A partir de ayer, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) inició una escalada informativa en todo el país, que busca generar presión social hacia los senadores para que aprueben la iniciativa ciudadana 3de3 así como las leyes secundarias de lo que será el Sistema Nacional Anticorrupción.
En el caso de Aguascalientes, el dirigente del organismo patronal, Francisco Ruiz López, informó que ayer por la mañana, su dirigente nacional, Gustavo de Hoyos Walther, junto con integrantes del Consejo Directivo Nacional, las Comisiones de Trabajo, de las Grandes Empresas y de sus 65 Centros Empresariales pidieron a los senadores que aprueben el Sistema Nacional Anticorrupción antes del 28 de mayo, como lo manda la ley.
Cabe destacar que desde ayer, de manera simultánea, los Centros Empresariales en todo el país iniciaron una ofensiva informativa a través de boletines y ruedas de prensa para dar a conocer la postura de la Coparmex respecto de esta demanda.
“La corrupción nos cuesta como país alrededor de un 10% del PIB y a las empresas hasta un 5% de nuestras ventas anuales. Pero el costo social es aún mayor: el 14% del ingreso promedio anual de los hogares son destinados a “pagos extraoficiales” e, incluso, está demostrado que hay una correlación directa entre la corrupción y los niveles de violencia.
En una misiva turnada en la Cámara de Senadores, la Coparmex les hizo saber que el organismo tiene un compromiso histórico con la lucha en favor de las mejores causas de México, como la educación, la democracia participativa, el diálogo entre las empresas y los trabajadores, y ahora, de manera muy clara: el combate a la corrupción y a la impunidad.
En cinco puntos, los empresarios plantearon su postura:
1-.El Congreso de la Unión tiene el deber de cumplir con la Constitución y aprobar las 7 leyes secundarias del SNA a más tardar el 28 de mayo.
La Ley de Responsabilidades Administrativas “Ley 3de3” debe ser aprobada. La iniciativa cuenta con un respaldo ciudadano de más de 634 mil firmas. Además de la declaración fiscal, de conflicto de intereses y patrimonial, debemos asegurar que las formas de corrupción estén claramente tipificadas y, en consecuencia, investigadas, juzgadas y sancionadas. Además, debe contar con mecanismos claros para proteger y promover la denuncia anónima.
2.- Garantizar que la ciudadanía presida el Sistema Nacional Anticorrupción.
Para ser eficaz, el combate a la corrupción debe ser un trabajo desde y con la sociedad, por eso el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción debe estar presidido por el representante ciudadano (“la séptima silla”). Asimismo, el Comité de Participación Ciudadana debe contar con la representación del sector empresarial, pues son los trabajadores y los empresarios, las primeras víctimas de la corrupción.
3.- Autonomía y facultades plenas a los órganos que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción.
Los órganos encargados de investigar, fiscalizar y sancionar la corrupción deben contar con facultades para actuar de manera íntegra, segura, coordinada y eficaz. Particularmente la Auditoría Superior de la Federación, la nueva Fiscalía y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben tener la autonomía suficiente, así como capacidad técnica y operativa.
4.- El Sistema debe tener facultades sancionadoras para el combate efectivo a la impunidad.
El SNA debe poseer “dientes para morder a la impunidad”, es decir afectar directamente los bienes producto de la corrupción con un marco jurídico adecuado para resarcir el daño. En este sentido, el sector empresarial asume el compromiso de coadyuvar y ser ejemplo en el combate a la impunidad.
5.- Que el Sistema Nacional Anticorrupción sea una realidad en todos los estados y municipios de México.
La implementación del Sistema Nacional Anticorrupción debe ser real y eficaz en los tres órdenes de gobierno, conforme a la expectativa de la sociedad. Coparmex impulsará, a través de sus Centros Empresariales, el proceso de armonización y ejecución de las leyes estatales con las federales.
No puede haber Estado de Derecho en un país en el que se pone el interés de algunos sobre el interés público sin que haya consecuencias.
Los mexicanos esperamos en este momento, de nuestros representantes, la responsabilidad que nos exige el país: que se legisle el Sistema Nacional Anticorrupción en los tiempos que establece nuestra Constitución; señalaron en carta al Senado de la República.