Fernando López Gutiérrez

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En días pasados, en redes sociales y diversos medios electrónicos se difundió un oficio mediante el cual Dulce María Rivas Monroy, Directora General del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), exhortó al personal de dicha dependencia a abstenerse de utilizar las redes sociales para divulgar o respaldar el contenido de mensajes críticos del Gobierno Federal y sus funcionarios.

Dicho acto fue percibido por algunos, como una forma de censura y violación a la libertad de expresión de los funcionarios del ICA. En respuesta a lo anterior, al ser entrevistada por diversos medios, Rivas Monroy negó tales imputaciones, argumentando que el cumplimiento de la instrucción girada no es obligatorio, ni tendrá consecuencia alguna para quienes decidan no atenderla.

No obstante las declaraciones de la funcionaria, la redacción del oficio publicado, en el marco de la estructura de subordinación en que fue emitido, expresa una intención distinta. La afirmación de que la crítica a las instituciones gubernamentales “representa una deslealtad” y el señalamiento de que aquel que la ejerza “no comparte este proyecto de gobierno” constituyen elementos de coacción para la expresión de las opiniones de aquellos que laboran en el ICA.

Ante el carácter general de los conceptos contenidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, resulta poco probable que pueda iniciarse alguna investigación con el objetivo de evaluar las implicaciones de la comunicación emitida por Dulce María Rivas Monroy. Sin embargo, al ser clara la visión de la dirección del ICA respecto a la manifestación de las opiniones de quienes ahí laboran, parece indispensable que la opinión pública dé seguimiento puntual a las destituciones de funcionarios que se hayan realizado o que puedan concretarse durante la gestión de la funcionaria mencionada. Lo anterior, con la finalidad de verificar si, en efecto, dichos casos podrían haberse originado como castigo por el ejercicio de algún derecho.

Sorprende la noción que se expone en el oficio mencionado en torno a las instituciones gubernamentales y la crítica: como si las primeras fueran propiedad de un grupo y la segunda pudiera tener únicamente consecuencias negativas. Si bien —como argumenta la directora del ICA— en diversas ocasiones lo que se expresa en redes sociales no tiene fundamento, pretender sustituir el criterio de un ciudadano para juzgar el carácter de la información, con el exhorto de un superior jerárquico, resulta impermisible en una sociedad que se presta de ser democrática.