El Instituto Estatal Electoral reconoció la existencia de un error en el cómputo de la elección de gobernador, por el que no se incluyeron 2 mil 800 votos por el consejo del primer distrito electoral con cabecera en Rincón de Romos, al momento de realizar el llenado de los sufragios emitidos en casillas electorales, en el formato de Excel utilizado para tal fin.

El presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros Ortiz, señaló que la irregularidad detectada, no cambia el sentido de ninguna votación celebrada el pasado 5 de junio ni tampoco afecta la representación proporcional.

El funcionario afirmó que el error radica en la contabilización incorrecta dentro del sistema para el cálculo del cómputo, ya que se incorporaron todas las cifras pero algunas no fueron sumadas, sin que se trate de afectación a casillas o partidos políticos en específico.

Negó corrupción por esta anomalía, y lo atribuyó a un error humano por parte del consejo distrital, al destacar que hubo aceptación expresa de cada uno de los representantes de los partidos mediante su firma, sin que hubiera alguna inconformidad, manifestando así su consentimiento en los resultados.

“Este organismo considera que es un equívoco inaceptable, por lo que desde mediados de julio se ha abocado a la investigación en todos los aspectos, realizando las comparecencias y diligencias necesarias. Dicha información será remitida a la instancia interna correspondiente para el deslinde de responsabilidades”, enfatizó, Landeros Ortiz.

Consideró que esta imprecisión no tiene determinancia en el resultado de la jornada electoral, pues se examinó si formaba parte de alguno de los agravios interpuestos en los diversos medios de impugnación y constató que no era materia de litigio, lo cual representa la aceptación tácita de los partidos políticos.

Detalló que el consejo general se dio cuenta del error cuando se procedió a la recepción de las actas tras la clausura de los trabajos del consejo distrital, mientras que los funcionarios responsables podrían hacerse acreedores a una amonestación o inhabilitación para ejercer cargos públicos.