Trabajar en el sector público exige disciplina, conocimiento, respeto y sobre todo, entender que sin importar el lugar que cada quien ocupe en la escala jerárquica, está para servir por igual a todos los ciudadanos, olvidándose de partidos, colores, siglas y dogmas, lo cual asegura brindar atención integral.

Por lo anterior es plausible que el gobernador José Carlos Lozano de la Torre y el presidente municipal de Aguascalientes, Juan Antonio Martín del Campo, determinen trabajar coordinadamente, haciendo a un lado su militancia personal -priista y panista, respectivamente-.

Es del pleno conocimiento que la ciudad capital registra casi el 80% del total de los habitantes, lo que exige mayor atención de la administración estatal, pero no debe darse en una competencia de ver quién hace más obras y servicios, o supera los programas culturales, deportivos y recreativos del otro, sino mediante una combinación de esfuerzos para que se cumpla la regla de oro de “hacer más con menos”, esto es, aprovechar al máximo las inversiones para que sea mayor el beneficio colectivo.

Bajo este marco se dio la reunión entre ambas autoridades, asumiendo el objetivo de hacer de Aguascalientes un modelo de organización gubernamental, que se vea en la solución de los asuntos que presentan los habitantes y permita ampliar los apoyos a inversores locales, nacionales y extranjeros, para que eleven su participación en la economía y continúen creando fuentes de empleo.

Lozano de la Torre aseguró que al ratificar esta relación se envía un mensaje a la sociedad, de que en ambos palacios hay concordia para resolver los asuntos públicos y aprovechar “este gran momento que vive nuestra entidad, que se ha posicionado como líder nacional en desarrollo”.

A su vez, Martín del Campo dijo que el ayuntamiento está interesado en ofrecer mayores facilidades a los empresarios para que se instalen o amplíen sus negocios, para ello trabaja intensamente en mejorar la infraestructura y la seguridad pública y crear espacios para el desarrollo de niños, jóvenes, adultos y personas mayores.

Como parte de ese ejercicio, el gobierno del estado llevará a cabo compromisos similares con los otros 10 alcaldes, ya que en cada lugar hay particularidades que se deben atender juntos para ir más rápido en su aplicación.

¿Y AHORA QUÉ?

Sí, ¿qué va a pasar con los políticos, sus partidos y los candidatos que tienen como pasatiempo atacar a la autoridad que no es de su ideología y defender a la propia? Quienes leen o escuchan lo que dicen uno de otros, saben que todo es según el cristal con que lo miran y la mordacidad o la benevolencia que utilizan.

Los dirigentes partidistas acostumbran lanzar toda clase de dicterios a los de “enfrente” y como acto reflejo hacen lo propio los respectivos candidatos y candidatas a una diputación federal, bajo la creencia de que alabando o destruyendo atraen el voto. Nada más falso, puesto que los ciudadanos no comulgan con ruedas de molino.

Bajo ninguna circunstancia se trata de que oculten o callen los problemas sociales, porque eso los haría cómplices, por el contrario, que los ventilen, que los hagan saber acompañados de información irrefutable y de una posible solución.

Es difícil esconder la pobreza extrema que viven miles de familias en el estado, el desempleo, que aun cuando es menor que hace cuatro años, sigue latente, los bajos salarios y los miles de “ninis” (que ni estudian ni trabajan), entre otras angustias sociales, que es a donde deben enfocar toda la energía y disposición quienes tienen una estabilidad laboral y económica.

Los políticos están obligados a ser congruentes con la doctrina de sus partidos, que en forma general pugnan por el bien de todos. En lugar de desgastarse con mensajes y compromisos que nadie les cree, deben aventurarse en elevar las condiciones de vida de todos los habitantes, a partir de lo que hay y lo que pueden lograr, lejos de las fantasías que pregonan.

Con el ejemplo que han dado sus mayores deben actuar razonablemente y llevar la fiesta en paz para elevar la calidad del compromiso, la discusión y el análisis, lo que de ocurrir convertiría a esta entidad en ejemplo nacional.

ESGRIMA FUTURISTA

Un adelanto de lo que puede suceder en 2016 tuvo lugar el jueves pasado en la Cámara de Senadores, entre el priista Miguel Romo Medina y el panista Fernando Herrera Ávila, al defender la posición de sus respectivas bancadas, en relación a la falta de acuerdos para designar al reemplazante del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), discusión que terminó con el abandono de los panistas y la suspensión de las demás iniciativas.

