Por: José Carlos Romo Romo

Estimado lector, prácticamente desde el año 1997, en el que se experimentó por primera vez en México el denominado “gobierno dividido”, el tema de la “representación proporcional” en el Poder Legislativo Federal se ha cuestionando severamente en cuanto a su justificación y necesidad. A partir de entonces, el Presidente de la República en turno no ha tenido el control mayoritario de las dos Cámaras del Congreso de la Unión y prácticamente todas las expresiones políticas del país han tenido representación en el parlamento mexicano.

La semana pasada, los Senadores del Partido Revolucionario Institucional presentaron una iniciativa de reforma constitucional con la que se plantea suprimir 100 curules en la Cámara de Diputados y 32 escaños en la de Senadores, todos ellos dentro del principio de la “representación proporcional”. Los argumentos para motivar esta medida son principalmente económicos (ahorros financieros) y políticos (facilitar el debate parlamentario, los acuerdos políticos y la toma de decisiones legislativas).

Analicemos este tema, en primer lugar, desde sus antecedentes. La historia de los legisladores “plurinominales” se remonta al año 1977, aunque desde la reforma constitucional de 1963 ya existían los denominados “Diputados de Partido”, los cuales se asignaban a todo partido que obtuviera, al menos, un 2.5% de la votación nacional (5 Diputados de inicio y uno más por cada 0.5% adicional de la votación hasta llegar a un máximo de 20 curules por esta vía).

Pero es hasta 1977 que se incorpora el principio de la “representación proporcional” en el texto constitucional, al dividir al país en 5 circunscripciones electorales, para de ellas elegir a 100 Diputados plurinominales (20 por circunscripción), los cuales se incrementarían a 200 en el año 1986 (40 por circunscripción). El umbral mínimo de votación era entonces del 1.5% para acceder a estas diputaciones, aumentándose al 2.0% a partir de 1996.

Actualmente y tomando en cuenta la reforma político-electoral del año pasado, se mantienen los 200 Diputados plurinominales electos mediante las 5 circunscripciones electorales ya comentadas, pero la votación mínima requerida para tener derecho a la “representación proporcional” se incrementa al 3.0% y se vuelve a topar en 300 el número máximo de Diputados de un mismo Partido por Legislatura, como está desde 1996.

En el caso del Senado de la República, este principio se instaura a partir de la reforma constitucional de 1996, dando como resultado la incorporación de 32 Senadores plurinominales, sacrificándose un Senador de mayoría relativa por cada entidad federativa y así conservar el número total de 128 escaños, los que se mantienen hasta nuestros días. La elección de estos Senadores de “representación proporcional” se da desde entonces y hasta la fecha a través de una sola circunscripción (lista) nacional plurinominal.

Ahora abordemos el tema desde el punto de vista financiero. Según el portal de transparencia de la Cámara de Diputados, cada legislador recibe una dieta neta mensual de $73,910, más dos apoyos económicos, uno de $45,786 por concepto de asistencia legislativa y otro por $28,772 para atención ciudadana, dándonos un total de percepciones mensuales de $148,468 por Diputado. Esa cantidad multiplicada por los 36 meses que dura una Legislatura y, a su vez, por los 100 Diputados que se pretenden suprimir, nos daría un ahorro económico total de $534,484,800 por Legislatura, tomando en cuenta solamente estos tres rubros de gasto por Diputado.

En lo que corresponde al Senado de la República, según el Manual de Percepciones de esta Cámara, la dieta neta mensual de cada Senador es de $117,500, sin especificarse los montos de los apoyos económicos para asistencia legislativa y atención ciudadana. Tomando en consideración exclusivamente esa cantidad, al multiplicarla por los 72 meses del periodo constitucional del Senado y, a su vez, por los 32 Senadores de los que se pretende prescindir, hablaríamos de un ahorro económico total de $270,720,000 por cada par de Legislaturas.

Todo lo anterior, sin contabilizar los aguinaldos de los legisladores federales u otras prestaciones que reciben como vuelos de avión, casetas de peaje, gasolina, viáticos para alimentos y hospedaje, vales de despensa, etc.

Finalmente, toquemos el punto relativo a la necesidad actual del principio de la “representación proporcional” en el Congreso de la Unión. En el momento de su inclusión al sistema político mexicano, la línea argumentativa principal de su justificación apuntaba a permitir la presencia y participación de las fuerzas políticas minoritarias en el Poder Legislativo Federal y así garantizar la manifestación plural de las ideas en el mismo, a decir del Maestro Jorge Carpizo McGregor.

En la actual LXIII Legislatura, solamente el Partido Encuentro Social no tiene Diputados de “mayoría relativa”, mientras que el Partido Nueva Alianza no cuenta con Senadores por este principio ni por el de “primera minoría”. Eso quiere decir que los otros siete partidos políticos nacionales (incluyendo al aparente extinto Partido del Trabajo) fueron capaces, ya sea en 2012 o en 2015, según sea el caso, de triunfar en elecciones distritales (Diputados) o estatales (Senadores) y así ganarse sus lugares en el Congreso de la Unión.

Con estos datos y reflexiones compartidas, Usted tiene mayores elementos para estar a favor o en contra de esta iniciativa, la cual permitiría adelgazar considerablemente la nómina de nuestro Congreso Federal.

Como es costumbre, agradezco el favor de su lectura y atención. Lo espero, una vez más, el próximo sábado.

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