Entre los objetivos de mayor importancia en los distintos niveles de la administración pública está dotar a los habitantes de los elementos necesarios para asegurarles mejores condiciones de vida, de lo que hoy se dan pasos firmes en Aguascalientes al reducirse los niveles de desempleo y pobreza extrema, dos factores medulares que permitan alcanzar esas metas.
Un elemento va asociado con el otro, por lo que el esfuerzo que hacen sociedad y autoridades, de impulsar la inserción de quienes se encuentran en condiciones desfavorables, dan resultados y que será mayor si se mantiene la misma intensidad.
Tras que instancias nacionales dieron a conocer los datos, el gobernador José Carlos Lozano de la Torre asentó que se redoblarán las acciones para que al final de su gestión el mayor número posible de individuos y familias estén dentro de los programas públicos y privados.
De acuerdo al informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), mientras que a nivel nacional aumentó la pobreza multidimensional extrema, en esta entidad decreció, en dos años, de 42 mil a 26 mil 700 personas, lo que significa el 36.4%, por lo que Aguascalientes ocupa el segundo lugar con menos pobreza extrema.
Asimismo, se tiene 6 mil 800 personas con carencia alimentaria y de éstas, 4 mil 800 radican en la ciudad capital, por lo tanto el reto es trabajar fuertemente para ofrecerles opciones de crecimiento personal y familiar y que se logrará con la participación de las dependencia federales, estatales y municipales.
En cuanto a los puestos de trabajo, la reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que levantó el Inegi, presentó un saldo favorable para el estado, al destacar que la tasa de desocupación se fijó en 4.3% durante junio, menor a la media nacional que fue de 4.4%, por lo que pasó de 5.7 a 4.3%, colocándose como la segunda entidad con mayor mejoría en el país en un año, lo que para el gobernador Lozano de la Torre es sumamente significativo y que obliga a renovar energías para que Aguascalientes continúe ofreciendo opciones de crecimiento.
En ambos casos, al bajar el nivel de desempleo y pobreza extrema revela que aquí existe una suma de voluntades y la conjunción de caracteres y es resultado de cuatro años muy eficaces, apuntó el mandatario estatal, “sólo basta recordar cómo recibimos el estado, cómo estaba prácticamente en los últimos lugares en todos los indicadores, y como ejemplo sólo hay que recordar que en diciembre de 2010 (cuando tomó posesión) esta misma tasa (de desempleo) estaba en 6.95 debido a la irresponsabilidad de administraciones pasadas”.
Sostuvo que para cambiar la situación “nos ha costado mucho trabajo levantar al estado y recuperar los lugares que por naturaleza le corresponden a una entidad trabajadora. Es muy importante que todos recordemos esto siempre para no volver a cometer los errores que tanto lastimaron a la ciudadanía”.
En el mismo sentido, dijo que la información sobre un menor porcentaje en pobreza extrema es alentadora, por lo que tiene que seguirse trabajando en el diseño y ejecución de estrategias y acciones para fortalecer todos los rubros que tienen relación con las condiciones de vida de los aguascalentenses.

ENTREMÉS POLÍTICO

Las chicas y los chicos que ofician en el Congreso del Estado ensayan el papel que tendrán en el proceso electoral del año próximo, para ello demuestran su calidad de tribunos, de conocedores profundos de las leyes y de hacer valer posturas y acometer contra aquellos que se interponen en su camino.
Cualquier pretexto, por baladí que sea, es aprovechado para ir – lanza en ristre – tras de aquel que se atreva a oponerse a su punto de vista, lo que se vivió los últimos días durante el debate para designar al fiscal electoral
Como ha ocurrido a lo largo de esta Legislatura, azules y rojos se enfrascan en discusiones bizantinas al tratar de hacer valer su voluntad, lo que en la etapa actual adquiere una connotación particular ya que se está en los umbrales del año político en que ambos quieren la mayor rebanada del pastel.
A nivel nacional y local los partidos se entremeten en las actividades de los legisladores, que prácticamente los reducen al nivel de bedeles y al ser simples asistentes cumplen el rol que les encomiendan de aprobar o rechazar las iniciativas.
Antes de que se discutiera en el pleno el nombramiento del celador en delitos electorales, el presidente estatal del PAN, Paulo Martínez, anunció que impugnaría a tres de los cinco aspirantes por “poner en entredicho el proceso de elección si se opta por uno de estos en el cargo”, al asegurar que están registrados como militantes del Partido Revolucionario Institucional.
En cumplimiento a las órdenes que recibieron, durante la sesión que tuvo lugar el jueves pasado en que sólo quedaban tres finalistas, los diputados de Acción Nacional repitieron lo que dijo su dirigente, hecho que motivó un debate innecesario con los priístas y que concluyó con la postergación de la designación.
Si se va al fondo del asunto la realidad es que quien quede como fiscal, sea priísta, panista, perredista o de cualquier otra filiación política, inclusive de alguna confesión o irreligioso, para el caso es lo mismo, porque llegado el día y que esté a favor o en contra de algún candidato o partido, quien se sientan afectado en sus derechos recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que será el que diga la última palabra, de manera que las decisiones locales no son absolutas sino sujetas a un mandato superior, por consiguiente para qué tanto grito si el filtro está en Monterrey.

