RODRIGO ÁVALOS ARIZMENDI

Noticia de impacto sin duda lo anunciado por el juez  sexto del tribunal unitario del segundo circuito, ordenando la liberación de los últimos tres militares, de los ocho, involucrados en la muerte de 22 personas dentro de una bodega en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en hechos ocurridos el 30 de junio del año pasado. Ya quedó limpio todo el expediente de estos militares que estaban acusados de haber cometido excesos, habiendo ejecutado a 22 probables delincuentes dentro de una bodega.

Con lo anterior estamos viendo algo muy interesante en los últimos días, en relación con dos casos que han obligado a la intervención abierta de muchos organismos de derechos humanos, tanto mexicanos como extranjeros. Y me refiero a esta judicialización de las definiciones de los derechos humanos y sus posibles violaciones. Uno es el caso que menciona al inicio de esta columna, el de Tlatlaya, en donde, en el lenguaje de los human rights, lo que ocurrió ahí fue una ejecución sumaria, extra judicial, y por tanto punible y reprobable, de 22 personas. La forma como se llegó a esta acusación es por demás heterodoxa, se debe a una serie de reportajes, en los cuales una mujer que había estado, primero se dijo que fue secuestrada, después se dijo que fue contratada, después se dijo que formaba parte del mismo grupo de delincuentes, fue y relató a periodistas de los E.U. lo que ella supo, que no necesariamente fue lo que ella vio. Fue de lo que se dio cuenta, escuchó, percibió, y a pesar de que hay muchas contradicciones en su narrativa, los periodistas americanos descreyeron de ella y a quienes la patrocinaron, frente a grupos de derechos humanos, y entonces vino todo este proceso que ya terminó, en el cual la justicia dice: “No se logró acreditar que se hubiera tratado de una ejecución extrajudicial, porque tampoco no se logró acreditar el uso excesivo de la fuerza. Fue un enfrentamiento entre fuerzas militares y un grupo de delincuentes y secuestradores que los recibió en una bodega abandonada, a tiros”. O sea que los soldados se defendieron y el que tira mejor mata primero. Fueron 22 muertos y resultó un soldado herido. Hasta este momento los últimos militares tres que estaban presos, están libres.

No diremos si el juez tuvo o no razón, simplemente diría que con esta sentencia se acaba la observación de las ejecuciones extra judiciales. Ya no se puede hablar de ellas porque un juez ha dictaminado que no las hubo. Todo lo que venga después será impugnar esa sentencias y entonces estaremos ya en un terreno judicial, en el cual obviamente los promotores serán los órganos sociales defensores de los derechos humanos. ¿Cuáles? Todos. O sea que serán muchas organizaciones las que van a protestar por este fallo, como también van a protestar por el fallo del juzgado primero de distrito, en procesos penales federales, porque resulta que se dice ahí que en Iguala no hubo desaparición forzosa, o desaparición forzada, que hubo simplemente una múltiple ejecución; pero también se saca el caso de la órbita de los Derechos Humanos y se mete en los terrenos simplemente del Derecho Penal.

Sé que lo anterior es sumamente complicado para el Poder Judicial, porque la primera acusación, ya lo ha dicho alguien, es que nos apartamos de la “verdad histórica” pero caemos en la “verdad judicial”; y al parecer las cosas en este país ya no son lo que son en su naturaleza sino lo que un  juez decide que son, un juez o un juzgado, ya sea unitario, colegiado o lo que se presente. Me sorprende mucho que se diga que la sentencia de la ejecución de los 43 de Iguala es inapelable. Creo que no puede ser inapelable hasta que no llegue a la Suprema Corte de Justicia, porque nuestro propio Consejo de la Judicatura puede hacer una revisión de lo que se ha dicho; pero en este caso como en el de Tlatlaya, caemos en lo mismo, esto se va a volver un pleito maniqueo en el que los buenos se van a cuidar de los malos. ¿Quiénes son los buenos? Los defensores a ultranza de los derechos humanos. ¿Quiénes son los malos? Todos los que no son defensores a ultranza de los derechos humanos: jueces, abogados, ejército, policía, gobernación, etc. Todos los que no digan que esto está mal, son los malos, y los que están de acuerdo con que se está judicializando la interpretación de las violaciones de los derechos humanos son parte del equipo de los buenos. Así de simple. ¿Y quién irá a ganar de estos dos bandos? Pues van a ganar los buenos, porque ellos son los que a la larga escriben la historia.

