Jesús Eduardo Martín Jáuregui

“No temas a la ley, teme a los juristas” Proverbio campesino ruso.

Hace apenas unas horas la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas y el ministro Juan Nepomuceno Silva Meza terminaron entre aplausos sus respectivos períodos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro Silva fue también presidente de la Corte y por lo tanto también presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Durante su presidencia la Corte amplió de manera muy importante su promoción en medios de comunicación, puso énfasis en los criterios de defensa mas severos en materia de Derechos Humanos, amplió la protección hacia los grupos vulnerables, se promovió y finalmente se aprobó una importante reforma a la ley de Amparo, y la Corte flexibilizó sus resoluciones al extremo de señalarse que en muchas ocasiones se excedía en su función, convirtiéndose en legislador.

Ya en otras ocasiones me he referido a lo que llamo el “golpe de estado” del Presidente Zedillo que por decreto desapareció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que unos días después reapareciese con notables modificaciones. A riesgo de ser reiterativo para quien ya lo conoce y quizás de ser obtuso (como decía León Felipe) para los que carezcan de algunos antecedentes, merece la pena señalar que antes de la reforma zedillense, la Suprema Corte se integraba por cuatro salas que eran 5, porque a las originales que conocían de áreas especializadas se agregó una 5a auxiliar que tuvo la finalidad de ayudar a desahogar el cúmulo de asuntos pendientes por resolver y terminó tan atiborrada y lenta como las otras 4.

En gran parte la acumulación se derivaba del hecho de que la Corte en México tenía una doble función: por una parte se convertía en revisora de las sentencias dictadas por los tribunales ordinarios a través del juicio de amparo directo lo que se conoce como casación y por otra su función mas delicada que era la de ser un tribunal constitucional que asegurara el cumplimiento del máximo ordenamiento por las diferentes autoridades del país. Desde luego que existían filtros y regulaciones de competencia que buscaban que a la Corte llegaran sólo los asuntos de trascendencia para la vida jurídica del país, aunque tenía la llamada facultad de “atracción” que le permitía ordenar a los tribunales federales que le remitiesen los expedientes que revistieran características importantes o delicadas.

La reforma de Zedillo redujo a dos salas de 5 ministros cada una la integración de la Corte y redujo también su competencia dejando para los tribunales colegiados de circuito la revisión de sentencias definitivas de los tribunales ordinarios, la función de casación, para dejarle exclusivamente su función de tribunal constitucional. En otros países, particularmente los europeos que siguen un modelo centralista, existen los dos grandes tribunales: uno de casación y otro constitucional. El modelo mexicano permite que la Corte que es tribunal constitucional eventualmente atraiga algún asunto de tribunales de circuito que revista interés jurídico particular.

En repetidas ocasiones la agrupación de Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas han planteado la conveniencia de que desaparezca la función de casación por parte del Poder Judicial de la Federación por estimar que los órganos de los estados realizan correctamente esa función y el hecho de la revisión por el poder federal, cuestiona la correcta aplicación de justicia por los tribunales superiores estatales. Al respecto recuerdo una reunión con el entonces presidente de la Corte, Ministro Genaro Góngora Pimentel, en que en un pequeño grupo de abogados se le planteó la cuestión. El ministro contestó con una anécdota: recordó que fue invitado por un Gobernador (no dijo de donde) para la inauguración del Palacio de Justicia (no era de Aguascalientes) y después de la inauguración el Gobernador le dijo, presentándole a los magistrados que integraban el Tribunal Superior: “Estos son mis muchachitos y para que no se peleen ya decidimos en que forma se van a turnar la presidencia. Primero va mengano, luego sutano y al final perengano”. “Eso, agregó Don Genaro, me convenció de que aún no era tiempo de desaparecer el amparo directo o amparo casación”.

La sustitución de los ministros también reviste peculiaridades especiales. En el siglo antepasado, hubo etapas en las que los jueces eran electos por el voto directo de los ciudadanos. En algunos países este sistema persiste. En México incluso se estableció constitucionalmente que a la falta del Presidente de la República, sería sustituido por el Presidente de la Suprema Corte, lo que le daba un interés político adicional. Benito Juárez fue Presidente de la Corte y luego Presidente de la República. A su muerte fue sustituido por Sebastián Lerdo de Tejada que era Presidente de la Corte. Luego el constituyente de 1917 consideró que no era conveniente que los ministros tuviesen algún incentivo político y que era peligroso la existencia de un vicepresidente (quizás por no despertar intereses insanos).

Ahora el mecanismo de designación de los ministros conjunta al Presidente de la República y al Senado. El Presidente tiene la facultad de integrar una terna por cada una de las vacantes, que pondrá a consideración del Senado. El Senado puede elegir uno de la terna o estimar que ninguno de sus integrantes reúne las cualidades suficientes para ser ministro, en cuyo caso el Presidente tendrá que integrar nuevas ternas. Si de las nuevas ternas el Senado considera que ningún integrante es adecuado para el cargo, entonces la facultad de designar al ministro regresa al Presidente de la República.

El sistema como se ve, involucra a dos poderes del estado. En otros tiempos, no tan lejanos, la intervención del Senado hubiera sido de mero trámite. Ahora en nuestro país, los mecanismos de control entre poderes han empezado a transparentar las decisiones. Nada menos hace unos días, el Senador Raúl Cervantes, quien había solicitado licencia en el Senado y se perfilaba en opinión de expertos para ser integrante de una de las ternas que presentaría el Presidente, por la presión política y la de los medios de comunicación, se vió impelido a regresar al Senado. ¡Lástima! porque es un jurista sólido, un hombre mesurado y un académico respetable.

La moneda está en el aire y la presión de la opinión pública hace que el Presidente de la República se vea en la necesidad de integrar las ternas no solo atendiendo a criterios de capacidad jurídica sino también, de cuestiones de género, de orientación política y de solvencia moral. No podrá repetirse el caso Medina Mora (último ministro en entrar a la Corte por la decisión presidencial) y, estoy seguro, será para bien.

bullidero@outlook.com           bullidero.blogspot.com           twitter @jemartinj