La Sala Electoral impuso una multa económica de 182 mil 380 pesos al partido Movimiento Ciudadano por difundir propaganda política electoral considerada como calumniosa en contra del Partido Acción Nacional, por la colocación de un anuncio publicitario en el que figura el logotipo del blanquiazul, junto con la palabra “moches”.

Previamente, el Instituto Estatal Electoral ordenó como medida cautelar su retiro, mediante el acuerdo CG-R-58/16 y se comunicó de ello a la empresa responsable.

El magistrado Rigoberto Alonso Delgado fundamentó que la calumnia no sólo atenta contra personas físicas, sino también las morales, de ahí que la querella presentada por el partido blanquiazul en calidad de persona jurídica es razonada.

Asimismo, consideró la importancia de suprimir este tipo de conductas al advertirse que la entidad no se caracteriza por este tipo de propaganda, la cual debe inhibirse.

La infracción deriva del procedimiento especial sancionador presentado ante el Instituto Estatal Electoral por el Partido Acción Nacional al considerar que se trata de propaganda negra y calumniosa, al relacionar el uso de colores e imágenes con el logotipo de éste partido, ya que es azul el color oficial del logotipo del partido denunciante, utilizando ese color con la combinación de la palabra “MOCHES”, que corresponde a una expresión que coloquialmente se utiliza con el sinónimo de compartir algo con el fin de conseguir la complicidad, en algo no legal, en la obtención de un provecho de manera ilegal.

La sentencia establece que la actuación así como la responsabilidad de MOVIMIENTO CIUDADANO es grave, ya que está afectando a otro partido político pretendiendo obtener un beneficio al posicionarse sobre aquel ante la ciudadanía, utilizando un medio de difusión que tiene amplio auditorio, por el lugar donde fue colocado, ya que la Avenida Universidad tiene una gran afluencia de vehículos.

Dentro del resolutivo se impone una multa de dos mil cuatrocientos noventa y siete punto cinco días de salario mínimo general vigente en el estado, la cual deberá ser deducida de sus ministraciones de gasto ordinario en forma prorrateada que queden pendientes de entregar en el año en curso por el Instituto Estatal Electoral.