El destino incorrecto que se le ha dado al listado de electores, al caer en manos de organismos de difusión masiva que podía ser consultado y aprovechado por cualquier persona en México o el extranjero, obligó a la investigación de los diferentes órdenes de autoridad para poner en claro y conocer quién proporcionó esa información y para qué fines.

En las dos ocasiones que ocurrieron hubo amplias intervenciones en las cámaras de Diputados y Senadores y en casi todos los partidos políticos, exigiendo que se castigara con rigor la filtración (algo que no ha sucedido), ya que ponía en peligro los datos personales de los ciudadanos.

En cambio, hoy que el Instituto Nacional de la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordena a la Secretaría de Educación Pública (SEP) dar a conocer los resultados logrados por los docentes de educación básica y media superior, así como del personal con funciones de dirección de educación básica, en la evaluación del desempeño docente 2015-2016, nadie levanta la voz.

Los senadores y diputados están más enfocados en salvar el derecho de mantener en sigilo sus datos que obligaría la ley 3de3, como para preocuparse que las referencias de los mentores estén en manos de alguien sin que se sepa cuál es el fin que tengan, y menos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha ejercido la defensa de sus representados.

El INAI dispuso que dentro de la información que entregue la SEP, deberá especificar el nombre del docente, RFC, CURP, clave de la plaza, nivel y modalidad educativa y centro de trabajo de adscripción con clave en turno, de igual manera los puntajes que obtuvo en los cinco instrumentos de evaluación, el resultado global, el grupo de desempeño (insuficiente, bueno o destacado) y la fecha en que presentó cada instrumento.

Con lo anterior el organismo da respuesta a un ciudadano que solicitó esa información y presentó un recurso de revisión ante el Instituto, porque la Secretaría de Educación Pública entregó los vínculos electrónicos para consultar los resultados, clasificando como “confidenciales” nombre, RFC y CURP de los evaluados.

El quejoso argumentó que la información es de interés y relevancia pública, ya que se refiere a aptitudes de las personas responsables de hacer efectivo el derecho humano a la educación de calidad. Por su parte la SEP respondió que hacer del conocimiento de la sociedad el nombre de los docentes y directivos evaluados, así como sus resultados representaría un claro perjuicio en su ámbito privado.

Según el comisionado del IFAI Fernando Javier Acuña, es de mayor importancia dar a conocer los resultados de las evaluaciones a que son sometidos los profesores y personal en funciones de dirección, además “ninguno de estos profesores fue adscrito por la fuerza cuando decidió, en el ejercicio de sus derechos fundamentales, dedicarse al muy noble oficio de la enseñanza”.

Es obvio que cada quien escoge la profesión que más le atrae y que nadie lo hace a la fuerza, sin embargo el hecho de incluir datos personales motiva a pensar del uso que pueda dársele, además que si se aplica la regla del comisionado entonces deberá exigir, sin mayor trámite, que senadores y diputados difundan la información que rechazan hacer, ya que ellos no fueron obligados a estar en el Congreso de la Unión.

Bajo este marco cabría preguntar ¿porqué las diferencias de criterios, o acaso sólo unos están obligados y otros son cobijados con el manto de las leyes que ellos hacen?

En lo que se refiere al SNTE guarda silencio como si el asunto no fuera de su competencia, cuando es su deber exigir, más que dar una opinión, que se entienda lo que son datos de interés general y los datos de carácter privado.

SUEÑOS ALDEANOS

En tiempos de austeridad no hay misericordia, por lo que esperar que la solución de los problemas venga de fuera es creer que una estrella fugaz cumplirá los deseos, situación aplicable a los presidentes municipales emanados del Partido Acción Nacional, que acordaron “pelear” para que el gobierno federal aumente los apoyos.

Deberían tomar en cuenta que tan sólo en el presente año van dos recortes al presupuesto nacional, el más reciente en junio pasado por 31 mil millones de pesos, por lo que difícilmente habrá mayores recursos para los ayuntamientos, que al igual que los demás órdenes de la administración pública pasan apuros para salir adelante con los programas, pero la cobija no da para más.

El presidente de Aguascalientes, Juan Antonio Martín del Campo, detalló los acuerdos que hubo en la 38 sesión ordinaria del comité ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldes, principalmente que juntos van a impulsar la obtención de mayores participaciones federales.

Fundamentan su deseo en que “son los ayuntamientos las instituciones gubernamentales de mayor contacto con la ciudadanía y encargada de brindar servicios públicos que cumplan con las necesidades de la sociedad”.

Aprovecharon una vieja demanda para que el reparto de la canasta hacendaria sea más equitativo, al recordar Martín del Campo que del ingreso federal sólo el 4% llega a los municipios, por lo que piden que suba a 20% y un porcentaje igual a los estados (actualmente es de 16%), mientras que la Federación utilice el 60% restante. El incremento podría ser gradual con 1% cada año, hasta alcanzar ese objetivo, esto es, en un plazo de 16 años en el caso de los ediles y de cuatro años de los gobernadores.

Las razones para replantear la demanda están en que “hay municipios que están en quiebra, no tienen margen de operatividad, la primera instancia de gobierno de acercamiento con la gente es el municipio y tenemos que ir hacia su fortalecimiento”, dijo.

También trajo a colación otro antiguo argumento, de que las dependencias federales no pagan el predial, por lo que deben hacerlo por los inmuebles que tienen en propiedad y que de lograrse fortalecerían las finanzas municipales.

Por último mencionó que de lo que tienen previsto en el presupuesto federal que no les quite, que si la Cámara de Diputados ya lo autorizó deben respetar las cantidades, “no que con la mano en la cintura te quitan los recursos, si no te van a dar más, mínimo que ya no te quiten, (y menos) cuando hay municipios que cumplimos con la normatividad, que no nos castiguen”.

Pueden ser válidas todos las explicaciones, sólo que el horno no está para bollos y menos con el impacto que tiene las finanzas del país con la baja del precio del petróleo y los vaivenes del peso-dólar, por lo que en lo que resta de la actual administración federal no deben esperar alguna modificación en la distribución de los ingresos, lo que obliga a los ayuntamientos a trabajar con los recursos que dispongan olvidándose de obras y programas de relumbrón y de gastos personales de los funcionarios.

DIFERENCIA DE PRECIOS

Ayer, con motivo de los festejos por el Día de la Independencia en Estados Unidos, hubo un aumento de viajeros gracias a que se redujo el precio de la gasolina, lo que motivó mayores ingresos a gasolineras y la industria turística, mientras que en México se aplicó el pasado uno de julio un incremento a todos los carburantes, hecho que mantiene irritados a millones de habitantes que por necesidad tiene que adquirirlos y lo mismo ocurre con el costo de la electricidad. La política de precios del gobierno federal nadie la entiende, por lo que a la par que estas medidas provoca mayor inflación y por lo mismo el dinero vale menos, los salarios no incrementan su poder adquisitivo. Mientras que no se ofrezca una explicación lo suficientemente creíble continuará creciendo la impaciencia social.