Hoy, en el Congreso se aprobarán por mayoría las reformas a los Artículos 2º, Fracción XVIII; 6º; 11, primer párrafo; 34, tercer párrafo; 59, cuarto párrafo; y 64, segundo y cuarto párrafos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; sobre ampliar el margen para hacer las adquisiciones directas.
El objetivo es clarificar diversas disposiciones en materia de adjudicación de bienes, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y contrataciones de prestación de servicios.
Se busca delimitar el alcance de la intervención de la Administración Pública Centralizada y de las Entidades del Ejecutivo en las contrataciones consolidadas que se realicen en su beneficio, y al mismo tiempo, la participación que corresponderá a dichas Entidades, así como la posibilidad de que uno o varios entes requirentes asuman las obligaciones de los entes contratantes.
Asimismo, incluir expresamente todos los actos que regula la Ley de Adquisiciones; y agilizar la contratación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios que precise la Administración Pública del Estado.
Ello, cuando en una licitación existan partidas que sean declaradas desiertas y éstas no rebasen el monto de adjudicación directa por tabla comparativa, y se adjudiquen mediante referido procedimiento.
El valor de la UMA (Unidad de Medida y Actualización), al entrar en vigor la reforma citada, será equivalente al salario mínimo general vigente en ese momento.
Las contrataciones con monto hasta por un límite de tres mil veces el valor diario de la UMA, se efectuarán a través del procedimiento de adjudicación directa, por tabla comparativa y se adjudicarán de entre los Proveedores que ofrezcan las mejores condiciones económicas para el Estado.
Las contrataciones por invitación a cuando menos tres personas por monto, quedarán comprendidas entre las tres mil y quince mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La adjudicación se podrá decidir con un mínimo de dos propuestas, siempre y cuando la mejor oferta económica sea igual o menor al precio contenido en el estudio de mercado elaborado por el Ente requirente.