Como se sabe, ambos se mencionan como aspirantes al gobierno de Aguascalientes, por lo que todos sus movimientos están bajo el escrutinio público. El miércoles 29 de abril era el penúltimo día del periodo ordinario de sesiones y en el orden del día estaba la aprobación de la reforma constitucional en materia de desaparición forzada de personas, para la cual estaba ya “planchada”, como se conoce en la terminología legislativa los asuntos que previamente tienen el apoyo unánime o por mayoría.

Al momento que el presidente de la mesa directiva, Luis Sánchez (PRD), iba a levantar la sesión, el coordinador de los senadores panistas, Fernando Herrera, pidió la palabra para leer una tarjeta desde su escaño: “No podemos bajo ninguna circunstancia, dejar incompleta la Sala Superior (del TEPJF) por cálculos e intereses partidarios. En consecuencia, el grupo parlamentario del PAN se retira de esta sesión, para dar espacio al PRI a rectificar en su posición de no discutir y votar este nombramiento”.

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Miguel Romo, respondió: “Los priistas continuamos buscando el consenso (entre ellos), para asumir esa responsabilidad”, mientras que la senadora del PRD, Angélica de la Peña (que también representa a Aguascalientes), pidió que se alcance los acuerdos necesarios a la mayor brevedad.

Más tarde, Romo Medina reiteró que “las propuestas siempre deben tomar el tiempo y madurez que se requieren” y rechazó que sea un chantaje la actitud panista, “simple y sencillamente es una postura. Nuestra posición es seguir trabajando”, y respecto a las consecuencias que pueda provocar la falta de un magistrado en el Tribunal, aseguró que “no pasa nada”.

Al dejar el recinto, los panistas amagaron con no presentarse al día siguiente para la última sesión, de no haber un cambio en la actitud de los priistas, y como no la hubo, no acudieron a la jornada de clausura, por lo tanto, quedó sin aprobar no sólo lo del magistrado electoral, sino la reforma a la desaparición forzada de personas, la Ley Ficrea para que un grupo de ahorradores defraudados reciba un apoyo único de recursos públicos, 25 ratificaciones de nombramientos y alrededor de 20 temas de diversas comisiones.

Es casi seguro que Romo Medina y Herrera Ávila estén en los escenarios del año próximo, para lo cual ya dieron una probadita, con Angélica de la Peña dispuesta a entrar en la puja, en la que también se apuntan la exalcaldesa Lorena Martínez Rodríguez y el también senador Martín Orozco Sandoval, situación que generará que a finales de año y principios de 2016 el ambiente esté de lo más candente.

JUSTICIA PARA TODOS

El gobierno está en la determinación de hacer que la justicia formal sea accesible y útil a todos los habitantes, en que no haya rincones para la ilegalidad, impunidad, corrupción y abuso, pronunciándose el presidente Enrique Peña Nieto por cambiar este tipo de escenarios que han primado por décadas.

En la ceremonia que tuvo lugar en el Museo Nacional de Antropología, académicos del Centro de Investigación y Docencia (CIDE) y de instituciones educativas y de justicia entregaron al mandatario 217 propuestas con 20 acciones inmediatas para elevar la justicia habitual.

“Recibo oficialmente el resultado de los foros, analizaremos a profundidad las propuestas. En el Ejecutivo federal habremos de instrumentar recomendaciones de política pública y las propuestas de reforma que se determinen prioritarias. Se trata de resolver juntos problemas añejos que hoy parecen ser parte inevitable de nuestra diaria realidad. Ha quedado claro que la sociedad mexicana ya no está dispuesta a resignarse ante las injusticias”, afirmó.

Hizo mención de que este documento es parte del decálogo en materia de seguridad que presentó el 27 de noviembre de 2014 y que mantiene su compromiso de entregar al Congreso las iniciativas necesarias para mejorar la justicia global.

Una vez que se consiga ese objetivo, dijo, un menor podrá tener una pensión alimenticia adecuada, que una trabajadora no sea despedida por estar embarazada o que el dueño de un negocio no sea acosado por inspectores abusivos para que pueda trabajar.

Peña Nieto pidió al consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, coordinar los trabajos necesarios para hacer realidad y efectivos los planteamientos que recibió del CIDE, entre ellos, aplicar la justicia oral en materia mercantil y modelos de justicia en barandilla para hacer accesible a la población mecanismos de resolución de conflictos.

Cabe recordar que en noviembre, el gobernante pidió este diagnóstico al CIDE como parte de su plan contra la inseguridad y que incluye la propuesta legislativa de mando único en los estados, que en algunos ya se cumplió y en otros está en proceso.

