Por: Octavio Díaz García de León

@octaviodiazg

Los gobiernos paternalistas han acostumbrado a sus gobernados a esperar que les resuelvan todo. En México, que durante tantos años vivió el estatismo, el populismo y el paternalismo gubernamental, la población espera que el gobierno resuelva todos los problemas. Pocos se plantean, como lo dijo el presidente Kennedy en su toma de posesión: “No pregunten qué puede hacer su país por ustedes; pregunten qué pueden hacer ustedes por su país”.

Eso sucede con el problema de la corrupción. Se prefiere dejar en manos de la burocracia y los políticos la solución del problema. Pero dado que la corrupción requiere dos partes, el que da soborno y el que lo recibe, en este proceso participan de manera fundamental los particulares. Por ello los empresarios son parte esencial de la solución.

El 1 de octubre pasado, tuvo lugar en la Cd. de México un taller llamado “Cultura de la Integridad en México. Combate a la Corrupción”, organizado por el Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional (CEGI) y su presidente el Dr. Felipe González, del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE), junto con el Centro para la Empresa Privada Internacional con base en Estados Unidos. En este taller se reunió un grupo de egresados del IPADE, en su mayoría empresarios, para compartir ideas acerca de que se puede hacer en el ámbito empresarial, especialmente las pequeñas y medianas empresas (PYMES), para combatir la corrupción.

Las grandes empresas siempre tienen más recursos para defenderse de la corrupción aunque en ocasiones ellas mismas la propician (Casos Wal-Mart, Banamex, Oceanografía, HSBC, OHL, etc.). Pero las PYMES están más a merced de la corrupción, acosadas por leyes complejas y excesivas, de las cuales se aprovechan malos funcionarios públicos para obtener un beneficio personal.

Está claro que la corrupción es mala para los negocios. Primero porque no hay un juego competitivo justo; gana el que coyunturalmente tiene el contacto con un funcionario corrupto. Segundo, porque los empresarios que obtienen beneficios temporales corrompiendo a funcionarios públicos, dañan a la comunidad y se dañan ellos mismos. Por ejemplo, los precios excesivos que se pagan por bienes y servicios públicos obtenidos a base de corrupción los pagan los causantes de impuestos. No le sale más caro al gobierno. Le sale más caro a quien paga impuestos. Así, la corrupción, aunque parece beneficiarlos en el corto plazo, va deteriorando el ámbito público y de negocios en el que todos salen perjudicados. Además, alimenta a una burocracia a la cual nunca le alcanza el dinero y siempre requiere más impuestos o deuda para gastar más.

Durante el taller surgió el tema de la extorsión en contraste con el soborno. Digamos que son dos caras diferentes de la corrupción: cuando hay soborno de por medio se trata de un acuerdo de voluntades. En el caso de la extorsión es una voluntad la que se impone a la otra por la fuerza. Las soluciones a ambos problemas son diferentes. Para evitar el soborno, se requiere una cultura de integridad que empieza por el particular que evite corromper al funcionario público. Para el problema de extorsión se requiere que haya un estado de derecho donde el particular pueda denunciar la extorsión y la autoridad castigue al delincuente. Los funcionarios públicos extorsionadores no son diferentes a la delincuencia organizada que exige, por ejemplo, derecho de piso. Para erradicar este delito se requiere que el Estado ofrezca seguridad a los particulares y si no la da, se le debe exigir.

Una de las propuestas del taller, es que dado que los pequeños y medianos empresarios difícilmente pueden incidir de manera individual contra la corrupción, lo podrían hacer de manera colectiva. Ya sea a través de sus cámaras y asociaciones o bien en coaliciones específicas para combatir la corrupción, como ocurre en países como Tailandia o Colombia. Para incidir contra el soborno existen herramientas como los pactos para la transparencia y los pactos de integridad, entre otras. Algunas ideas que podrían ayudar a los empresarios a combatir la corrupción por soborno podrían ser:

  1. Manifestar abiertamente al interior y hacia el exterior que sus empresas no pagan soborno bajo ninguna circunstancia.
  2. No disfrazar a los sobornos como cortesías hacia clientes y funcionarios.
  3. Pedir a sus empleados clave, que manifiesten sus conflictos de interés.
  4. Tener un código de conducta que guíe a sus empleados.
  5. Capacitar a sus empleados en los programas de combate a la corrupción.
  6. Desarrollar sistemas y controles a través de un gobierno corporativo profesional aunque sean empresas muy pequeñas.

Para incidir contra la extorsión, la acción colectiva tiene que orientarse a presionar a las autoridades para que proporcione un auténtico estado de derecho; que se combata por igual a los delincuentes que secuestran, roban o piden derecho de piso así como a las autoridades corruptas que extorsionan.

La iniciativa del CIGE del IPADE es una buena noticia. Para combatir la corrupción, está bien exigirle al gobierno que haga su parte, pero el sector privado no se puede quedar con los brazos cruzados a que los políticos produzcan resultados. La iniciativa de particulares y empresarios hará la diferencia en esta lucha. Ojalá que las cámaras y asociaciones empresariales de Aguascalientes tomen nota y participen en esfuerzos como los que la Universidad Panamericana realiza a través del IPADE y del CIGE.

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