Volver al pasado sólo es posible en las películas y en lo que cada quien guarde en su memoria, sin embargo una situación similar a la que se tenía en los primeros años de la octava década del siglo pasado se vive hoy en Aguascalientes, con un crecimiento sostenido de inversiones y de oportunidades laborales.
En aquel tiempo se registró un “boom” económico, reflejado en las empresas que llegaron a asentarse y que ofrecieron trabajo para todos los estratos sociales, acompañado de la creación de nuevos fraccionamientos, programas que siguieron hasta casi el final de los años noventa, con lo que la ciudad capital es de las pocas en el país que no tiene “cartolandias”.
En la actual administración estatal se retomó ese paso que permite opciones de mejora a quien se proponga crecer, lo que es ostensible con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía /Inegi/, de que Aguascalientes registró en el segundo trimestre de 2016 una tasa de desocupación menor a la del mismo trimestre del año anterior, ubicándose entre las primeras cinco entidades con el menor nivel de este índice.
Es un resultado que debe halagar al sector privado, que en esencia es el motor de estas acciones y al mismo tiempo al gobierno del estado, que por más de cinco años ha sido el principal promotor para atraer firmas nacionales e internacionales que se han integrado al progreso de la entidad.
Es un binomio que tiene que mantenerse unido en los siguientes sexenios, teniendo en cuenta que de la fortaleza de uno y otro dependen los frutos y que luego éstos se muestren en la seguridad del empleo y el ingreso de miles de hombres y mujeres, principalmente de los jóvenes que cada año se incorporan al mercado del trabajo.
Ya lo dijo el actual titular del Poder Ejecutivo, José Carlos Lozano de la Torre: “El trabajo y la coordinación realizadas con los sectores productivos, ha permitido que Aguascalientes continúe con un ritmo de crecimiento económico”, situación que debe seguir para que siga favoreciendo a los habitantes.
Un elemento que sin duda será fundamental en este procedimiento es el Foro Internacional de Emprendimiento de Alta Tecnología (FIEAT), que organiza la Cámara Nacional de la Industria
Electrónica y Tecnologías de la Información (Canieti), al ser un escenario que atraerá a más de 1,500 especialistas en el ramo de la industria de las ciencias aplicadas, particularmente de ingeniería en software, electrónica, robótica, desarrollo de soluciones para el sector automotriz y aeroespacial.
Esto significa que la entidad ya es considerada como uno de los ejes nacionales para las empresas del sector de alta tecnología, atrayendo el interés de expertos internacionales que pueden esparcir sus conocimientos a los peritos locales, académicos y estudiantes.
El presidente de la Canieti, Luis Macías Barrón, adelantó que el evento tendrá como sede el Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA) y la idea es que sea un foro abierto para empresarios y quienes tengan en proyecto abrir un negocio, permitiéndoles conocer cómo pueden desarrollar mejor sus ideas, ya que podrán interactuar con los conocedores visitantes.
Este tipo de encuentros siempre han dejado una estela de beneficios y en este caso particular debe ser el fortalecimiento de las empresas y del empleo, que es, a final de cuentas, el fin que se persigue para lograr que una ciudad, un estado y un país progresen en todos sentidos.

¿A QUÉ JUEGA EL IEE?

