Fernando López Gutiérrez

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A un mes de que se cumplan tres años de la promulgación de la legislación secundaria derivada de la reforma constitucional en materia educativa, la confrontación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se ha convertido en el principal dilema que enfrenta el gobierno federal. En ningún momento, desde el inicio de funciones de la actual administración, se había observado una percepción tan negativa de la labor que las autoridades realizan en un área tan importante para el desarrollo del país, como es la educación; lamentablemente, dicha situación tiene su origen principal en una cuestión política y no en las acciones específicas que se han llevado a cabo en el sector.

Los atroces asesinatos y las violaciones a los derechos humanos de maestros y simpatizantes de la CNTE, ocurridos el 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, han generado indignación y rechazo por parte de la ciudadanía. Ante la imposibilidad de excusar hechos tan lamentables, la posición de este grupo magisterial se ha fortalecido y el desempeño del gobierno federal ha quedado en entre dicho.

El nivel de incapacidad mostrado por las autoridades para tratar con la CNTE es inconcebible. Durante muchos años esta organización ha expuesto su talante radical, su fuerza en algunos estados del país y sus modos de operación: extraña que no se haya analizado con seriedad, responsabilidad y apego a la legalidad la manera en que habría de actuarse ante eventuales manifestaciones y las posibilidades previas de negociación.

Hay quienes pretenden justificar la acción de la fuerza pública en lo sucedido el mes pasado. No existe argumento o explicación que justifique las muertes de civiles en manos de policías armados porque, independientemente de la respuesta violenta que pudo generarse por los manifestantes o personas ajenas a dicho grupo, la autoridad debió contar con los elementos suficientes para evaluar sus posibilidades de actuación y éxito en el control ante la contingencia que enfrentaba.

En el álgido momento que hoy se vive es necesario que se identifique y sancione a los responsables de la acción de la fuerza pública en Nochixtlán. Para recobrar la confianza de la ciudadanía en la capacidad y voluntad del gobierno para resolver este asunto, es indispensable demostrarle a la ciudadanía —que no a la CNTE— que se posee un panorama claro de la situación y que se comprende cuáles son las alternativas para resolverla. Lo anterior debe partir, desde mi punto de vista, de un deslinde de responsabilidades que debería alcanzar a algunos tomadores de decisiones de alto nivel, quienes sin duda estuvieron al tanto y permitieron que se llegara al punto en el que nos encontramos.