La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CENTE) afirmó que, dadas las irregularidades con las que el magisterio de Aguascalientes fue notificado de la realización de los exámenes de evaluación, “todos los maestros de la entidad que debían presentar examen o que lo presentaron, podrían acudir, a partir de febrero, al amparo con amplias posibilidades de obtenerlo”, afirmó Martín Rodríguez Rodríguez, comisionado de asuntos jurídicos y derechos humanos de este gremio sindical.
Explicó que en todo el país, incluido Aguascalientes, el proceso administrativo de notificación, no se cumplió en términos de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, que establece con suficiente claridad la forma en cómo deben ser notificados los actos de la autoridad, en este caso del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), quien no se apegó a la norma y dejó abierta la posibilidad de que los trabajadores que fueron evaluados, puedan acudir al amparo o si llegasen a ser despedidos, a una juicio laboral, con amplias posibilidades de ganar en ambos casos.
Dijo que para que el maestro acuda a la evaluación, en el artículo Sexto de los lineamientos del INEE para evaluación del docente se establece el calendario y la forma de notificar al docente sobre la evaluación y al respecto dice que deberá ser a través de la Comisión Nacional del Servicio Profesional Docente la forma de notificar a los maestros que hayan sido seleccionados para el examen.
Mientras el artículo 64, en su fracción primera de la Ley Federal del Servicio Docente, dice que le tendrán que informar al trabajadores de la educación por lo menos con tres meses de anticipación, dónde, cuándo y cómo va a ser evaluado, qué tipo de herramientas tiene que emplear para que el trabajador tenga un proceso de capacitación previa y recabe evidencias.
Los anteriores requisitos de ley no se cumplieron, “en todos los estados de la República, las notificaciones fueron ilegales porque fueron electrónicas y los trabajadores no dieron su consentimiento para que fueran a través de correos electrónicos. Hubo notificaciones formuladas por WhatsApp, otras por teléfono o por el compadre, por amigos, por el supervisor, por el director, pero nunca fueron debidamente fundadas ni motivadas”.
En Aguascalientes, dijo, fueron evaluados 1,300 mentores y todos ellos pueden, si así les conviene, emprender la defensa de sus derechos, en caso de que la autoridad intente rescindir contratos o les obligue a asistir a los cursos de nivelación para volver a presentar el examen de evaluación.
La vía, dijo, es el amparo o bien, la demanda en tribuales laborales. Para el primero de los casos se tienen 15 días para interponer amparo una vez que han sido notificados de los resultados del examen y que sean obligados a asistir a los cursos de nivelación, y si se trata de una demanda laboral por despido, se tienen 3 meses para acudir a tribunales, pero en ambos casos, dijo, las posibilidades de ganar a la autoridad educativa son muchas.