Los retenes que hay por toda la ciudad, tanto de seguridad pública como de alcoholímetro, además de inconstitucionales y violatorios a los derechos humanos, ya no disuaden a las personas a delinquir y a conducir bajo los influjos del alcohol, consideró Francisco Frausto Ruiz Esparza, presidente del Colegio de Abogados de Aguascalientes.

Los retenes que instala la policía en diversas partes de la ciudad, ya no inhiben a la delincuencia, por el contrario, infunden temor entre la población, quitan tiempo y contravienen a la Constitución en sus artículos 11 y 16, los cuales aseguran el libre tránsito por el territorio nacional, sin que sean molestados por ninguna autoridad, y cuando haya una restricción, son muy claros los casos en los que los ciudadanos podrán ser impedidos de circular, tal cual lo plantea el artículo 11.

Agregó que en el caso del artículo 16, garantiza que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, posesiones, sino en virtud a mandamiento por escrito de la autoridad competente.

Los retenes policíacos no sólo son inservibles para combatir la delincuencia, sino molestos, violatorios a los derechos humanos más elementales, ilegales y anticonstitucionales por lo ya descrito, aseguró el presidente de los abogados en la entidad.

Explicó que para la autoridad ha sido una opción, sin embargo, las garitas resultan muy molestas porque cuando se instalan, quitan mucho tiempo a la población, infunden temor y alteran el orden público.

En el caso de los retenes de alcoholímetro, dijo que, además de guardar las mismas circunstancias de violación a derechos que los policíacos, estos puestos de control son muy predecibles, las personas que los quieran evadir lo pueden hacer, y tampoco disminuyen la ingesta de bebidas embriagantes.

Resulta bastante paradójico que la autoridad mantenga una cantidad impresionante de licencias de alcohol, permita que se concentren los establecimientos y que enseguida, la misma autoridad monte retenes y sancione a quienes han bebido en exceso y conduzcan automotores. De hecho, en términos de amparo, lo que se logra hacer a quienes son detenidos en retenes, es su liberación inmediata, sin embargo, no se libran de la multa.

“Debe haber un cambio en la estrategia, porque esos retenes no cumplen con su objetivo, en cambio, molestan a la población, y lo hacen a costa de violar las disposiciones constitucionales ya señaladas”, dijo.

En los casos de los retenes de la Procuraduría del Medio Ambiente, igual que los anteriores, violan derechos humanos, y no hay plena certeza de que resulten tan eficientes como dicen que son. Aun así, no puede haber una labor gubernamental sustentada en violaciones constitucionales y en violaciones a derechos humanos de la población, indicó.