Luis Muñoz Fernández

La democracia es una obra en construcción. Y en México es prácticamente una recién llegada, así que toda la preocupación que los ciudadanos podamos tener sobre su crecimiento, desarrollo y salud es siempre bienvenida. Además, a juzgar por los acontecimientos del presente y del pasado reciente, no se trata de una preocupación vana. Tenemos motivos sobrados para el desasosiego.

Aunque algunos han negado la inutilidad de la historia como ejemplo a tomar en cuenta a la hora de vivir el presente y planear el futuro, no cabe duda de que su conocimiento puede servirnos como vacuna ante las graves tentaciones de quienes buscan una y otra vez llevarnos a un pasado autoritario en el que el temor a los poderes de este mundo o del venidero marcaban la vida de quienes, desvalidos, vivían sometidos a su arbitrio.

Conviene que no olvidemos lo que nos dice Fernando Savater. En 1791, poco después de que la Asamblea Nacional proclamase en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), el Papa Pío VI publicó en su encíclica Quod aliquantum que “no puede imaginarse tontería mayor que tener a todos los hombres por iguales y libres”. Y en 1832, Gregorio XVI confirmaba lo dicho por su antecesor en la encíclica Mirari vos, reivindicando que tal cosa como la “libertad de conciencia” era un error “venenosísimo”. Tendría que pasar más de un siglo para que Pablo VI reconociese en su decreto Dignitatis humanae personae la libertad de conciencia como una dimensión de la persona contra la cual no valen ni la razón de Estado ni la razón de la Iglesia. Reconocimiento del que todavía algunos parecen no haberse enterado.

Lo mismo que para el citado filósofo español como para quienes saben del tema, el laicismo no sólo no es una actitud antirreligiosa sino estrictamente evangélica: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Laicidad o laicismo (aunque algunos se empeñan en distinguirlos, dándole al segundo un matiz de intransigencia contra la religión) significa, en pocas palabras, resguardar las instituciones y leyes civiles de la férula religiosa. En una sociedad laica a nadie se le puede impedir practicar una religión (o no practicarla), ni a nadie se le puede imponer ninguna. La religión es un derecho de cada cual, pero no es un deber de nadie ni de la comunidad.

No está de más recordar lo que dice el artículo tercero del título primero de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público: “El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de la Constitución, Tratados Internacionales ratificados por México y demás legislación aplicable y la tutela de derechos de terceros”.

Volvamos a Francia, el país con la mayor tradición laicista de todo el mundo. Que los funcionarios públicos sean los primeros en distinguir entre sus creencias personales y el ejercicio de sus funciones, lo entendía muy bien Valéry Giscard d’Estaing cuando fue presidente de aquel país:

Yo soy católico, le dije [al papa Juan Pablo II, durante una entrevista realizada en el Vaticano], pero soy presidente de la república de un Estado laico. No puedo imponer mis convicciones personales a mis ciudadanos […] sino [más bien lo] que tengo que [hacer es] velar por que la ley se corresponda con el estado real de la sociedad francesa, para que pueda ser respetada y aplicada. Comprendo, desde luego, el punto de vista de la Iglesia católica y, como cristiano, lo comparto. Juzgo legítimo que la Iglesia católica pida a aquellos que practican su fe que respeten ciertas prohibiciones. Pero no es la ley civil la que puede imponerlas con sanciones penales, al conjunto del cuerpo social. […] Como católico estoy en contra del aborto; como presidente de los franceses considero necesaria su despenalización.

 

Termina Savater: “El laicismo no es una opción institucional entre otras: es tan inseparable de la democracia como el sufragio universal”.

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