Fernando López Gutiérrez
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La presentación de los resultados de la Medición de la Pobreza en México 2014, realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) hace unos días, ha generado fuertes críticas a la política social de la actual administración. El incremento en el porcentaje de pobres en nuestro país —de 45.5 por ciento del total de la población en 2012 a 46.2 por ciento en 2014— ha sido el aspecto principal que algunos políticos de oposición al régimen, especialistas en la materia y personas de los medios de comunicación han retomado para señalar que las acciones del gobierno en estos años fueron erróneas.

Es indudable que, por sí misma, la cifra de pobreza pone de manifiesto el buen desempeño de los programas y estrategias de desarrollo social vigentes; sin embargo, se requiere un análisis detallado y objetivo para identificar el origen de las fallas y, por encima de la crítica, poder generar propuestas.

Los resultados de CONEVAL muestran avances que es necesario reconocer para entender lo que pasó con la pobreza en México del 2012 al 2014. Al respecto, dos datos resultan fundamentales: el porcentaje de personas en pobreza extrema disminuyó de 9.8 a 9.5 por ciento en dicho periodo y el número de carencias promedio presentó una variación mínima a la baja (de 3.7 a 3.6 por ciento para personas en pobreza y de 2.4 a 2.3 para personas en pobreza extrema).

Una mejor comprensión de estos indicadores es posible mediante la revisión de las definiciones de pobreza que utiliza CONEVAL. Según dicha dependencia, la población en pobreza es aquella que tiene al menos una carencia social (ya sea rezago educativo, calidad y espacios de vivienda, acceso a los servicios de salud, seguridad social, servicios básicos de vivienda y alimentación) y un ingreso menor a un línea de bienestar económico (de 2,542.13 pesos mensuales para el sector urbano y 1,614.65 para el sector rural). Por su parte, la población con pobreza extrema es aquella que tiene tres o más carencias sociales y además un ingreso mensual inferior a una línea de bienestar mínima (1,242.61 pesos en el sector urbano y 868.25 en el sector rural).

Si —como dijimos— el número de carencias promedio por persona, tuvo una disminución, se aduce (y así lo ha explicado CONEVAL) que el componente que más impacto tuvo en el incremento de la pobreza fue la baja en los ingresos de las personas. Además, la reducción en el número de personas en pobreza extrema muestra que, por lo menos en los programas enfocados a apoyar a dicho grupo poblacional la política no ha incidido en la medición.

Respecto a estos puntos, CONEVAL ha sido claro al señalar que de no haberse dado una caída en el ingreso, el número de pobres habría disminuido entre 2012 y 2014 de 44.5 a 44.8 por ciento. En el mismo sentido, ha subrayado que de no existir transferencias económicas a las personas en estado de vulnerabilidad por parte del gobierno la pobreza habría incrementado aún más (al llegar a 48.3 por ciento de la población) y la pobreza extrema habría aumentado hasta el 11.8 por ciento de la población.

No obstante, las explicaciones anteriores no son suficientes para afirmar que se ha implementado una política social aceptable. No considerar al ingreso de las personas como una variable a observar dentro de dicha área de política es un error. Dicha visión ha llevado históricamente a nuestros gobiernos a desarrollar medidas asistencialistas que no permiten resolver los problemas de fondo. Mientras las acciones de desarrollo social se sigan enfocando a otorgar recursos y no a promover la generación de valor por parte de los diversos sectores de la población, nuestro país se mantendrá estancado en el círculo vicioso de la pobreza.