ESTIRAN LA LIGA

El presidente municipal Juan Antonio Martín del Campo sabe que no va a ser una tarea fácil doblegar a la concesionaria del agua potable, sin embargo se juega su capital político en aras de someter a una empresa que ha logrado mantener a raya a todos los alcaldes, desde 1994 a la fecha.
Esta es la primera vez que un titular del Ayuntamiento se enfrenta a la poderosa firma francomexicana, al señalar que no permitirá que suba las tarifas para compensar las supuestas pérdidas que tendría con los usuarios que no pagan el servicio y que por ley no se les puede suspender, aunque sólo reciban el mínimo del líquido.
Humberto Blancarte Alvarado, gerente de Proactiva de Aguascalientes (CAASA), advirtió el jueves pasado que los cumplidos tendrían que pagar más, una vez que los morosos no lo hagan, ajuste a las tarifas que se hace necesario para compensar las pérdidas que obliga cumplir las reformas a la ley.
Sin ambages, el titular local de la firma dijo que no es tanto la quiebra de CAASA, “pero sí el detrimento del servicio que estamos tratando de prestar, porque en los últimos años hemos realizado inversiones y acciones importantes, estamos a punto de culminar un proyecto que nos va a llevar a servicios de 24 horas y a presiones de un kilo”, lo cual, afirmó, “se pone en riesgo cuando no tienes los recursos financieros adecuados”.
La respuesta fue inmediata por parte del Presidente Municipal, al aludir que “se le ha consecuentado mucho a CAASA, y el aumento a tarifas en el servicio para otorgar el vital líquido a las familias no será permitido”.