El Código Electoral del Estado de Aguascalientes señala que el “Instituto Estatal Electoral” tiene como sus principios rectores “la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la independencia, máxima publicidad, definitividad y objetividad”.
Con lo anterior pretende darles confianza a los participantes en todos los actos que tengan que ver con cuestiones electivas, sin embargo el presidente del “IEE” Luis Fernando Landeros Ortiz no se apega a varios de esos principios, al mostrarse como parte de un partido político que está en desacuerdo con lo que hacen o exigen otros.
En la entrevista para este Diario publicada el viernes 19 de agosto, afirma que la anulación del resultado de la elección de gobernador, del pasado 5 de junio, “acentuaría la desunión de la ciudadanía con el sistema político electoral” y pone de ejemplo lo vivido en 2015 cuando tuvo que reponerse los comicios de diputado federal.
Según el funcionario, “el electorado alcanzó un alto grado de desánimo” ya que no hubo un período de descanso, por consiguiente, vislumbra, “un proceso extraordinario conllevaría un divorcio más marcado, y obviamente que la autoridad electoral tendrá un reto institucional más fuerte, tan sólo para convencer a ciudadanos de la conformación de mesas directivas de casilla y a que la gente vote de nueva cuenta”.
La exposición que hace es en función de la impugnación que presentó el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados para que se invalide la citada elección y a lo que el Partido Acción Nacional rechaza, lo que en todo caso ambos están en su derecho.
En cambio Landeros Ortiz debe ser imparcial, independiente y objetivo y dejar que las aguas sigan su curso. El hecho de señalar que los actores y partidos políticos no deben caer en especulaciones es como los llamados a misa, puesto que priístas y panistas tratan de mantener el tema sobre la mesa y es natural que declaren lo que conviene a sus intereses para conservar la atención de sus militantes.
Está fuera de foco cuando advierte que “la utilización de recursos de impugnación es una estrategia utilizada en forma ordinaria por quienes no tienen los resultados esperados, con la esperanza de revertirlos”, dado que la “estrategia” que cita nadie se la sacó de la manga sino que está prevista en el Libro Quinto del propio Código Electoral y el artículo 351 establece las causales de nulidad de la elección de gobernador, por lo que quien recurre está apegado a la ley.
Es un asunto que ya está en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y lo que decida será definitivo, mientras tanto al “IEE” lo único que le queda es esperar, precaviendo ser proclive a cualquiera de los partidos en pugna.

MOS NO SE ALTERA

Optimista en que la constancia de gobernador electo no tiene regreso, Martín Orozco Sandoval intensifica las reuniones de trabajo, tanto a nivel local como nacional, al mismo tiempo recibe el apoyo incondicional de sus compañeros de partido, como el de la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota.
Cada quien a su manera busca mantener viva la llama y en su caso lo hace con reuniones de distinto nivel, como la que sostuvo con el también gobernador electo de Zacatecas, el priísta Alejandro Tello Cristerna, que por la vecindad entre ambas entidades exigen fijar acuerdos sobre diversos tópicos, principalmente de coordinación en materia de seguridad, que en estos tiempos es indispensable, lo mismo que en turismo y servicios.
Días después participó en un encuentro al que asistieron los once gobernadores surgidos del PAN, tanto los que están en funciones como los electos, que tiene como finalidad trabajar hacia objetivos comunes.
También estuvo con funcionarios locales del Sistema de Administración Tributaria (SAT), con los que acordó una colaboración para facilitar y simplificar los trámites a los contribuyentes, de manera que exista mayor capacitación a los ciudadanos para que cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales.
El propósito es avanzar en todos los temas y al mismo tiempo articular el plan sexenal de gobierno, que se nutre con los compromisos de campaña y los planteamientos de la sociedad y se enriquece ahora con las nuevas propuestas.