El director del Centro de Investigación y Docencia Económica, Sergio López Ayllón, refirió que los mexicanos enfrentan procesos largos y onerosos en materia de justicia, además de servicios de representación jurídica inciertos y de mala calidad y sentencias incomprensibles e inejecutables, lo que convalidó Ana Laura Magaloni, investigadora del centro, al citar que la demanda de justicia insatisfecha es una realidad insoslayable, por lo que una forma a la justicia cotidiana no puede demorarse.

Entre los planteamientos que se hacen, resaltan una estrategia de comunicación para una cultura de derechos; que el Inegi y la Cofemer generen un instrumento para medir la calidad regulativa; que SFP y Consejería Jurídica faciliten solución de conflictos con las administraciones; que la Profeco priorice un sistema de protección al consumidor con el uso de tecnologías; que la Cofemer, la Conatrib y la Conago aceleren la oralidad en materia mercantil; crear una Defensoría del Emprendedor; fortalecer programas de INM, la SEP y la SER, para reinsertar a migrantes; mejorar condiciones de operación de los sistemas de justicia federal y estatales; medidas para reducir la marginación jurídica, como las personas sin documentos oficiales.

También se propone ampliar mecanismos alternativos de solución de conflictos con apoyo de Conatrib, Segob y CNDH; desarrollar y distribuir manuales de protocolos de actuación para autoridades escolares; crear modelos de justicia, de barandilla y jueces itinerantes; incorporar el modelo de policía de proximidad, que resuelva conflictos sencillos; que el Ejecutivo federal convoque a una instancia que diseñe, programe y evalúe el acceso a la justicia; centros de asistencia jurídica temprana que orienten, canalicen y apoyen con información; revisar los programas de formación de abogados y la regulación del ejercicio; revisar operación de las juntas de conciliación y arbitraje; revisar el modelo de justicia familiar, y considerar coordinación de temas de justicia de la Administración Pública Federal y en los estados.

REVÉS A LA JUSTICIA

La liberación de catorce individuos acusados de formar parte del Cártel del Golfo que cumplían sentencias de 10 años de prisión, a quienes se les arrancó la confesión y autoinculpación mediante torturas, corroboró lo revelado por el CIDE, de que en México hay procesos plagados de irregularidades que concluyen con fallos injustos.

Se determinó que la policía de Guanajuato obtuvo sus confesiones mediante tormento, lo que obligó a José Montes Quintero, magistrado del Tercer Tribunal Unitario de Jalisco, a ordenar la liberación inmediata de los incriminados, tras cinco años y diez meses de encierro, al establecer que la PGR no pudo probar que sus confesiones fueran lícitas.

El mismo magistrado Montes Quintero fue quien dictó la sentencia contra los acusados por el delito de delincuencia organizada y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, pero tras diversos amparos concedidos por el Tercer Tribunal Colegiado de Jalisco, revocó el veredicto, ordenando el auto de libertad al concluir que “de las constancias narradas con anterioridad, se desprende que los acusados fueron golpeados, sin que el Estado haya demostrado que fue voluntaria la confesión que rindieron ante el Ministerio Público del Fuero Común, en Guanajuato”.

El asunto radica en saber cuántos casos como ése habrá en el país, lo que obligaría a una revisión integral de los juicios, que por lo voluminoso no es una tarea fácil, pero debe hacerse como parte de la asepsia obligada en materia de justicia. No puede haber borrón y cuenta nueva mientras exista la presunción de inocentes en los penales federales y estatales.

ESCUDO ANTICRISIS

El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, aseguró que el país está preparado para hacer frente a una tormenta económica, al haber un acumulado de 270 mil millones de dólares, lo que permitirá enfrentar cualquier adversidad que pueda haber con la posible salida de capital extranjero y el menor precio del petróleo.

Dijo que las reservas internacionales han aumentado en 120 mil millones de dólares desde 2008 y México tiene una línea de crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que da un total de 270 mil millones para cualquier emergencia.

“Nos hemos venido preparando para este momento desde 2008 o desde 2009, cuando se inició esta crisis global”, afirmó ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, aludiendo a que en los próximos meses o años, la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos subirá sus tasas de cero a rangos más elevados, lo cual estimó que “puede generar la salida de capitales que vinieron a México y puede tener el impacto en la inflación y el tipo de cambio”. Para evitar la fuga de capital se requiere acelerar el crecimiento con la aplicación de las reformas y reducir el riesgo al país, recomendó.

SEDESOL EN LA MIRA

Se había tardado, pero finalmente la oposición sacó los morteros contra la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que encabeza Rosario Robles Berlanga, al asegurar el senador experredista y hoy “independiente”, Alejandro Encinas, que hay un presunto desvío de 500 millones de pesos de los programas sociales en el estado de Veracruz.

