Fernando López Gutiérrez

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Juan Ernesto Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló públicamente que el gobierno de México rechazó su solicitud de realizar una visita de trabajo antes de octubre del presente año, mes en el cual termina su responsabilidad en este cargo. Aunque las autoridades mexicanas no se han pronunciado de manera formal sobre el tema, el Relator dio a conocer que la explicación que recibió fue que no era posible atenderlo por cuestiones de agenda.

El antecedente de la relación entre las autoridades mexicanas y el Relator Especial es un diferendo respecto al informe que éste dio a conocer en marzo de 2015, en el cual señala que “en México existe una práctica generalizada de la tortura, en un contexto de impunidad, que involucra a todas las fuerzas del orden”.[1] Después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazara estas afirmaciones —y que el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de dicha dependencia alegara irresponsabilidad y falta de ética por parte de Méndez— se anunció que las disconformidades sobre el tema habían concluido. No obstante, las declaraciones del Relator Especial dan cuenta de lo contrario, y sorprende la manera absurda en que el asunto ha sido tratado por parte del gobierno mexicano.

Argumentar falta de disponibilidad en la agenda para una solicitud de visita realizada desde hace casi un año, por parte de un representante de la ONU, en un tema de relevancia para la protección de los Derechos Humanos, implica negarse a cooperar en el marco de los mecanismos internacionales suscritos por México en la materia. Es importante recordar que, desde 2001, nuestro país cursó una invitación permanente a todos los procedimientos especiales realizados por la ONU en dicho rubro; lo cual implica su disposición para aceptar en cualquier momento solicitudes de visita.

Este nuevo incidente se suma al rechazo que nuestro país expresó a los señalamientos realizados por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas y a múltiples observaciones y denuncias llevadas a cabo por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. Es indudable que transformar aspectos de tanta complejidad requiere de tiempo, recursos y esfuerzos, pues los retos son enormes; sin embargo, la postura intolerante y carente de tacto que han mostrado nuestras autoridades exhibe su incapacidad para proteger los Derechos Humanos y la falta de habilidad para mantener relaciones diplomáticas de altura con organismos internacionales, así como la carencia de voluntad para asumir las responsabilidades que contrae al suscribir mecanismos internacionales diversos.

Se presume que, ante el rechazo de la visita del Relator Especial saliente, la apuesta sea obtener una opinión distinta sobre el tema de tortura por parte del que ocupará su lugar. Pocas son las expectativas que podemos generar al respecto, por lo que, aún como estrategia, aplazar un informe desfavorable para recibirlo después por parte de un nuevo representante de la ONU resulta absurdo.

 

[1]http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/en/comunicados/5879-176