Leticia Acuña Medina

Como Hacienda ve con lupa toda la actividad económica, hay quienes prefieren exagerar en la declaración de impuestos; el consultor fiscal Raúl García Hernández, ejemplificó el caso de los notarios que no están obligados a retener el ISR, y lo hacen como prevención, ya que nadie quiere problemas con Hacienda.
Reconoció el malestar social que existe, porque en las operaciones de compra venta de inmuebles, los interesados no tienen la libertad de determinar el valor de los inmuebles, de conformidad con la oferta y la demanda y las circunstancias de las partes.
Ello, por las regulaciones fiscales, una municipal y otra federal, que establecen la obligación de acudir a valuadores para “certificar” el valor de la operación.
En el caso de la regulación municipal, el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISABI) establece que tanto las personas físicas como las morales en el caso de adquisiciones de inmuebles, deberán cubrir el impuesto a una tasa del 2% sobre el valor de la operación o sobre el valor del avalúo practicado, el que sea mayor.
El contador observó que la disposición jurídica establece una presunción legal en la cual aún y cuando el valor de la operación se haya pactado en un monto distinto, la base para el tributo será el avalúo, cuando éste sea mayor, lo que pone de manifiesto el afán recaudatorio.
En el ámbito federal, la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que la base del tributo será el valor de la operación pactada entre los particulares, en el entendido de que las autoridades federales tienen la facultad de tomar en cuenta los avalúos que los particulares hayan solicitado y hayan sido llevados a cabo por corredores públicos titulados o instituciones de crédito acreditados por las autoridades fiscales.
En el supuesto de que, entre el valor de avalúo y el valor de la operación exista una diferencia superior al 10% sobre el valor pactado, el importe de la diferencia se presumirá como una ganancia para el adquirente sujeta al pago del impuesto y que en la práctica es objeto de una retención por parte de los notarios en un 20% sobre la ganancia mencionada.
García Hernández considera que existe una interpretación imprecisa a la regulación federal, ya que el supuesto jurídico de una ganancia “ficta” no se puede configurar.
Es también imprecisa la interpretación que se ha dado a la norma que impone la obligación a los notarios públicos de retener el impuesto a una tasa del 20% en los casos en que el valor del bien haya sido determinado mediante avalúo, y el valor de la operación sea menor, sin embargo, como la disposición es bastante compleja y ante la andanada de regulaciones que las autoridades fiscales han impuesto a los fedatarios, éstos prefieren efectuar la retención y evitar contingencias-aclaraciones.
Finalmente, el especialista resaltó que en este caso, el impuesto lo causa quien adquiere el bien.