Por: Octavio Díaz García de León

Twitter: @octaviodiazg

Para mi papá y todos los papás responsables en su día

Hace unos días se aprobaron en el Congreso Federal, reformas relacionadas con el combate a la corrupción. Este trabajo legislativo fue objeto de controversia porque no se aceptó hacer obligatoria la publicación de la declaración patrimonial, la de intereses y la fiscal (3de3) a los funcionarios públicos. Quizá, por ser la bandera de las organizaciones civiles que la impulsaron y encontraron apoyo en más de 630,000 ciudadanos, se haya sobredimensionado la importancia de hacer públicas estas declaraciones y soslayado otros importantes avances.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas aprobada (Ley 3de3) protege los datos personales y aquellos aspectos que puedan afectar la vida privada de los servidores públicos, haciendo optativa la publicación de esta información contenida en las tres declaraciones y, por lo tanto, contraviniendo la iniciativa ciudadana que pedía la publicación completa. Por otra parte, el Senado incluyó una modificación de última hora en la cual se obliga a cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate con entes del gobierno y a las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales contratistas del gobierno, a presentar estas tres declaraciones. Esta obligación es abusiva porque podría afectar a millones de personas que reciben subsidios y será muy difícil de operar.

Estas dos disposiciones han provocado la protesta de los impulsores de la Ley 3de3; especialmente los empresarios que se han sentido agraviados y lo atribuyen a una venganza de los políticos por presionarlos para que combatan a la corrupción. Los senadores y diputados del PRI y PVEM, quienes aprobaron la nueva Ley de Responsabilidades, han dicho que los empresarios son parte de la corrupción y por eso se les debe aplicar también.

Hay argumentos a favor y en contra. La idea de obligar a todo servidor público a publicar sus “3de3” declaraciones, es que estén sujetos al escrutinio público para verificar que no se enriquezcan a costa del erario. Eso está bien en teoría, pero hay dos problemas: la publicación de esta información no garantiza que esté completa y sea confiable; el otro problema es suponer que existe una sociedad con capacidad de usar ésta información para denunciar a los corruptos.

Por lo que respecta a los servidores públicos, hay preocupación por la situación de inseguridad que prevalece por todo el país y a la que temen verse expuestos al revelar su patrimonio; además, se podrían violentar sus derechos a la privacidad y protección de datos personales. Sin embargo, se puede argumentar que es mayor el interés público de dar a conocer esta información, para evitar un mal mayor que es la corrupción, que el posible daño que se les pudiera causar. Hay que destacar que desde la promulgación de la Ley de Transparencia en 2002 no se tiene noticia de algún servidor público afectado por la delincuencia con motivo de revelar información de su patrimonio o sus ingresos, siendo esto último obligatorio.

Si para combatir la corrupción fueran indispensables las declaraciones “3de3” como única forma de obtener esa información, entonces sería un aspecto central de las reformas. Pero no es así. Ya sean servidores públicos o quien recibe recursos públicos vía contratos u otros medios, deben estar al corriente de sus obligaciones fiscales y es información que la autoridad investigadora puede solicitar al SAT. En lo que respecta a la situación patrimonial, la información que aporten los obligados es una información casi inútil mientras no se verifique. Los funcionarios públicos están obligados a presentar su declaración patrimonial desde hace más de 20 años y en muy pocos casos ha servido para combatir la corrupción. Para detectar enriquecimiento por actos de corrupción hace falta una investigación a fondo; lo mismo sucede con la declaración de intereses.

La transparencia no ha disminuido los niveles de corrupción en nuestro país como lo demuestran los índices que la miden. Por ello, la idea de transparentar estas tres declaraciones para disminuir la corrupción, es más bien un buen deseo. Para que la transparencia incida en el combate a la corrupción se requiere una sociedad observante, con conocimientos para analizar la información pública y con capacidad e interés por denunciar aquellos actos de corrupción que observe. Desafortunadamente, esto se da apenas de manera muy incipiente. La formación de personas y organizaciones con capacidad para usarla y explotarla en beneficio de la sociedad no ha venido aparejada con los grandes avances en el acceso a la información pública, lo cual constituye una tarea pendiente de los organismos garantes.

El dar o no a la publicidad las “3de3” de los funcionarios públicos merece un debate más objetivo. Sopesar si de verdad incide en disminuir la corrupción y cómo afecta los derechos a la privacidad y protección de datos personales. Pero no debería ser la discusión central de las reformas anticorrupción. Hay otros aspectos más importantes, como el implementarlas para dar resultados.

Lo más significativo de las reformas anticorrupción ha sido la movilización de más de 630,000 personas que por primera vez hicieron posible una iniciativa de ley ciudadana. Pero el tener estas reformas son sólo un primer paso. Faltan muchas más leyes por reformar, instituciones que crear y luego que den resultados. Por ello son necesarias cada vez más personas involucradas en este movimiento contra la corrupción para poder incidir en su disminución.

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