AGOTAN LA PACIENCIA

El gobierno federal, por tercera ocasión, amenazó con hacer uso de la fuerza en contra de la CNTE si continúa con los bloqueos a las vías de comunicación, al mismo tiempo diversos grupos de la sociedad exigen que se deje de amagos y proceda.
El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que el gobierno de la República “no tendrá reparo alguno en recurrir al uso de la fuerza pública para poner orden y, sobre todo, para hacer valer el Estado de derecho”.
Días antes, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, señaló que “cuando sea necesario se hará uso prudente y moderado” de la fuerza pública, y por supuesto, “antes debemos agotar el protocolo, debe extenuarse el diálogo”.
En los mismos términos se pronunció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Chong Osorio, el 30 de junio: “Sí lo digo con toda claridad: tenemos que dejar, generar las condiciones, si no se dan éstas por la vía del diálogo entonces tenemos que actuar porque no pueden seguir las cosas, las condiciones, como hasta ahora están (…), si no hay otra opción, tenemos atribuciones y tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. No es la orden, nuestro mandato es el uso de la fuerza con protocolos en el que no se pierdan vidas, en el que no se lastime…es bien complejo cumplirlos, o cuando hay gran cantidad de personas, sin embargo este es nuestro mandato y no nos movemos de ahí”.
Peña Nieto precisó la noche del lunes pasado, en la entrevista con Televisa, que “antes de llegar al uso de la fuerza están los espacios de diálogo” y ratificó lo que ha sido uno de los estandartes de su administración: “Soy enfático, la reforma educativa no se cancela y menos habremos de claudicar a la implementación de la misma; pensar en esos sería condenar a la niñez y juventud de México a que tenga una formación verdaderamente pobre para enfrentar lo que va a vivir en el siglo XXI”.
El entrevistador Joaquín López Dóriga mencionó al mandatario que pareciera que la CNTE le gana al gobierno, en función que bloquea, marcha y sus maestros asisten a clases cuando quieren, y por otra parte el sector empresarial expresa que al gobierno le falta decisión para atender este tema.
El titular del Poder Ejecutivo afirmó que la CNTE es un grupo de resistencia que está presente desde hace muchos años y desde su surgimiento ha sido de “enorme resistencia” para el gobierno, no obstante en el actual se han dado pasos importantes al recuperarse la rectoría del Estado en materia educativa, al dejar de lado los privilegios que se hicieron en el anterior modelo “y por eso es la resistencia”, en el que a grupos como la CNTE se le daba la conducción y dirección de la educación en los estados.
Reiteró que hasta ahora se ha privilegiado el diálogo y acercamientos y entiende la posición que guardan el empresariado, los comerciantes y otros afectados, pero que nadie se confunda, “quiero decir que hemos comprometido que el gobierno está firme y decidido a actuar, agotando primero el espacio de diálogo y si eso no da margen para que realmente se deponga esto que causa molestias, debemos recurrir a los atributos y a la capacidad que tiene el Estado mexicano”.
Los que ya no quieren que se le de más largas a este asunto son los empresarios, que exigen acciones concretas ya que no pueden seguir las agresiones a la economía y al libre tránsito que se registra principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.
Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, apuntó que la ley especifica la obligación del gobierno de indemnizar a consecuencia de la acción indebida de la autoridad, por lo que analizan demandar la reparación de los daños que sufren por los bloqueos y movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al no aplicar al Estado de derecho.
Según sus cálculos, la suma de las afectaciones directas a los negocios e industrias de los estados más perjudicados serían de 115 mil millones de pesos, monto de la reparación del daño que demandarían por “inacción y conductas omisas” de los tres niveles de gobierno.
Aunque en un principio las cámaras empresariales aseguraron que no querían pago alguno por los daños ocasionados, la Coparmex lidera el estudio que determine si “las empresas individuales podrían reclamar al gobierno el subsanar daño patrimonial”, lo que de ser en sentido afirmativo procederá al reclamo.
De la misma manera le da seguimiento a las cuatro demandas de amparo y la queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “pensamos que ante la evidencia, reiteración y agravamiento de violaciones al Estado de derecho no debe mantenerse la tolerancia, porque cuando ésta es excesiva se vuelve permisiva y si se sigue por esa vía se convierte en complicidad”, puntualizó Gustavo de Hoyos.
Entre las posturas del gobierno, de la CNTE y de los empresarios, aletea un final que a nadie conviene, ya que si hace uso de la fuerza que nadie se llame sorprendido del resultado que arroje, y si no se actúa seguirá deslizándole la insurrección, que sería funesto para el país en general.

