Fernando López Gutiérrez

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La Red Compartida Mayorista es, sin lugar a dudas, el proyecto de infraestructura más ambicioso incluido en la reforma en materia de telecomunicaciones. No obstante, desde su planteamiento en el texto constitucional —vigente desde el 12 de junio de 2013— las dudas respecto a sus particularidades han sido el centro de atención de especialistas e interesados.

Después del mandato para su creación, establecido en el artículo décimo sexto transitorio de la reforma constitucional en materia de competencia y telecomunicaciones (Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones), las especificaciones presentadas en torno a la manera en que el proyecto habría de ser desarrollado carecieron de sustancia. Ni las consideraciones contenidas en el Capítulo V de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; ni los documentos puestos a disposición durante la solicitud de manifestaciones de interés sobre la red, llevada a cabo entre marzo y mayo del presente año; o bien, el contenido de los Criterios Generales de la Red Compartida, puestos a consulta pública en julio pasado, despejaron de manera suficiente las inquietudes sobre las condiciones y características de esta importante obra.

La falta de claridad respecto a los tiempos, condiciones y el proceso para la adjudicación de la Red Compartida, así como el retraso constante en la programación establecida para presentar y recoger información sobre el proyecto, originaron escepticismo e incertidumbre sobre la voluntad de las autoridades de realizarlo en los términos generales planteados en un inicio. Sin embargo, con la publicación de las prebases de licitación, llevada a cabo el pasado miércoles, es posible pensar que se buscará dar cumplimiento preciso a lo estipulado en el texto constitucional.

En las prebases de la red compartida, por fin se especifica con precisión la manera en que habrá de adjudicarse el proyecto, las responsabilidades de quienes participarán en éste y las obligaciones para la empresa o consorcio que lo opere. Desde el lado del sector público parece estar definida la oferta respecto al tipo de red y asociación que se busca generarse con el sector privado; falta conocer si hay interés en participar por parte las pocas empresas con experiencia y capacidad (financiera y operativa) para llevar a cabo tan ambicioso proyecto.