Ayer, en sesión de la Comisión de Justicia, se aprobó el proyecto de dictamen que resuelve la Iniciativa por la cual se reforma el artículo 1930 del Código Civil del Estado, presentada por el Ejecutivo.
Ello para permitir a los acreditados refinanciar sus hipotecas con las mejores condiciones y con menores costos posibles; así como precisar que se procurará establecer en las leyes aplicables, medidas para eliminar o reducir el pago de derechos registrales que se puedan generar por la modificación de garantías derivadas de subrogaciones.
El presidente de este organismo, Luis Fernando Muñoz López, externó que la práctica del refinanciamiento hipotecario se efectúa de manera cotidiana en nuestra sociedad, aunque existen elementos que evitan pueda realizarse de manera más eficaz y que provoque un beneficio mayor al acreedor hipotecario puesto que existe la condicionante de realizar una erogación financiera importante, por concepto de impuestos registrales.
Por su parte, el diputado Leonardo Montañez Castro refirió que la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado dispone que en caso de que un crédito se pague anticipadamente, mediante la contratación de uno nuevo, se establece un procedimiento para la sustitución de acreedores en el crédito garantizado, cuyo objeto es beneficiar a los usuarios de servicios financieros e impulsar la reactivación de créditos, pero sobre todo, garantizar que los usuarios no eroguen recursos adicionales a los ya pagados y mejor oportunidad de acceder a condiciones crediticias favorables.
Los legisladores que conforman esta comisión encontraron diferencias entre la legislación federal y la local, por lo que consideraron necesario llevar a cabo las modificaciones propuestas por el iniciador, clarificando así el alcance de la figura de la subrogación en el ámbito local, procurando certeza y seguridad jurídica.
Finalmente, también fueron aprobados los dictámenes para desechar las iniciativas de reformas al Código de Procedimientos Penales del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, presentadas en la anterior legislatura.