Por Jesús Álvarez Gutiérrez

ciudad-vivaDebemos “quitarle los frenos a nuestra economía” escuchamos a diario. Los principales frenos son tres y han sido bien identificados por el propio gobierno federal: el entorno internacional adverso, la desigualdad y la corrupción. Revisemos cómo se está haciendo la tarea.

Poco puede nuestro país hacer para modificar las condiciones del mercado mundial, primer freno a la economía, salvo quizá mantener la estabilidad macroeconómica, para distinguirse de otros países subdesarrollados y ganar “atractividad” frente a los inversionistas extranjeros. En este sentido, se pueden advertir dos situaciones contradictorias. Por el lado positivo, las reformas estructurales contribuirán a romper cuellos de botella en sectores estratégicos que elevarán nuestra productividad y competitividad. Pero, por otro lado, ha quedado evidenciado que el gobierno aumentó de manera injustificada su gasto corriente en los últimos cinco años; el resultado es un déficit fiscal creciente, y una deuda pública que se acerca peligrosamente a representar la mitad del Producto Interno Bruto, el mayor nivel de las últimas dos décadas. En adelante, el gobierno tendrá que aprender a gastar menos, o pondrá en riesgo nuestro mejor activo, la estabilidad macroeconómica.

Pero la estabilidad también está amenazada por efecto del derrumbe petrolero. El peso mexicano ha perdido 30 por ciento de su valor en el último año, y eso que el Banco de México ha dispuesto ya de un 10 por ciento de las reservas internacionales para defenderlo (se sitúan ahora en 180 mil millones de dólares, contra el pico de 200 mil millones alcanzado a inicios de 2015). Es importante señalar que es la primera vez en veinte años que el Banco de México “desacumula” en lugar de “acumular” reservas. La fuente de divisas más sólida son ahora las remesas de los mexicanos en el extranjero, por encima de la inversión extranjera directa y los saldos netos tanto del sector automotriz (exportaciones menos importaciones) como del turístico. El gobierno deberá mostrar que puede controlar especulación y fugas de capital que, en realidad, esconden evasión fiscal.

Es muy importante que el Presidente de la República haya reconocido a la desigualdad como un segundo freno a la economía. Por años habíamos aceptado la tesis neoliberal de que el crecimiento económico resolvería automáticamente los temas de empleo, salarios y distribución del ingreso. Parecía justificado que el gobierno se impusiera como objetivo impulsar el crecimiento a toda costa, incluso conteniendo los salarios, para atraer mayores flujos de inversión extranjera. Ahora ha quedado claro que no habrá crecimiento si no hay mercado doméstico, y éste está sujeto a la calidad del empleo y los salarios. Por tanto, el objetivo del gobierno no es crecer, sino impulsar la generación de empleo y la elevación de las remuneraciones salariales.

Este nuevo enfoque cambia radicalmente las prioridades de política pública. El sistema educativo nacional tendrá que reorientarse en función de un modelo pedagógico que privilegie en los estudiantes la creatividad, la innovación, el emprendimiento y las funciones ejecutivas (planear, programar, implementar, evaluar). Ante el reconocimiento de que la globalización y la automatización no generan ni el número ni la calidad de los empleos requeridos por nuestros jóvenes, los egresados de educación media superior y superior deberán ser capaces de autoemplearse o, incluso, de generar empleo para otros. En cualquier caso, deberán de evolucionar los conceptos de “empresa” y de “educación” para salvar la brecha que actualmente existe entre la escuela y el mercado laboral. De manera complementaria, hará falta fortalecer una nueva política fiscal e industrial que promueva la capacitación laboral, la certificación y el financiamiento de las empresas locales para que puedan sobrevivir y competir, asociadas o no a las cadenas de proveeduría de las armadoras trasnacionales.

El tercer factor que frena gravemente la economía mexicana es la corrupción. Nuestro país está ubicado en el lugar 103 de la tabla internacional por su nivel de corrupción, incluso debajo de la mayoría de los países latinoamericanos y africanos. Aun dejando fuera el narcotráfico, la corrupción ha invadido como cáncer los diversos ámbitos de gobierno y de la sociedad. Una de las formas cotidianas de corrupción es la que se produce por sobreregulación de la actividad ciudadana y económica.

Tan solo el gobierno federal tiene 4 mil 800 diferentes trámites (contra 700 en el Reino Unido), que le cuestan a los mexicanos 700 mil millones de pesos anuales, aproximadamente un 4.5 por ciento del PIB, reconoció recientemente Alejandra Lagunes, coordinadora de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia.

En el ámbito empresarial, más de la mitad de los empresarios reconocen que padecen situaciones de extorsión por parte de verificadores municipales, estatales y federales, así como de empresas más grandes. En defensa de 5.6 millones de unidades económicas micro, pequeñas y medianas (que generan el 52 por ciento del PIB y el 74 por ciento de los empleos del país), el Instituto Nacional del Emprendedor, Inadem, ha instalado un Observatorio Nacional del Emprendedor y pretende ahora crear una figura jurídica de Defensor del Emprendedor, a imagen y semejanza de Profeco. Ojalá signifique un cambio de paradigma en la “justicia cotidiana” que respalde a las pequeñas y medianas empresas. Estaremos así contribuyendo a quitar el segundo y tercer frenos a la economía nacional.