La revisión y en su caso modificación de la figura de legítima defensa en la entidad es viable, pero no con la finalidad de incrementar la capacidad agresora de los ciudadanos, advirtió el magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez.

El presidente del Poder Judicial del Estado estimó que la inquietud que en ese sentido han expresado los legisladores, debiera enfocarse a fortalecer los sistemas penal y penitenciario y con ello garantizar la reinserción de los detenidos, lo cual sería correcto.

Sin embargo, dijo, si la intención es que la ciudadanía mate al amparo de la defensa, no resolvería el problema social que la gente sigue sufriendo como es la propia reincidencia, donde el sistema penal no está funcionando para corregir conductas ilícitas.

Además, por su parte los centros de reinserción no han logrado el objetivo de devolver a la comunidad a quienes han sido detenidos o compurgado penas corporales, con un plan de vida útil.

En ese sentido, expuso que la reincidencia podría tener solución si dentro de la legítima defensa, la ciudadanía ejerciera detenciones por sospecha, es decir, situaciones en que aquellos que una vez cumplida su sanción corporal, salen de prisión y deambulan en la calle después de las diez de la noche.

Eso bastaría para que un ciudadano detuviera e interrogara al individuo respecto de sus intenciones en la vía pública a esas horas y de no obtener respuesta lógicamente satisfactoria, procediera a su arresto por “sospecha”.

Es comprensible, dijo Ponce Sánchez, que la sociedad cuestione por qué la policía procesal no ejerce ese tipo de detenciones, no obstante, la respuesta inmediata seguramente será en el sentido de que no hay tantos policías para cumplir la detallada función.

Finalmente, reiteró que si la legítima defensa se reforma y amplía debe ser con la intención de corregir problemas, pero que no sea para matar y alegar luego que fue defensa porque en un estado de derecho justificar una muerte sólo puede hacerse cuando hubo otra vida en riesgo y eso es complejo de probar