Hay demandas sociales que difícilmente se pueden soslayar como la seguridad, el empleo y mejor ingreso, pero hay una que supera a todas y que se refiere al combate y erradicación de la impunidad, porque de ahí parte la solución de las demás.

Existe la certeza que acabándose el abuso, la arbitrariedad, el despotismo y todo aquello que afecta a los ciudadanos, se tendrán los recursos suficientes para atender las necesidades colectivas, teniendo en cuenta que de peso en peso que se pide aquí y allá para hacerse disimulado o para atender un trámite, hasta las grandes cantidades que –se afirma– paga la delincuencia para no ser molestada, es más que suficiente para tener un país en mejores condiciones.

Aunque hay estudiosos que apuntan hacia el pasado remoto como el origen de la inmoralidad, por lo que, supuestamente, el mexicano debe resignarse que sea así ya que es parte de su código genético, lo cierto es, como en todas las sociedades y en todos los tiempos, que hay personas positivas y negativas, de manera que no se puede culpar a la génesis de lo que sucede.

Lo que hace falta, en todo caso, es reconocer que hay una situación anormal y como cualquier tumor maligno se debe combatir.

Hay quienes creen que con proclamas se ataca la perversidad, como aquella que propaló el Partido Acción Nacional en la pasada campaña electoral federal de acabar con los deshonestos y que retomó un ex diputado, quien pedía darle un puntapié “en el trasero” a los corruptos, misma que recientemente puso en auge el Comité Ejecutivo Nacional en las radiodifusoras.

El mismo partido tuvo la oportunidad de haber dado el ejemplo en el último año del liderato de Gustavo Madero y de Ricardo Anaya como secretario general y luego de presidente interino, cuando se destapó la cloaca de los “moches” que hasta obligó a crear una comisión especial para investigar y castigar en su caso a los culpables, pero todo quedó en una llamarada de petate, por lo que aquello que documentaron los medios de comunicación pasó a ser un capítulo más del anecdotario político. Si hubo o no responsabilidad de quienes se mencionó por nombre y cargo, tanto de diputados federales como de alcaldes y ex presidentes municipales, quedó sepultado en la maraña de declaraciones que a favor y en contra se vertieron.

Se recurre a evasivas para eludir cualquier compromiso, como esa de que los medios informativos no son agencias del ministerio público y tampoco hubo una denuncia formal, por lo tanto no había por qué proceder; sin embargo, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República y los partidos políticos son receptivos a cualquier denuncia ciudadana, dándole igual validez que si se tratara de un hecho comprobado y hasta se forman comisiones para exigir respuestas de las autoridades.

En este sentido se inscribe la reivindicación de los constructores para que los contratos de obra pública dejen de ser selectivos y todos tengan opción de obtenerlos, con base en licitaciones o concursos que ganen aquellos que presenten mejores condiciones, tanto en proyecto arquitectónico, calidad de los materiales y precio como en tiempo de terminación.

Ya lo dijo el arquitecto Mauricio Rocha: hay falta de transparencia por lo que la asignación es a unos cuantos, con base en el compadrazgo, afinidad o amistad con los políticos en turno, al grado que se estima que “por moches” se va entre el 30 y 40% de los proyectos.

“Esto habla de que las cosas se están dando de una manera que no es legal; hay un diseño para la obra pública, sobre todo, sea por concurso, de manera leal y legal y no está pasando, nunca ha pasado, qué curioso que quede en manos de los mismos. Ante esto lo único que queda es que la sociedad misma lo reclame, lo cuestione y genere sistemas de vigilancia”.

Consideró que es necesario actuar de manera más responsable en las secretarías y direcciones que se encargan de ejecutar las obras, mediante contratistas, “tenemos que hacer algo para lograr que esto cambie; los únicos que lo pueden lograr son los propios ciudadanos, eligiendo bien por quién vota, y si finalmente lo hicieron por alguien que no está haciendo bien las cosas, exigir que dé más, así debe ser”.

Erradicar esa cultura no es fácil al ser una costumbre muy arraigada, sin embargo, como lo señala el arquitecto Rocha, se puede lograr si la sociedad impulsa el cambio y obliga a las autoridades a ceñirse a lo que ordena la ley, con lo que aquellos que creen que un puesto público es para enriquecerse en cuestión de tres o seis años que le busquen por otro lado, porque muy cerca puede haber una vigilancia popular.

EL 6 DE DICIEMBRE

Aunque parezca repetitivo, es necesario recordar que el primer domingo de diciembre tendrán lugar las elecciones extraordinarias de diputados federales en los diez municipios fuera de la capital, que comprende el Distrito 01, porque tal parece que a los aspirantes a la gubernatura, presidencias municipales y diputados locales se les olvida, lo minimizan o les vale.

Su atención se concentra en el proyecto personal y aunque afirman que están comprometidos en colaborar para que su partido gane el 6 de diciembre, en los hechos no le dan importancia, sin entender que, en el caso de los que andan tras la silla mayor, son casi 108,000 votos que son más que suficientes para triunfar, por lo que incluso pueden contribuir con sus correligionarios y de paso ayudarse a sí mismos.

Podría entenderse que los habitantes del municipio de Aguascalientes vean distante dicha elección, puesto que a ellos no les atañe directamente, pero sí es de manera indirecta, porque quien gane en diciembre dará un paso muy importante para lo que suceda en junio de 2016, de manera que aun cuando no estén en los comicios a diputados federales les debe concernir el desarrollo del proceso y el resultado.

A poco más de un mes que tengan lugar, los candidatos trabajan para atraer la atención del electorado, que por su parte debe estar consciente de lo que está en juego, como es la elección de su representante ante el Congreso de la Unión, cargo que, vale recordarlo, ganó en las urnas Gregorio Zamarripa Delgado, del PRI y que por una cuestión ajena a él se anuló, triunfo que ahora busca revalidar, aunque ahora en condiciones distintas.

También es trascendental que se tenga en cuenta que votarán sólo los que estuvieron en la lista de electores del 7 de junio, con lo que se evitará las fullerías, que se menciona, fueron parte de la historia negra de las elecciones al cambiar (temporalmente) de domicilio para hacer ganar a quien realmente no tenía el arraigo suficiente ni el apoyo popular.

Ojalá se entienda que primero es el 6 de diciembre de 2015 y después la elección de junio de 2016, para que todas las actividades se fijen ahora en los diez municipios.

DENUNCIA RECURRENTE

Hay oficinas en el sector público que aplican la máxima salinista: “No los veo ni los oigo”, por lo que puede haber gritos y sombrerazos y nada ni nadie los obligará a modificar su actitud. Por enésima ocasión, el líder estatal del Sindicato Nacional de Jubilados y Pensionados por el Estado FSTSE, José Manuel Rosales Cortés, señaló que deben demandar para que les otorguen el bono de despensa y la previsión social múltiple, establecidos en los conceptos 02 y 03, respectivamente. Un derecho dispuesto en la ley que no se cumple, por lo que deben ir a los tribunales y esto, además de lo que significa en dinero y tiempo, es, a todas luces, injusto ya que nada de eso debiera suceder si les entregaran lo que les corresponde. Algo que no entienden en las oficinas centrales es que un día pasarán a condición de retirados y entonces pueden sufrir los efectos de su inconsecuencia.