Hubo, precisamente sobre este tema, una consideración de Santiago Corcuera, integrante del comité contra la desaparición forzada, de las Naciones Unidas, quien dijo que el razonamiento, que le menciono líneas arriba, utilizado por el juzgado que determinó que no hubo desaparición forzada, en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, fue equivocado y la Suprema Corte de Justicia de la nación debería revisar dicha sentencia. “Es muy mala noticia que el juez haya emitido esta sentencia, si fuera mi alumno, lo hubiera reprobado”. Ese es el primer error del equipo de los buenos, pues ya están otras organizaciones sumamente combativas, enfilando toda su maquinaria de propaganda para ir en contra de esto, la verdad judicial. Abatida la verdad histórica, no vale no se acepta la verdad judicial, y entonces se esperan muchos meses de largos pleitos, de muchas barandillas, de muchos oficios y papeles, impugnaciones, recursos de revisión. Creo que sí sería muy bueno que esto llegara a la Suprema Corte, pero si la Suprema Corte toma estos dos asuntos en sus manos, y decide como han decidido los otros jueces, entonces los asuntos podrán  no terminar nunca.

 

EL PORQUÉ DE LA EXTRADICIÓN DEL CHAPO

El asunto de la posible extradición del Chapo Guzmán hacia los Estados Unidos le ha dado a los medios dos tendencias para analizar. Una dice: Qué bueno que se lleven al Chapo, porque aquí nos causa muchos problemas. Aquí se nos ha escapado dos veces de la prisión de alta seguridad. Aquí vivió mucho tiempo en la impunidad, y aquí es un dolor de cabeza para las autoridades.

Sobre esto creo, muy en contra de la tendencia que ha generado, y aun en contra de la idea del propio gobierno, que entregar al Chapo, como entregar a cualquier otro hombre sujeto a un proceso en México a una extradición, por muy importante que sea el país que la solicite, es el reconocimiento a uno de los grandes problemas nacionales, que es la impunidad. Nosotros como país, el estado nacional, debe tener los instrumentos jurídicos institucionales, para castigar a los delincuentes, no importa cuál sea su especialidad en el delito. No importa si son narcotraficantes, violadores, asesinos o ladrones; lo que le da viabilidad a un sistema de justicia es precisamente la aplicación de la justicia, y no se hace justicia evadiendo la responsabilidad, ni de procurarla ni de administrarla. ¿Por qué México cede a la presión de una extradición? Si lo hace porque está reconociendo su ineptitud fundamental en la capacidad de custodiar y de mantener en la prisión a un reo peligroso, entonces está confesando su minoría de edad. Está confesando el subdesarrollo de sus instituciones que son incapaces de mantener un candado en su lugar. Una cadena en una puerta. Si lo está haciendo porque no puede resistir la presión de un país que impone un método de actuación en contra del narcotráfico, del cual él se está beneficiando, entonces está demostrando su subdesarrollo político y su dependencia geopolítica. En cualquiera de los dos casos México se está comportando como un país tutelado; pero no solamente en esto, que es lo más visible y lo más reciente, México no puede mantener una política económica autónoma porque depende del Fondo Monetario Internacional y depende de calificadoras internacionales que castigan o premian. Somos unos menores de edad en el manejo de nuestras finanzas. No podemos mantener un sistema de respeto y de vigencia de los derechos humanos, porque el señor James Cavallaro se ha erigido como una especie de gran relator de México, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La pregunta es: ¿En dónde está la autonomía mexicana? ¿En dónde está la soberanía nacional? Habrá que esperar por la respuesta.