Ante la imposibilidad del Estado para brindar, en un momento determinado y específico, la protección de sus ciudadanos ante un ataque violento, las personas deben hacer uso de su legítima defensa sin ser penados por su actuación, incluso si llegare a privar de la vida a su agresor, considera el abogado Sergio Rodríguez Prieto.
Ante la profusa difusión en redes sociales de información distorsionada de lo que es en esencia la legítima defensa, determinamos consultar al especialista en derecho penal para conocer los detalles de este derecho contemplado en el Artículo 10 de la Constitución en donde establece con claridad que los ciudadanos pueden ejercer su defensa de manera legítima cuando las instituciones del Estado no puedan proveer de la protección ante ataques violentos de algún ciudadano.
Explicó que desde que se comenzó a sistematizar el derecho penal, esto fue a finales siglo 18 y parte del 19, se establecieron las llamadas Causas de Justificación, que dicho de una forma sencilla, es la razón del por qué el Estado no puede ni debe procesar a un individuo que ha repelido un ataque en su contra, sus bienes o sus personas más allegadas.
Dijo que se emplea la legítima defensa, cuando se realiza la afectación a otras personas, por parte de la víctima u ofendido, por estado de necesidad, y por defensa de sus propios intereses.
“Yo como titular de específicos derechos y valores, cuando el Estado no me puede proteger de un ataque actual, sin derecho, yo tengo que protegerme y se me permite que me proteja en mis derechos”.

¿Cómo se acredita una defensa legítima?
“Se requiere que haya un ataque hacia mí, mis bienes, mi familia mis amigos o vecinos; ante ese ataque, yo puedo reaccionar también de manera violenta”, explicó Rodríguez Prieto.
Hay una imprecisa conceptualización de las personas sobre el uso de su legítima defensa que tiene que ver con el momento en que las personas se deben defender y las circunstancias en las que se debe dar esa defensa.
Se cree, por ejemplo, que la legítima defensa tiene que ser dentro de la propiedad de quien se defiende, o que debe existir proporcionalidad en el medio de autodefensa respecto del ataque del que se es víctima.
“Durante mucho tiempo y teóricos de la doctrina, hablaron de la proporcionalidad y comenzaron a manejar un concepto atinado que fue el de repeler, rechazar un ataque. Esos teóricos llegaron a la conclusión de que la legítima defensa es válida, pero sólo para controlar”.
“Si exagero en mi defensa, ahí ya no se vale y las personas pueden ser sujetas a penalidades, por excederse en su propia defensa”.
El abogado explica que el exceso de actos de defensa, no tienen nada que ver incluso con el homicidio del agresor. “Se puede llegar a privar de la vida del agresor y no necesariamente el hecho se vuelve punible, una vez acreditada la legítima defensa”.
“Si yo exagero en mi defensa, ahí ya no se vale. La autodefensa debe ser un acto que equilibre el ataque. Yo me defiendo, para equilibrar. Ya te controlé, hasta ahí llega la legitimidad de la defensa, el problema surge cuando, una vez contrarrestado el ataque, las personas prolongan sus actos de contrarrestar ataque, exceden en el rechazo, y eso deja de ser legítima defensa”, afirmó.