En su momento ocupó los titulares de los medios de comunicación ante el rechazo de los empresarios de contribuir con otro gravamen, pero finalmente perdieron la batalla y el Impuesto sobre la Nómina (ISN) lo pagan todos los empleadores, sin importar el número de trabajadores que ocupen.

El argumento del sector privado fue que destinaba más del 40% de sus ingresos en impuestos, por lo que otro más afectaría la planta productiva, pero en la LIX Legislatura del Congreso del Estado desoyeron sus reclamos y finalmente, en una sesión que contó con la presencia de la cúpula empresarial, que buscaba hacer presión para que no se decretara, fue aprobado y el cual tiene casi una década en vigencia.

En los primeros cinco años de la actual administración estatal se duplicó la captación, respecto a lo obtenido por la anterior, al pasar de 240 millones a 600 millones de pesos, como resultado del dinamismo económico que se registra ante la apertura de nuevas empresas.

Este impuesto local grava el pago que reciben los trabajadores en dinero o en especie, respecto a sueldos, salarios, tiempo extraordinario, bonos, primas de antigüedad, comisiones, ayudas y todo aquello que incluya cualquier aportación que haga el patrón por la relación laboral, lo que es obligatorio para las personas físicas o morales que en su carácter de patrones realicen pagos por la realización de un trabajo.

La oposición a que se implantara el ISN llegó al grado que acabó por fracturar al grupo legislativo del Partido Acción Nacional, que por primera ocasión era mayoría absoluta, lo que se demostró en la sesión del 27 de diciembre de 2006 cuando 10 legisladores de esa fracción secundaron al presidente del Congreso, Jesús Santana García, quien decretó un receso para reanudar la sesión al día siguiente a las 9 horas, en un afán de frenar o cambiar el contenido de los decretos, pero el vicepresidente Gerardo Arenas García, del PRI, dispuso que continuara la asamblea con los 15 que estaban presentes, que sancionaron un paquete de reformas turnadas por el gobernador Luis Armando Reynoso Femat.

El asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero de 2007, al promover los 10 diputados panistas la acción de inconstitucionalidad en contra del propio Congreso del Estado y el titular del Poder Ejecutivo, sin embargo el 7 de agosto el máximo tribunal del país dio por válidos los acuerdos.

En síntesis, esa es la historia del Impuesto Sobre la Nómina, que después del tiempo transcurrido ya son pocas las voces que se inconforman, pero que al gobierno le ha servido para brindar apoyo a las empresas de menor tamaño, principalmente a las micro y pequeñas y de esta manera proteger el empleo y ampliar el sistema productivo.

En la información que aporta la Secretaría de Finanzas no precisa el número de empresas que han sido beneficiadas con ese impuesto ni cuántos empleos se han consolidado o creado, sin embargo con los 120 millones anuales que en promedio se ha recaudado en este sexenio seguramente que los negocios favorecidos han sabido aprovechar la oportunidad para crecer.

NO A LA CRIMINALIZACIÓN

La marcha de protesta que llevaron a cabo los médicos y enfermeras de hospitales oficiales y privados exige escuchar sus puntos de vista y ya no darle más largas a un asunto, lo que periódicamente atrae la atención pública cuando se les acusa de negligencia.

La pretensión es que no se criminalice la práctica médica y en contra de la violencia hacia los trabajadores de la salud por parte del crimen organizado, que en varias partes de la República los extorsionan, secuestran y que han llegado al asesinato.

Rechazan la reforma que propone el Ejecutivo federal para elevar la fiscalización de la práctica médica, al considerar que es una forma de criminalizar al personal de salud, ya que los errores que se cometen se debe a la insuficiencia de insumos, como medicamentos y a la falta de personal.

Uno de los médicos destacó que sólo se están haciendo iniciativas para criminarlos y responsabilizarlos de lo rebasado que está el sistema de salud, lo que será mayor con los recortes presupuestales de principios de año y del recientemente anunciado por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Añadió que en mayo el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión una iniciativa que propone la creación de la Comisión Federal para la Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención Médica, que se encargará de dar seguimiento a la calidad de los servicios de atención hospitalaria en el país y a la práctica de los médicos.

La creación del órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud provocaría quitar esta tarea a la Cofepris, además la propuesta presidencial pretende que la Comisión de Arbitraje Médico (Conamed) gestione directamente la atención a los usuarios de los servicios médicos que reporten negativas en urgencias o en la dotación de medicamentos, la facultad de realizar las investigaciones que se requieran y dar aviso a la nueva Comisión.

Al igual que en otras partes de la República, en Aguascalientes hay denuncias sobre presunta negligencia y que los quejosos hacen pública para presionar un fallo a su favor, al demandar la reparación del daño, sin embargo en las investigaciones que tienen lugar se comprueba que no hubo descuido o desatención, pero que al difundirse dañan el prestigio del o los médicos acusados y de las instituciones en la que prestan sus servicios.

También se solidarizaron con sus compañeros de los estados donde el crimen organizado los extorsiona o secuestra para que atiendan a alguno de sus miembros, obligándolos a guardar silencio de la atención que hicieron, o los rapta para exigir el pago de rescate, llegando al extremo de asesinarlos cuando los familiares no cumplen las exigencias.

Hay zonas en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán que los centros de salud no tienen médicos ni enfermeras, ya que nadie quiere trabajar en lugares donde su vida pende de un hilo y menos porque los gobiernos federal y locales no les brindan ningún tipo de protección, situación que afecta a millares de familias que se ven obligadas a viajar a las cabeceras municipales para recibir atención.

Lo que procede es que el gobierno y los diputados federales oigan sus planteamientos y que no sea sólo para salir del paso, sino en la búsqueda de encontrar soluciones que correspondan a la realidad que se vive. Es un sector de suma importancia para todos los habitantes, por lo que es el momento de ir a la mesa y razonar qué es lo que más le conviene al país.

IR MÁS ALLÁ

Las últimas semanas ha crecido el número de personas que solicitan la donación de sangre, que en algunos casos llega a las 20 unidades, lo que hace más dramática la situación por la que atraviesa el enfermo y sus familiares. Aunque hay quien ofrece hacerlo a quien lo solicite, como es el caso de Efrén Esparza, sería más eficaz crear un club de donadores, que tendría una lista de generosos, perfectamente identificados y dispuestos a acudir el día, la hora y el lugar que se indique. Cada año hay un día dedicado para ese tipo de altruismo y periódicamente el banco de sangre de alguna institución hace campañas para captar el líquido, pero hace falta ir más allá y tener un grupo que se ajuste a los requerimientos que exigen las autoridades para aceptarlos como donadores.