Después de la tempestad viene la calma y es justamente en donde se encuentra el mundillo político, una vez que fue ratificado el triunfo del gobernador electo, por lo que ahora las baterías se enfocan en conocer los nombres de sus colaboradores más cercanos.

Es un juego de adivinanzas para en caso de atinarle afirmar que de siempre tuvo la “exclusiva”, cuando lo cierto es que Martín Orozco ha guardado bajo siete llaves las designaciones, por lo que todo lo que se mencione son sólo apreciaciones, de irse por algo lógico al intuir la cercanía que los referidos tienen con él y de su perfil profesional.

Como se mencionó hace unas semanas en este espacio, el próximo mandatario no debe ceder a las presiones de los que se creen con derecho de ser parte de la administración pública, en forma directa o por interpósita persona. Hacerlo sería capitular antes o durante el ejercicio gubernamental, al permitir que quienes no fueron electos pretendan cogobernar bajo el reclamo que como representantes de un sector social deben tener acceso a cargos públicos y al manejo de los recursos.

Este tipo de concesiones fueron un dolor de cabeza en distintas administraciones, la más sonada fue con el tercer alcalde panista que permitió que desde el palacio de junto le enviaran al director de mercados, quien se caracterizó por trabajar “a su manera” al suponer que no dependía del presidente municipal, sin embargo llegó el momento en que no quedó otra salida que dejarlo fuera de la nómina.

El más urgido de una respuesta es el presidente de la Coparmex Aguascalientes, Francisco Ruiz López, que al día siguiente de que el Tribunal Electoral federal convalidó el triunfo de Orozco Sandoval de inmediato hizo público que no se olvidara que ahí están este organismo, con el que supuestamente tiene un compromiso a través de la “agenda ciudadana”.

Exige la creación de un fideicomiso para apoyo a emprendedores y empresas con el 5% de la recaudación obtenida en el Impuesto Sobre la Nómina (que valga citarlo, este tipo de apoyos existe desde hace varias administraciones a través de los fondos y el ISN fue fundado en el pasado sexenio, justamente para eso).

También pide que se aplique el decálogo de transporte digno, que pretende una mejora del servicio de los urbanos, lo que desde la campaña lo tiene en su radar el próximo titular del Poder Ejecutivo y que confirmara hace unas semanas.

La Coparmex reitera que debe aplicarse el Sistema Anticorrupción, lo que no hace falta que lo pida puesto que es parte de una obligación nacional que lleva sus tiempos a nivel legislativo y para que entre en funcionamiento.

En lo que se refiere a la contraloría ciudadana, que, alega, el responsable debe salir de una terna respaldada por el propio organismo empresarial, alguien debería recordarle que no es el único que hay en la entidad, y en todo caso es un cargo que existe desde hace 20 años, que actualmente forma parte de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

El gobernador tiene facultades para designar y remover a los funcionarios que dependen del Poder Ejecutivo, en ninguna parte de la Constitución local establece que debe delegar dichos atributos a cualquier persona o grupo social, ya que en él, exclusivamente él, tiene bajo su responsabilidad los destinos del estado, por consiguiente no es dable que comparta el poder.

Cada sector quisiera meter mano en las designaciones, pero si algo falla o el susodicho sale con su domingo siete, el nombramiento y lo sucedido se le cargará sólo al mandatario, de ahí que no tiene que conceder privilegios que luego le salgan costosos.

VAIVÉN PARTIDISTA

Las discrepancias que hay al interior de los partidos acaparan, en algunos casos, la atención de los ciudadanos, principalmente cuando se trata de panistas y priístas, pero en todas partes se cuecen habas y la mejor prueba están en Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Morena.

A menos de tres semanas que termine su comisión, los dos diputados de Nueva Alianza, Juana Alicia Espinosa de los Monteros Ortiz y Salvador Dávila Montoya, están enfrentados con el presidente del comité estatal, Elías Ruvalcaba de la Rosa.

El dirigente los “balconeó”, al deslindarse del voto que emitieron el miércoles sobre la permanencia del fuero constitucional, que a decir de Ruvalcaba, el Panal ha estado a favor de la eliminación, por lo que hizo público su rechazo a la actitud asumida por ambos legisladores que “prefirieron omitir los lineamientos del instituto al que representan”.

En un desplegado los acusó de que con su actitud “dejan entrever que sus intereses no son los mismos a los del partido político que los llevó al lugar donde se encuentran en este momento”, además de que la exigencia ciudadana para avanzar contra la corrupción, “simplemente se hizo a un lado por beneficios de estos legisladores”.

Aunque Elías Ruvalcaba no menciona que vayan a pedírseles su renuncia al partido, o que puedan ser expulsados, es un hecho que existe un rompimiento con ellos, lo que deja en una posición difícil principalmente a Juana Alicia Espinosa de los Monteros, que una vez que el 15 de noviembre amanezca sin fuero se le exigirá que rinda cuentas a la Sección Uno del SNTE, aunque cabe señalar que existe el propósito – no declarado – de echarle tierra desde el Comité Ejecutivo Nacional, no sólo a este asunto sino a otros que hay en diferentes secciones.

Por su parte, Movimiento Ciudadano anunció la mayor “purga” en sus filas, al citar su presidente Raúl Martínez Delgadillo, que eliminará a “paracaidistas” y “fantasmas” que aparecen en la nómina, aunque tiene visos de cobro de cuentas en contra del ex líder Vicente Pérez Almanza, que fue desbancado en no muy buenos términos.

De acuerdo a la información que proporcionó, son más de 100 los que “cobran sin trabajar”, de manera inicial anunció que dejaría cesantes a 35 trabajadores que dependen directamente del organismo para contratar personal nuevo, lo que es la reedición de lo vivido hace varios años cuando un grupo de ex priístas se apropiaron del entonces Partido Convergencia y lo primero que hicieron fue despedir a todos los empleados, hecho que motivó una demanda laboral que duró varios años para que pagaran la liquidación ya que cambiaban de domicilio para evadir la orden del juzgado.

Para darle visos de legalidad, Martínez aseguró que de 18 mil registros de militantes y simpatizantes, se pretende “limpiar” la lista, para ello los buscarán uno por uno para saber si continúan dentro de la formación o se les tiene que dar de baja, lo que en términos reales no hace falta que lo haga, bastaría que convocara a una reafiliación.

En el PRD, que cada semana se dan golpes de pecho al afirmar que ellos no son iguales a “esos” que están en otros partidos, siguen entrampados en las tribus, que con o sin razón buscan la manera de influir en las decisiones y claro, quedarse con la mayor tajada, como ocurrió en las recientes elecciones donde la repartición de las principales candidaturas fueron para fraternos y amigos, que repite una práctica que viene desde sus orígenes, hace 25 años, cuando una sola familia tuvo la dirigencia, regidorías, senadurías y diputaciones locales y federales.

Por lo que se refiere a Morena, el cacicazgo vecino les cayó encima, quedándose con lo que otros sembraron desde 2006, por lo que podría vivirse algo similar cuando envíen a hijos o sobrinos para que vengan a cumplir las encomiendas, con lo que ampliarán su radio de acción.