El comienzo del año escolar, que supone trae buenas vibras por aquello de lo que significa la nueva aventura en la vida de alumnos, profesores y padres de familia, no lo es para el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), que tiene tras de sí la exigencia de la concesionaria de aguas para que liquide 47 millones de pesos que presuntamente adeuda por el servicio que ha otorgado a las escuelas, y que en lo sucesivo pague mensualmente el consumo.

Es un asunto de varios años sin que se llegue a un acuerdo, debido a la negativa del IEA de reconocer el cargo, y donde Proactiva Medio Ambiente (CAASA) no quita el dedo del renglón, ya que no cree justo regalar el servicio a una entidad gubernamental.

Aunque nadie pidió su intervención, el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Francisco Ruiz López, opinó que el IEA debe pagar el agua en virtud de que recibe recursos de los impuestos, pero sin considerar los elementos jurídicos que convergen en este asunto, basándose sólo en cuestiones pueriles, como que “si no al rato no querrá pagar los mesa-bancos”.

Arguye que en Aguascalientes “es cara el agua, porque tiene un alto costo su extracción y conducción. Se debe cubrir el costo por parte de todos, hay que recordar al IEA que recibe recursos del impuesto de todos los mexicanos y los deben optimizar, y no esperamos que de ninguna manera se exima de sus responsabilidades”.

Lo que el líder de la Coparmex calló, o que ignora, es que CAASA recibe millones de pesos anuales en subsidios de los tres niveles de gobierno y que ese dinero contribuye a tener en buenas condiciones el sistema de agua y alcantarillado. Son fondos que salen de la carga tributaria que tienen los ciudadanos, constituyéndose en la única empresa privada mexicana que está en esta norma especial.

A partir de ayer entró en operación el amago de la concesionaria, de enviar el recibo de cobro a cada una de las 1,180 escuelas públicas para que salden cada mes el servicio, lo cual ha motivado que el Instituto de Educación anuncie que en cuanto tenga en su poder el aviso de pago, promoverá un amparo global para echar abajo dicha pretensión.

Considera que puede obtener el apoyo de la justicia federal teniendo en cuenta que en 2013 ocurrió algo similar y se logró que no procediera, aunque el asunto no quedó cerrado, ya que subsiste el reclamo para que aporte los 47 millones de pesos, que a estas alturas debe ser una cantidad mayor.

La autoridad educativa basa su fundamento en que no debe pagar un solo peso porque la ley así lo especifica, mientras que la concesionaria insiste en que debe hacerlo en función de los gastos que tiene para la extracción y distribución del líquido y el mantenimiento de la red.

Para el IEA la intención de CAASA tiene como fondo el hacerle pagar los platos rotos por el Congreso del Estado, el cual determinó que bajo ninguna circunstancia puede dejarse sin la cuota mínima del agua a los usuarios morosos, por ello, al considerar que dejará de percibir un ingreso, optó por exigir a las instituciones educativas públicas el pago.

Sobre el particular, es importante que el juez federal que conozca de la causa tenga en cuenta las razones que tuvo CASSA para no cobrar durante 18 años esa prestación y de pronto, en 2013, lo haga, con el argumento de que nadie debe quedar dispensado, incluyendo la educación y el sector salud.

De llegar a concederse la razón a la concesionaria tendría que destinarse una cantidad extra al presupuesto del IEA y para 2016 incluirlo en el gasto anual, porque solicitar una aportación a los padres de familia sería retroceder en el propósito de eliminar las cuotas obligatorias y anular el enunciado constitucional de que la educación es gratuita.

COBRO DE FACTURAS

Aunque su planteamiento sea uno más para el Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente del comité del PAN, Paulo Martínez, no desaprovechó la ocasión para dar un raspón a los consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Aguascalientes, exigiendo que ninguno quede en la conformación del Organismo Público Local (OPL) que entrará en funciones a principios de septiembre.

Desde que se dio a conocer el interés de los actuales funcionarios por ser tomados en cuenta, de inmediato el dirigente sacó a relucir sus fobias, reprobando su trabajo. Según él, actuaron de manera sesgada, lo que influyó “de manera negativa” en diversas denuncias que presentó contra el Partido Revolucionario Institucional.

Para él todo estuvo mal, al grado que “todas las sentencias y acuerdos que se han emitido por parte del órgano electoral desde el año 2010 a la fecha, han afectado a Acción Nacional y se toman consideraciones con el Revolucionario Institucional, y creo que esto resta garantía a los procesos electorales”.

Lo que no mencionó es que los consejeros que calificaron las elecciones de 2010, en que el PAN perdió casi todo, fueron los mismos que lo hicieron en 2013 cuando ganó los tres municipios más poblados del estado y varias diputaciones, esto demuestra que su gestión ha estado apegada a la ley. En los casos donde hubo controversias, se zanjaron en los tribunales y fueron por razonamientos jurídicos, como ocurrió hace cuatro años con el registro del candidato a gobernador Martín Orozco, que tenía un asunto pendiente en un juzgado y se consideró que no podía competir, lo que para los magistrados del Tribunal sí era posible, en función de que no había sentencia y pudo participar.

Lo cierto es que quienes queden al frente del OPL encontrarán resistencia de los que no tienen confianza de lo que hacen, por lo tanto, siempre tendrán a quién culpar de sus debilidades y torpezas, cuando lo que se espera es que se preparen para ganar, y no que de antemano tengan las querellas listas.

FRENO AL CRECIMIENTO

El desarrollo de una sociedad se finca en tener empresas en constante evolución y esto se logra acopiando una serie de elementos, entre ellos contar con créditos bancarios, los cuales es una verdadera odisea obtenerlos debido a las condicionantes que imponen las instituciones.

Asegura Jorge Gómez González, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), que la banca mexicana no quiere ir a la par que los emprendedores, toda vez que pide garantías de tres a uno, lo que difícilmente pueden cumplir micro, pequeños y medianos empresarios.

México atraviesa por una etapa muy difícil, que exige la participación abierta y decidida de todos, principalmente de quienes pueden producir capital y generar empleos, para ello se requiere encontrar el respaldo de los que poseen el capital, que entiendan que deben formar parte del círculo virtuoso con el cual se logre producir riqueza en el que todos salgan ganando.

Lo que ocurre actualmente está fuera de orden, al exigir condiciones exageradas para otorgar un préstamo y cobrar altas tasas de interés que complican más las cosas, poniendo un alto a cualquier intento de hacer realidad un proyecto, sea nuevo o de ampliación, por lo que el dirigente urgió a que sean flexibles en los requisitos y formen parte de un nuevo amanecer en la creación de negocios.

La única vía para salir adelante de los momentos que se viven, es promover juntos –bancos y empresarios– el crecimiento económico que demandan las circunstancias, lo que ojalá encuentre eco a nivel local y nacional.