se podrá cerciorar de las condiciones en que vive un líder, que son abismales a las de sus representados. Es un personaje que le gusta vestir bien, tiene dos o más vehículos para su servicio y otros tantos para la familia, y no compra los víveres en la tienda de la esquina, sino en los centros comerciales de mayor prestigio, además es muy dado a exhibirse al lado de los gobernantes.

En alguna ocasión uno de ellos alardeaba de sus adelantos en la práctica del golf y cuando se le preguntó cuál era su salario, no vaciló en responder que 200 pesos, lo que indudablemente lo convertía en un prestidigitador, porque con esa cantidad le alcanzaba para sostener el ritmo de vida de su familia, pagar la carrera universitaria a dos de sus hijos y hacer la aportación mensual al club.

Otro menos ostentoso usa un vehículo de modelo atrasado para ir a las asambleas sindicales y el “dominguero”, siempre de modelo reciente, para las reuniones con las autoridades o viajar a otras partes del país, mismo método que aplica en el uso de la ropa, que es según el lugar en donde debe estar.

Es regla general en Aguascalientes que los dirigentes de las centrales obreras estén varios periodos al frente, y lo mismo ocurre con los titulares de cada sindicato, que son los que avalan la reelección de aquellos, con lo que aplican la vieja regla de “tapaos los unos a los otros”, de manera que cuando alguien se inconforma por considerar que no hubo claridad en la elección o no se tomó en cuenta la opinión de los agremiados, de inmediato exhiben el acta en que los delegados de los obreros así lo decidieron, lo que según la ley es totalmente legal.

Si tanto es su interés por que los servidores públicos y de grandes organizaciones gremiales exterioricen sus actos, qué mejor que ir a la cabeza de esta demanda colectiva, lo que permitirá saber sus entradas económicas y si además de su función sindical tienen otras retribuciones o son socios de alguna firma; en fin, es el momento de dar muestra de su estado financiero, con lo que se podrá convalidar o desechar las hablillas, que ante la opacidad en que siempre han estado, dejan volar la imaginación.

En el fondo, para la mayoría es preferible ser un pobre líder que un líder pobre, sin embargo, lo que no pueden evitar es que los trabajadores no tengan confianza en ellos, porque sospechan de prácticas corruptas a partir de su negativa a transparentar las cuotas y del rechazo oficial de abrir una investigación, lo cual define que los sindicatos tienen una cabeza sin liderazgo y esto empobrece el sindicalismo, lo que lleva a que los derechos laborales sean vulnerados y no haya quien demande un mejor poder adquisitivo, tan deteriorado que apenas alcanza para sobrevivir.

OTRA VEZ TARDE

El Congreso de Aguascalientes podría aprobar extemporáneamente el Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que con o sin su aval la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declarará la validez constitucional durante el curso de esta semana, una vez que ya lo hicieron 17 parlamentos locales.

Con lo anterior se enviará al titular del Poder Ejecutivo para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación y que tenga vigencia plena en los tiempos fijados por el constituyente.

Los diputados locales no pueden alegar falta de tiempo, puesto que ya están en periodo de sesiones ordinarias, pero por alguna razón postergan lo que es una demanda colectiva y que han exigido los mismos partidos que representan, aunque en su descargo es posible que se encuentren distraídos por la Feria Nacional de San Marcos.

Quienes sí cumplieron con su obligación son los legisladores de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Aunque Ricardo Anaya, coordinador de los diputados de Acción Nacional, insiste en que su partido es el más interesado en la aplicación de la Ley de Transparencia, no ha logrado que los estados gobernados por el PAN, como Sonora, Baja California, Puebla y Baja California Sur, ratifiquen el Sistema Anticorrupción, lo que para algunos analistas se debe a que hay gobernadores que no están convencidos de que se ponga lupa al erario federal y estatal y a quienes estén al frente de las instituciones en cada lugar.

De cualquier manera, una vez que se difunda en el Diario Oficial será de observancia obligatoria en las 31 entidades y el Distrito Federal, con lo cual las autoridades federales tendrán la facultad de ordenar la suspensión de actividades de empresas que incurran en actos de corrupción y de aplicar la extinción de dominio para los casos de los bienes adquiridos por enriquecimiento ilícito, además de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en la máxima instancia en materia de justicia a servidores públicos y la Secretaría de la Función Pública (SFP) se consolida.

CANDIDATOS, AHÍ LES HABLAN

En virtud de que tal parece que los candidatos a diputados federales y los miembros de la sociedad hablan lenguajes distintos, el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Roberto Díaz Ruiz, solicitó públicamente que incluyan en sus tareas a cumplir, que el robo a este servicio –trátese de las unidades, de la carga y el secuestro de los operadores– sea tipificado como delito federal.

Aseguró que hace más de 10 años que presentaron la ponencia y han pasado las legislaturas sin que se les dé respuesta, no obstante que más del 80% de la mercancía del país se transporta por carretera, que los hace vulnerables ante las bandas que saben de la laxitud de las leyes, por lo que sin escrúpulo ni temor alguno se dedican a atracarlos.

Díaz Ruiz, en su calidad de líder nacional de la Canacar, dijo que la rapiña a Ferrocarriles sí está considerada como delito federal, aun cuando están en otras condiciones, por lo tanto, exigen que en el caso de los transportistas se acredite como un ataque a las vías generales de comunicación, y el asalto a mano armada, el robo de la mercancía, la privación de libertad de los operadores y el uso de armas prohibidas se tenga como un delito grave y se aplique castigos que se conviertan en disuasivos.

Es un problema que enfrentan ya no sólo en las carreteras, sino en las mismas zonas urbanas, por eso tiene que haber mayor vigilancia en su paso y al mismo tiempo que las penas sean severas, ya que impactan el patrimonio de las empresas y provocan un daño en la distribución de la mercancía.

Pues ahí tienen, candidatos y candidatas, una petición que les hace una organización nacional, que si de verdad va a representar al pueblo, pueden convertirla en ley. Lo que cabe es hacer un seguimiento puntual de la labor que desempeñen quienes formen parte de la próxima Cámara de Diputados.