De manera paralela, el candidato del PRD al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles, acusó a esa dependencia de usar recursos públicos con fines electorales, no obstante, no presentará una denuncia formal, lo que hace es “el llamado a los delegados federales a que no se metan, que dejen que se desarrolle la elección de acuerdo a las reglas establecidas”.

Aureoles reiteró que “no tengo ninguna denuncia ni la voy a hacer. Simplemente es alertar de que no están los tiempos para hacer eso […], andan en varios municipios de Tierra Caliente, con este programa de Barre tu Calle. Les dan 1,640 pesos por 10 días para que vayan a barrer la calle y ahí les dan orientación (política y electoral)”.

Para Encinas, el delegado en Veracruz, Marcelo Montiel, es el responsable directo de lo que ocurre: “Se trata de esquemas de fraude muy elaborados y especializados, donde se genera una gran cantidad de documentos para encubrir el desfalco”, datos que según él fueron proporcionados de manera anónima y dejados en su oficina, en que aparecen testimonios del probable desvío de recursos, por lo que luego de hacer un análisis y cruzar información, concluyó que “existen elementos suficientes que permiten acreditar cómo opera el desvío de recursos públicos a favor de un partido político”.

Robles Berlanga, que en su tiempo como miembro del PRD encabezó el Comité Ejecutivo Nacional y el gobierno del Distrito Federal, es objeto de ataques de todo tipo de sus excompañeros de partido y de otros organismos. Desde que tomó posesión en diciembre de 2012, ha estado en el ojo del huracán, al grado que el presidente Enrique Peña Nieto le sugirió no hacer caso a las críticas que recibe.

“Yo le decía (a Rosario Robles) y también lo he dicho al expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva: Rosario, no te preocupes, hay que aguantar, porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes les ocupa y preocupa la política y las elecciones, pero nosotros, este gobierno, tenemos un objetivo claro, que es acabar con el hambre. Que sigan criticando las acciones, porque a otros les ocupan las elecciones, a nosotros nos ocupa y nos comprometemos con el hambre en México.”

Esas palabras fueron pronunciadas el 20 de abril de 2013 en Zinacantán, Chiapas, en el arranque del Programa Nacional contra el Hambre, luego de la denuncia del PAN por el presunto uso electoral del programa en Veracruz, por lo que ahora que los perredistas saltaron a la palestra podría reeditarse la recomendación presidencial.

GUERRERO, UN POLVORÍN

Un revoltijo de intereses políticos, sociales y económicos priva en el estado de Guerrero, azuzados por grupos que les conviene la situación en que prima la ley del más fuerte. Es evidente la fragilidad del mando gubernamental y esto lleva a que los alcaldes hagan mutis para no ser arrastrados a la vorágine de la violencia, dejando inermes a los habitantes en general.

La ola de vandalismo ha llegado al extremo que tan sólo en Acapulco se registraron 100 asesinatos en el mes de abril, cuando el promedio mensual en los tres meses precedentes fue de medio centenar. El último día de abril se reportó la muerte de 10 personas, entre ellos un elemento de la Marina. Las condiciones que prevalecen se dan no obstante que se han desplegado más de 1,500 policías federales y de la Gendarmería Nacional, que se encuentran en el puerto desde noviembre de 2014. A lo anterior se suman seis hombres y dos policías estatales, que murieron en un enfrentamiento en una carrera del municipio de Igualapa, en la Costa Chica.

Mientras los distintos grupos de la delincuencia organizada pelean por la plaza, Rogelio Ortega Martínez fue ratificado por el Congreso del Estado como gobernador sustituto, luego de que el titular, Ángel Aguirre Rivero, solicitó licencia definitiva. Durante varios días se manejó la posibilidad de que habría otro en lugar de Ortega, sin embargo, el 27 de abril pasado, el pleno legislativo aprobó por 27 votos a favor y 17 en contra que continúe en el cargo hasta el 27 de octubre. Ortega rindió protesta el 27 de octubre tras la licencia temporal de Aguirre y que al cumplirse el plazo optó por hacerla irreversible. Uno de los principales compromisos del mandatario sustituto aquel 27 de octubre fue que para enero de 2015 ya estaría pacificada la entidad, lo que obviamente no se cumplió.

A la par que se llega a los acuerdos políticos, en la capital Chilpancingo continúa la violencia de profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y de estudiantes y padres de los 42 normalistas desaparecidos. Al cumplirse siete meses de los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre, incendiaron tres vehículos repartidores adentro del estacionamiento del Congreso estatal y dos más afuera del edificio. Exigieron la presentación con vida de los jóvenes, la entrega de plazas a los egresados de las normales y la cancelación de las elecciones estatales del 7 de junio.