Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 9-Nov .- La Suprema Corte de Justicia declaró Constitucional el marco legal utilizado por el Gobierno para intervenir la sociedad financiera popular Ficrea, luego del fraude cometido por su dueño Rafael Olvera.
Por unanimidad, la Segunda Sala de la Corte negó hoy un amparo de ahorradores que impugnaron cinco artículos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que establecen la intervención de Sofipos (Sociedad Financiera Popular) en casos de irregularidades, así como el pago de hasta 25 mil Unidades de Inversión (UDIS) a los afectados con recursos de un fondo de protección.
El principal argumento de los quejosos era que se violó su derecho humano de audiencia previa antes de decretar la intervención gerencial, ejecutada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en noviembre de 2014, pero la Corte resolvió que este derecho no aplica en casos de intervenciones.
“La intervención, suspensión de actividades y revocación de la autorización de una sociedad financiera popular, lejos de perjudicar de manera absoluta a los ahorradores, tiene un fin preventivo que salvaguarda los intereses de éstos y busca la estabilidad financiera; de ahí que no exista obligación de otorgar audiencia previa a los ahorradores, pues no se califica como un acto privativo”, se lee en la sentencia.
No corresponde a los ahorradores, se explica, desvirtuar las irregularidades detectadas en la Sofipo, amén que el interventor gerente es designado precisamente para cuidar sus intereses.
La Corte agregó que la ley prevé mecanismos de recuperación, pues además del pago de 25 mil UDIS del fondo, los ahorradores tienen derecho a participar en la liquidación o quiebra de la Sofipo para obtener montos adicionales, aunque este proceso toma varios años.
“No se priva a los ahorradores de la posibilidad de disponer del dinero de su propiedad, pues pese a la suspensión de operaciones e intervención de la sociedad, se reintegran las cantidades depositadas”, señala el fallo del Ministro Fernando Franco.
La Ministra Margarita Luna Ramos se había declarado impedida en agosto pasado para votar este amparo, pues su esposo tenía 1.9 millones de pesos depositados en Ficrea.
El amparo tenía pocas pocas posibilidades de impactar en la situación actual de Ficrea, pues la Sofipo fue declarada en quiebra en octubre de 2015 por un juez federal, que supervisa la liquidación de sus activos para pagar lo más posible a los ahorradores.
De hecho, otro juez había concedido en noviembre de 2015 un amparo afirmando que la CNBV debía indemnizar por su negligencia a un grupo de ahorradores de Ficrea, pero esta sentencia fue revocada por un tribunal colegiado de circuito, precisamente, porque la Sofipo pasó de la situación de intervención gerencial a la de quiebra.