MIDEN FUERZAS

Mañana, con el inicio del ciclo escolar, se pondrá a prueba la dureza del gobierno federal y de la CNTE, ubicada en posiciones encontradas y dispuestas a hacer valer sus criterios. El presidente Enrique Peña ha dejado en claro que no hay marcha atrás a la reforma educativa y la disidencia magisterial sostiene que si no se cancela no habrá clases en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y parte de Morelos y ciudad de México.
A su vez, el sector privado pide el uso de la fuerza si los profesores se niegan a estar en su trabajo, porque esto significaría que seguirán en las calles con las complicaciones que representan los bloqueos y marchas. Recuerdan que el gobierno federal tiene que hacer valer su autoridad “y en caso de que se impida por cualquier grupo que una escuela, cualquiera de ellas, no inicie clases, que se imponga incluso la fuerza pública”, demandó la Coparmex
A lo largo de los últimos cuatro días, la dirigencia de la CNTE ha sostenido el empeño, de seguir con el paro indefinido de labores. El acuerdo de la asamblea representativa de la CNTE “es continuar la resistencia el tiempo que sea necesario. Estamos en paro indefinido, estamos en huelga y no se piensa levantar este movimiento salvo que nos dieran por escrito la abrogación de la reforma educativa”, declaró Víctor Rodríguez.
Determinaron que seguirán el paro de labores, que iniciaron el 15 de mayo pasado y que mantendrán hasta que se derogue la reforma educativa, además de que el gobierno reconozca que la misma ha traído consecuencias para los docentes en general y de manera particular para su movimiento, al haber ceses de los que no participaron en las evaluaciones de desempeño, así como la retención de salarios y la incertidumbre laboral.
Envalentonados por la liberación de los líderes de la Sección 22, Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos, determinaron mantener sus demandas, independientemente de los acuerdos con la Secretaría de Gobernación, por lo que quedan pocas horas para resolver lo conducente.
Aunque ha estado afuera de las negociaciones con los profesores, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, aprovechó la oportunidad para señalar que es posible llevar las demandas del magisterio ante la autoridad sin dejar a los niños sin clases y sin afectar los derechos de los trabajadores o de terceros.
De manera paralela, Nuño alabó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por no afectar la educación. Ha demostrado, anotó, “que es posible que los maestros sean escuchados, que las demandas de los maestros sean atendidas, respetando el derecho de la niñez a una educación de calidad, que los niños estén en la escuela y que se pueda llevar las demandas de los maestros sin afectar a nadie más”.
En una entrevista con El Universal, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, destacó entre otros puntos, que el mecanismo para solucionar el conflicto con la CNTE es, en primer lugar, volverle a exponer a la sociedad qué es lo que se discute. “Hay que dejarle claro que en este momento las demandas que se podían tener sobre supuestos daños de una reforma educativa están superados, que no hay daño en materia laboral, que no están dándose de baja a maestros por el hecho de ser maestros, porque todos estamos sujetos a revisión”, trátese de quien se trate y sea del sector público o del privado.
Navarrete Prida pidió mesura a todos los participantes, principalmente al empresarial, al considerar que “no propiciemos un aumento de tensiones cuando sabemos que hay un grupo de gente violenta que lo que está pretendiendo es precisamente encontrar uno o dos, cinco o 10 mártires que permitan justificar una lucha y que el tema de menos sea el de la reforma educativa, sino una lucha social con otra naturaleza y otros propósitos”.
De todo lo que se ha señalado en los últimos meses y de cuál sería el fondo de este conflicto, el más preciso ha sido el emitido por Alfonso Navarrete, al percibirse que el enfrentamiento se encamina a un combate abierto con las fuerzas del gobierno, cuyo resultado daría nuevos elementos para seguir adelante el movimiento.

LUCHA ENTRE NARCOS

La historia recoge momentos decisivos de las bandas criminales y las vías que utilizaron para combatir y deshacerse de sus rivales. Las vendettas más famosas se ubican en la camorra italiana y en Chicago, con Al Capone como líder.
Al igual que lo ocurrido en la segunda década del siglo pasado, cuando eran comunes los asesinatos entre esos grupos, hoy México se cimbra ante la violencia que se vive en varias entidades, debido a que no tiene para cuando parar los grifos de sangre que abrió el ex presidente Felipe Calderón en 2007. Los elementos federales tienen que luchar en condiciones adversas ya que si enfrentan a una gavilla y les da muerte a varios de sus integrantes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acusa “uso excesivo de la fuerza”, a pesar de que los ingobernables utilizan armas de alto poder y están dispuestos a todo.
El rapto múltiple que tuvo lugar en Puerto Vallarta, Jalisco., el pasado 16 de agosto, intranquiliza sobremanera a la sociedad ya que entre los secuestrados podrían estar dos hijos del Joaquín “El Chapo” Guzmán. De manera inicial se mencionó que uno de ellos sería Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de 30 años y otro, sin confirmarse el dato, Iván Archibaldo Guzmán.
Los hechos se atribuyen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que disputa con el Cártel de Sinaloa el control del mercado de estupefacientes, por lo que se advierte de enfrentamientos más cruentos que los vividos en los últimos años.
El Fiscal General de Jalisco, Eduardo Almaguer, confirmó que por los videos y documentos e informes de seguridad se acredita que Jesús Alfredo Guzmán, alias “El Alfredillo” fue uno de los “levantados” y sólo falta confirmar si su hermano Iván Archivaldo estaba entre las seis personas que fueron sacadas a la fuerza del restaurante La Leche.
El lugar que ocupa Jesús Alfredo Guzmán en el mundo del narcotráfico lo registra la DEA, que desde 2009 lo identifica como coordinador logístico de la entrada de cocaína a Estados Unidos, desde Centro y Sudamérica, siendo el más cercano a su padre y en los negocios, sin embargo la Secretaría de Marina en un informe de inteligencia para estudiar a los posibles sucesores de Joaquín Guzmán, estableció en 2014 que Alfredo no estaba como el heredero del cártel, aunque para las autoridades estadounidenses sí es una persona clave.