NI UN PASO ATRÁS

Aunque no está dicha la última palabra, porque esto apenas comienza, las acciones que aplicó el gobierno de Oaxaca para recuperar el control de la educación, cuentan con todo el apoyo de la federación, que coadyuvará en las tareas que sean necesarias para que se respeten los derechos de los alumnos y los laborales del profesorado.
Seguramente que vendrán semanas y hasta meses de rebeldía de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pero la decisión está tomada y no habrá marcha atrás, aun cuando sea una etapa de desgaste político por las implicaciones que tiene esta medida.
Luego de destacar la importancia de los procedimientos legales que llevó a cabo el gobernador Gabino Cué, al decretar la reestructuración del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), el presidente Enrique Peña Nieto señaló que la Reforma Educativa respeta los derechos de los maestros, al mismo tiempo, ellos deben sujetarse al mandamiento constitucional de someterse a una evaluación sistemática, escalonada, que permita actualizar sus conocimientos.
Por eso, apuntó, “el gobierno apoya en todo y de forma absoluta la decisión tomada el martes por las autoridades de Oaxaca, para llevar a cabo la Reforma Educativa”; al mismo tiempo, reconoció que “donde mayor resistencia había, había que hacer los cambios jurídicos necesarios para asegurar que la Reforma Educativa llegue realmente a quien la necesita, a quienes son objeto de esta reforma: las nuevas generaciones”.
Aunque se percibía que “algo” se preparaba, se consideró que irían primero en contra de los líderes de la Sección 22 de la CNTE, pero de manera sorpresiva el gobernador Cué emitió un decreto el martes 21 de julio, que le quitaba el poder a la representación sindical del IEEPO, lo que dio paso a insertar al estado en la Reforma Educativa.
Como es del conocimiento público, el sindicato tenía la facultad de nombrar y quitar mandos educativos y supervisores escolares, de aprobar y negar nombramientos de directores y maestros, e incluso autorizar el ingreso a los solicitantes de una plaza.
En un mensaje que leyó en presencia del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, el gobernante oaxaqueño manifestó que “a través de este acto trascendental por su proyección histórica, auspiciado por el imperio de la ley y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, vamos a recobrar y fortalecer la rectoría educativa en el estado, para bien del pueblo de Oaxaca”, para ello se reforma la institución que termine con las prácticas perjudiciales que fomentó la CNTE mediante los mandos del IEEPO.
Gabino Cué recalcó que con esta medida surge “un organismo educativo humanista y justo, donde todos los trabajadores tengan las mismas oportunidades de superación profesional, movilidad laboral, basados en el mérito docente y desempeño administrativo”.
Desde 1992, el sindicato dictaba las políticas educativas y el manejo laboral del magisterio, por lo que sólo con su autorización se podían hacer nombramientos en el IEEPO y en caso de no ser así, ejercía presión hasta lograr la destitución; los cambios de adscripción se daban discrecionalmente por parte de la Sección 22, a cambio de favores políticos y económicos, requiriéndose la aprobación de al menos dos delegaciones sindicales; los miembros del sindicato tenían injerencia en cambios docentes y administrativos, como registros, certificaciones, procesos de titulación, solicitudes de becas y materiales, entre otros; asimismo, el ingreso, promoción y permanencia en el magisterio estatal estaba supeditado a la participación de los docentes en marchas, bloqueos y plantones, por lo que los beneficios laborales se encontraban atados a lo que hicieran en las calles.
Con el decreto vienen cambios sustantivos, entre otros que la evaluación de desempeño y el nombramiento de los directivos del IEEPO los hará la Junta de Gobierno; los cambios de adscripción se otorgarán bajo procesos administrativos determinados en la ley y basados en las necesidades educativas; los procesos administrativos serán regulados por la normatividad vigente y sin vinculación a la Sección 22, y el ingreso, promoción y permanencia en el magisterio estarán sujetos a los procesos de evaluación definidos en la ley, otorgándose los beneficios laborales que se consigan en las aulas.
El presidente Peña Nieto, en el encuentro con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, mencionó que la Reforma Educativa era necesaria, “había que transformar el modelo educativo, y por eso éste es un gobierno que está empeñado en un objetivo fundamental: asegurar que todos esos cambios estructurales se traduzcan en beneficio para la sociedad”.
Ante los hechos vividos, la reacción de la CNTE fue la esperada. El secretario general de la Sección 22, Rubén Núñez, dejó en claro que no van a ceder sus espacios de control dentro del IEEPO: “Todos los espacios que hemos ganado, ningún espacio vamos a permitir que se nos arrebate sólo por imposición, por el contrario, tenemos que seguir sosteniendo nuestros acuerdos”.
Advirtió que los 35 años de lucha del magisterio oaxaqueño no pueden acabarse por una decisión de los gobiernos federal y estatal; “nosotros seguiremos en resistencia, el movimiento magisterial tiene inteligencia para poder definir a través de nuestra estructura, de nuestras asambleas estatal y de consulta a nuestras bases, los acuerdos bajo los cuales tengamos que organizarnos”; serán pues, los miembros de la CNTE los que definan las acciones a tomar frente a lo que calificó de “actitud represiva” de las autoridades, aunque por otra parte, adelantándose a lo que puede ocurrir, el dirigente interpuso un juicio de amparo ante un juez federal en contra de cualquier orden de localización, presentación o aprehensión girada en su contra, tanto por la Procuraduría de Justicia de Oaxaca como por la Procuraduría General de la República (PGR).

OPORTUNISMO POLÍTICO

Mediante un video, subido a su cuenta de Facebook, Andrés Manuel López Obrador ofreció su apoyo al magisterio disidente y propuso una alianza electoral entre su partido Movimiento Nacional de Regeneración Nacional (Morena) y la CNTE, con miras a las próximas elecciones.
“Aprovecho para mandarles un saludo de solidaridad. Quiero hablar con ellos, quiero hablar con la directiva, estoy solicitando una audiencia, un encuentro con los dirigentes. Creo que podemos llegar a un acuerdo para echar andar una alianza, con miras a las elecciones para revertir todas estas acciones. Sí se puede establecer un gobierno del pueblo y para el pueblo. De esto quiero hablar con los maestros, y cuidado con las trampas de la violencia. Sí se puede triunfar por la vía pacífica”.
López Obrador aprovechó para reprochar la actitud de Cué, por haber claudicado ante las presiones del gobierno federal. “Es lamentable que Gabino, el gobernador de Oaxaca, haya claudicado, haya seguido y dado el paso a quienes han venido insistiendo en golpear al magisterio democrático. Lo lamento mucho, tan bien que iba, no estaba cayendo en provocaciones. Le estaban pidiendo que optara por la mano dura, por el uso de la fuerza, olvidándose lo que decía Juárez: Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, cayó en la provocación.”

