Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

Una vez que las maestras y los maestros fueron notificados, el año pasado, que serían evaluados en su desempeño docente, ellos de inmediato se dieron a la tarea de repasar y fortalecer sus conocimientos en las asignaturas que imparten en sus clases. De igual forma, estudiaron y se prepararon con esmero en temas pedagógicos y didácticos, que son cuestiones propias de la docencia. Sin embargo, omitieron estudiar aspectos que consideraron obvios o de fácil respuesta; y resulta que fue en éstos donde la inmensa mayoría de los docentes tuvo más dificultades para contestar el examen, incluyendo a los mejor calificados.
Para no incurrir en las mismas omisiones, que luego resultan preocupantes, es recomendable que los maestros estudien, analicen y siempre tengan presentes en su diario quehacer estos temas que aparentemente se consideran de poca relevancia, porque son fundamentales en la vida de una escuela, principalmente en los tiempos actuales. Entre estos temas están los protocolos de seguridad escolar. Todos los integrantes de una comunidad escolar, pero sobre todo los maestros, deben saber cuándo y cómo se hace una activación médica de emergencia; qué debe contener y cómo se maneja un botiquín básico de primeros auxilios; qué hacer con los alumnos en caso de accidentes de descarga eléctrica; qué en casos de contingencia meteorológica; de sismos; de disturbios o despliegue de fuerzas de seguridad; de extorsión telefónica; de las fugas de gas u otro químico; qué hacer en casos de incendio en la escuela; de violencia y acoso escolar, entre otras situaciones que eventualmente pueden presentarse. Otro asunto que cuesta trabajo asimilar y llevarlo a cabo, y que por ello hay problemas en la evaluación, es en relación con la vinculación que debe existir entre el personal docente de una institución y los padres de familia para asegurar, conjuntamente, aprendizajes y una mejor formación de los educandos. Todos aceptan, en teoría, que la participación de los padres de familia es necesaria y fundamental para garantizar asistencia, disciplina, cumplimiento en las tareas y el aprovechamiento escolar de los niños y de los adolescentes; por eso se han integrado las asociaciones de padres de familia y los consejos escolares de participación social; sin embargo, en el terreno de los hechos, no existe la vinculación ni la participación efectiva de los integrantes de la comunidad escolar en los procesos educativos como lo establece la normatividad respectiva y como es lo deseable; ¿qué hacer en estos casos?, ¿qué hacer para que los organismos mencionados operen y sean efectivos en los procesos educacionales? También resulta paradójico que todos los docentes asisten al consejo técnico escolar, pero en la evaluación y en la práctica pocos saben cómo debe estar integrado éste, cómo debe funcionar y cuáles son sus propósitos esenciales. La inclusión de los alumnos de educación especial a escuelas regulares es otro tema poco estudiado y poco atendido; por lo que hay tropiezos para dar el nombre correcto a las discapacidades existentes en las escuelas; así como hay limitaciones para atender, evaluar y retroalimentar a estos alumnos con requerimientos de educación especial. Y otras cuestiones que deben tomarse en cuenta, con seriedad, son las normas que rigen al sistema educativo y a la escuela singular. Habrá que analizar el Artículo Tercero Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y los acuerdos secretariales que sustentan la organización y el funcionamiento de tópicos específicos en la educación mexicana; sin olvidar los derechos humanos y la equidad de género. Y los estudios que se hagan no deben quedar únicamente en nociones teóricas, sino en aplicaciones efectivas en el diario quehacer de las maestras y los maestros. No es suficiente tener información o conocer cosas; lo más importante es darles uso, aplicaciones en la vida diaria de la escuela, que es el verdadero sentido de la educación.
El hecho de insistir en los temas descritos, no quiere decir que ahora se omitan los académicos y técnico pedagógicos. La idea es que todos los temas indicados en las guías de estudio tienen que estudiarse para la evaluación, pero sobre todo para mejorar la práctica docente y la formación de los alumnos.