Ángel Charles, Daniel Reyes y Juan Carlos Rodríguez
Agencia Reforma

MONTERREY, NL 10-Ago .- Tras comparecer durante 14 horas ante un juez estatal, el ex Gobernador Rodrigo Medina fue vinculado ayer a proceso, pero sólo por uno -el más leve- de los tres delitos que le imputaba el Estado.
Además, al estar vigente una suspensión provisional en contra de la prisión preventiva, arraigo y la privación de la libertad, el juez rechazó implementar medidas cautelares contra Medina, pese a que la Fiscalía propuso la prohibición de salir del País y presentarse periódicamente.
Por primera vez, un ex Gobernador de Nuevo León fue acusado ante un juez por presuntos actos de corrupción al otorgar incentivos fuera de la ley para la instalación de la armadora coreana Kia.
Pero el juez sólo reconoció como válido para procesarlo el delito de ejercicio indebido de funciones, y lo libró de los de peculado y daño al patrimonio del Estado.
Al formular la imputación, la Fiscalía Anticorrupción señaló que el ex Ejecutivo participó como inductor de los delitos, presentando declaraciones de Rolando Zubirán, ex titular de Desarrollo Económico, y Juan Francisco Livas, ex titular de Fidecitrus, que aseguraban que Medina promovió en reuniones el proyecto automotriz.
Pero esto fue desechado por el Juez de Control Jaime Garza Castañeda en una maratónica audiencia, que duró de las 9:00 horas a las 22:41 horas y que incluyó cuatro horas de receso y dos apagones de luz.
Garza aseguró que el ex Mandatario sí participó con reuniones para promover la instalación de Kia en Pesquería, pero no indujo al resto de los funcionarios a actuar.
“No está justificada la participación de Rodrigo Medina a título de inductor”, aseguró el juez.
“No se advierte que haya dado instrucciones para que se hiciera los ilícitos”.
El ex Gobernador priista se mostró incómodo al estar sentado en el banquillo de los acusados, no salió a comer durante la jornada y apenas ingirió agua en todo el lapso de tiempo.
El juez sí vinculó a proceso a Medina por el ejercicio indebido de funciones, que tiene una pena de dos a 12 años de prisión, argumentando que se otorgaron incentivos por encima de la ley, todos materializados con la firma del contrato el 27 de agosto del 2014.
“Se advierten irregularidades en el procesamiento de otorgan incentivos a Kia”, advirtió el juzgador.
Entre las anomalías están exenciones de impuestos por encima de la Ley de Fomento a la Inversión, aplicar montos millonarios para el proyecto sin haber firmado contrato y aprobar incentivos en “fast-track” el mismo día en que fue presentada la solicitud.
Además, se mencionaron como irregularidades el adquirir predios con recursos públicos y luego darlos en donación, y tomar recursos de otros rubros para las obras de Kia, al no existir dinero en el Fondo a la Inversión.
El daño estimado al erario, según la Fiscalía y avalado por el juez, suma 3 mil 683.5 millones de pesos.
El juez desestimó el argumento principal de la defensa de Medina -compuesta por su ex Procurador Javier Flores y el abogado Alonso Aguilar Zinser- que señalaba que en la versión en inglés del contrato el ex Gobernador aparece sólo como “testigo honorario” de los incentivos.
El juez aseguró que ante la autoridad judicial lo que vale es la versión en español, donde no se menciona como testigo honorario, y dijo que la firma del Ejecutivo, por su investidura, avala los incentivos irregulares que se otorgaron.
Aunque la Fiscalía pidió seis meses para ampliar la investigación contra Medina, el juez fijó como fecha para el cierre de la misma tres meses, que vencen el 9 de noviembre.
A partir de entonces se podrá fijar la fecha para la audiencia intermedia, en la que se validan las pruebas de la Fiscalía y la defensa.
El 23 de julio de 1996, el ex Gobernador Sócrates Rizzo García compareció durante casi 14 horas ante la Procuraduría de Justicia del Estado para aclarar su intervención en la compra-venta de un avión Hawker 700-A y ampliar su declaración sobre el crimen del abogado Leopoldo del Real.
En el caso del asesinato, Rizzo acudió en carácter de indiciado.