PIFIAS IRRITANTES

Es difícil precisar quién acuñó aquello que en las cárceles hay un gran número de inocentes y pobres y en las calles campean los culpables, pero quien lo haya dicho no andaba errado, es algo que se comprueba cuando se conocen de casos que ni siquiera merecen un “usted disculpe” a los que pasaron un tiempo tras las rejas, que les destrozaron su vida, su honor, perdieron su trabajo y muchas veces a la familia y deja la prisión sin tener una idea fija de lo que va a hacer.
El caso más reciente fue el de Lorena González Hernández, excomandante de la Policía Federal, acusada de participar en el secuestro y asesinato de Fernando Martí en 2008, aprehendida el 6 de septiembre de ese año, mientras trabajaba en sus oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
El sábado 18 de julio pasado, el juez 32 penal del Reclusorio Preventivo Sur, Jesús Ubaldo López, decretó su libertad por “insuficiencia probatoria”, lo que la hoy liberada consideró que “todo (el caso) era un armado, desde el nombre de una banda, desde las personas, mi apodo, toda fue una orquesta maléfica”.
En aquel momento, el procurador de Justicia del Distrito Federal era el actual jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien se limitó a señalar que la liberación de la excomandante se debió a la falta de pruebas plenas y que hoy se aplican ante el nuevo sistema de justicia, que le otorgó al Ministerio Público el “principio de oportunidad”, mediante el cual los casos son analizados por tres etapas: de prueba indiciaria para lograr la orden de captura, prueba indiciaria robustecida para determinar formal prisión y prueba plena para establecer una condena.
Por lo tanto, afirmó Mancera, “estoy seguro de que cada vez más, vamos a ver más asuntos así, donde se llegue a los análisis cuando no tienen una prueba plena. El MP es el que consideró que no tenía los elementos suficientes para llegar a la condena…”
Fue un caso que atrajo la atención nacional por tratarse del hijo de un prominente empresario y que urgía cerrar, por lo que la mejor manera fue armar el artificio legal que permitiera darle “carpetazo”, para ello se detuvo y presentó a varios implicados y que hoy, con la liberación de Lorena González, se sabe que fueron “chivos expiatorios” de las autoridades capitalinas.
“Son cosas que se la sacan tal vez de la manga o de su imaginación […], todo estuvo mal”, sostiene, tan es así que cuando ocurrieron los hechos, el 4 de junio, ella estaba en Acapulco con su esposo, como así lo acreditan los registros del Hotel Lizeth, donde se hospedaron, además de las cámaras de seguridad de Caminos y Puentes Federales (Capufe) que los tienen grabados.
Una de las presuntas implicadas en el crimen, María Elena Ontiveros, quien estuvo en el retén el día del secuestro de Fernando Martí, dijo que no conoce ni haber visto nunca a Lorena González, lo que no sirvió para que en ese momento quedara libre.
El lunes pasado, en conferencia de prensa, el procurador de Justicia del DF, Rodolfo Ríos Garza, aceptó que las pruebas que recabó el MP en aquella investigación, cuando Miguel Ángel Mancera era el titular de la dependencia, fueron insuficientes para comprobar la participación de Lorena González: “A consideración del (actual) Ministerio Público, no se encontraba acreditada plenamente la responsabilidad de Lorena González y por supuesto, atendiendo a los nuevos criterios de valores y principios que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora con una nueva realidad en este nuevo sistema penal mexicano, el Ministerio Público consideró formular esas conclusiones no acusatorias que tienen como consecuencia que el juez sobresea el expediente de que se trate y por ende, decretó la libertad inmediata de la persona que estaba sujeta a proceso, como sucedió en este caso”.
Ríos Garza reconoció que la excomandante está en su derecho de presentar una demanda en contra de la procuraduría por el daño que se le pudo haber ocasionado durante el tiempo de su reclusión, quien por lo pronto exige una disculpa pública; sin embargo, Miguel Ángel Mancera sólo lo hizo con el padre del joven asesinado.
El quid de todo radica en saber cuántos inocentes están en los atestados reclusorios del Distrito Federal y en los penales federales y estatales del resto de la República, que a pesar de no haber cometido delito alguno, permanecen encerrados al no tener recursos económicos para su defensa.

BLOQUE ANTI PRI-GOBIERNO
Gustavo Madero, a unas semanas de entregar la presidencia nacional del PAN, estableció un convenio con el líder del PRD, Carlos Navarrete, para que en la LXIII Legislatura, que se instala en septiembre, formen una “mayoría legislativa” y llevar a cabo temas comunes. En reunión con representantes de los medios de comunicación, destacaron las coincidencias en seguridad pública, combate a la corrupción, revisión de la Reforma Hacendaria, pobreza, desigualdad social y salario mínimo. Madero señaló que es el momento de hacer “frentes comunes” para la defensa de los intereses y de los derechos de los ciudadanos. Puntualizó el chihuahuense, que se perfila como coordinador del grupo panista en la Cámara de Diputados, que “ante la fragmentación política, como la que vivimos, nos obliga a la construcción de acuerdos, a la suma de voluntades, a la negociación, con la única mira de encontrar soluciones a los grandes problemas nacionales que arrastramos desde hace décadas”.