Jesús Álvarez Gutiérrez

ciudad-vivaA todos nos lastima el agravamiento de la pobreza y la desigualdad en México. Hay un reconocimiento de que estos males endémicos no han podido ser doblegados con programas asistenciales, cada vez más onerosos y menos eficaces. Aquí termina el consenso. La discusión sobre lo que se tendría que hacer muestra una gran variedad de opiniones, ante márgenes de maniobra cada vez más reducidos.

Los economistas ortodoxos han sostenido que la pobreza y la desigualdad desaparecerán en cuanto alcancemos un ritmo alto de crecimiento económico. Y a ello se encaminaron, supuestamente, cada una de las once reformas estructurales. Sin embargo, la economía no creció arriba del 2% anual en la primera mitad de esta administración federal; y, a lo mucho, cabría esperar una recuperación de la tasa inercial del 2.4% para el resto del sexenio.

Un error heredado del modelo neoliberal ha sido aceptar el papel periférico y dependiente que juega nuestro país en el sistema económico internacional, sacrificando el mercado doméstico; por eso nos ha pegado tan fuerte el desplome brutal de los petroprecios, la crisis griega y la desaceleración china. Recientemente se han agregado otros errores, atribuibles a la política fiscal actual, señala Leo Zuckermann. No se debieron haber incrementado los impuestos en un contexto de desaceleración. No se debió continuar endeudando al país cuando el precio del petróleo estaba alto. No se debió malgastar el dinero público en “dispendios, corruptelas o billetazos para resolver problemas políticos; o en reparto a diputados para aprobar el presupuesto, a partidos para realizar campañas insulsas y a gobernadores que no rinden cuentas a nadie”. Eso es gasto improductivo.

El propio Presidente de la República reconoce públicamente, en sus mensajes previos al Tercer Informe, que hay tres fenómenos que frenan a la economía mexicana: el entorno internacional adverso, la desigualdad y la corrupción.

Contra las vicisitudes externas poco podemos hacer. Por un lado, el derrumbe del precio del petróleo no sólo secó la principal fuente de divisas y quebró la columna vertebral de nuestro presupuesto; también ha interrumpido la prometida llegada de capitales al sector energético para la exploración de pozos petroleros en aguas profundas. Por otro lado, nuestras exportaciones manufactureras van bien porque la economía de Estados Unidos parece consolidarse, pero si la Reserva Federal sube la tasa de interés para “normalizar” su política monetaria, absorberá los capitales de corto plazo estacionados temporalmente en México. Si el Banco de México intenta compensar a los inversionistas elevando la tasa de interés en pesos, terminará encareciendo más el crédito interno, lo que resultaría contraproducente para el crecimiento.

En la fuga de capitales “golondrinos”, reflejada ya en el desplome del peso frente al dólar, participan no sólo los inversionistas extranjeros, sino un grupo de mexicanos que resguardan en el exterior sus enormes fortunas para evadir al fisco o por seguridad, lo que contribuye a contraer nuestra economía. Esto nos remite al segundo freno al crecimiento nacional, que es la desigualdad. Unos cuantos empresarios han conseguido amasar enormes fortunas controlando los precios de insumos fundamentales en sectores estratégicos como el energético (gas, gasolina, electricidad), bancario, minero, comunicaciones y telecomunicaciones. En la otra cara de esa misma moneda se sitúan cientos de miles de pequeños negocios que, enfrentados a altísimos costos en sus insumos básicos, fincan su escasa competitividad en salarios bajos, lo que deriva en la pobreza que padece más del 60% de los mexicanos, tanto en la economía formal como en la informal. A las remuneraciones laborales tan mediocres, debemos agregar que la producción y venta de alimentos y medicinas también están controladas por oligopolios internacionales, por lo que la población padece carencias hasta para adquirir la canasta básica. En este contexto de extrema desigualdad y mercado interno débil, nuestra economía depende exclusivamente del volátil mercado internacional, lo que nos regresa al primer freno.

La corrupción, como tercer freno a la economía, cierra el círculo vicioso. La corrupción encarece poderosamente los costos de transacción en el mercado, lo que resta competitividad a nuestros empresarios. A través de regulaciones absurdas e interesadas, se impide la entrada de nuevos jugadores y con ello el funcionamiento de las leyes de la oferta y la demanda. En varios campos se ha establecido una complicidad criminal entre particulares y políticos para apropiarse de licencias, permisos y concesiones. En el tema de la corrupción estamos en el lugar 103 de 130 países evaluados por organismos internacionales. La manera como la falta de un Estado de derecho obstaculiza el desarrollo económico ha sido explorado por varios economistas, entre los que destaco a Néstor Duch, quien recientemente me compartió un texto que titula: “Normas jurídicas y postulados económicos: ¿dos caras de una misma moneda?”.

Duch señala que México es como “un campo de futbol desnivelado, con el pasto maltratado, mojado y con agujeros, donde los jugadores se la pasan cometiendo faltas graves frente a un árbitro injusto que castiga, por las mismas faltas, a unos sí y a otros no”. Como ejemplo prototípico de discrecionalidad cita la Ley de licitaciones, donde se establece que “en ningún caso, el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente el económico”.

El reto para el ejecutivo, los legisladores y los ciudadanos es destrabar estos tres frenos a la economía, apostándole en serio al mercado doméstico, a los salarios, a la tributación que incentive inversión y empleos a partir de las pequeñas empresas, al fortalecimiento de las clases medias, al gasto público productivo y al Estado de derecho. De nada servirá la estabilidad macroeconómica sin crecimiento y sin oportunidades para el millón de jóvenes que, como nuestros hijos, buscan entrar al mercado laboral cada año.