sapiens_logoDavid Reynoso Rivera Río

El Derecho es una ciencia social, por lo que la principal diferencia con las ciencias exactas estriba en que a determinada hipótesis no corresponde un resultado idéntico. Es por ello que el criterio argumentativo tanto de los litigantes como de las autoridades judiciales, puede dar una infinidad de resultados cuyas implicaciones generalmente tienen un campo de acción tan amplio que abarca desde los bienes jurídicos como la libertad y la seguridad, hasta el respeto a la democracia. Dentro del respeto a la democracia y sus implicaciones jurídico-políticas, considero que a raíz de lo acontecido en los últimos días, nuestro sistema judicial electoral pone a nuestro país ante una encrucijada que definitivamente lacera la democracia y por ende, la voluntad popular.

La noche del lunes pasado, en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Monterrey, Nuevo León, se tomó una de las decisiones más controvertidas en los últimos años en materia electoral, donde lamentablemente se involucra a nuestro bello Aguascalientes. A manera de resumen, me permitiré exponer brevemente que dos de los tres magistrados que integran dicha sala regional decidieron tomar la decisión de anular la elección de nuestro distrito federal electoral número 1, con sede en los municipios del Estado, donde claramente existió un candidato ganador, el Lic. Gregorio Zamarripa.

Después de analizar la discusión y los argumentos esbozados por los ¨Honorables¨ Magistrados, es realmente alarmante cómo la falta de criterio jurídico abunda en los especialistas del Derecho (remitiendo nuevamente la lectura a mis líneas con motivo del día del abogado en las cuales hago la invitación a los estudiantes de la carrera de Derecho a prepararse y crear un criterio jurídico que se encuentre a la altura de los diversos retos de la profesión). Sin jactarme de ser un especialista en la materia electoral, aboqué mi tiempo a hacer una investigación acerca de los fundamentos legales y presupuestos necesarios para anular una elección; sin embargo, para sorpresa del presente columnista, NO EXISTE ningún supuesto normativo que se adecue a las circunstancias. Los argumentos esbozados por los magistrados intentan generalizar un hecho aislado cuyas consecuencias a lo mucho abarcan cinco o siete casillas electorales y de ninguna manera se puede llegar a la conclusión de que esa porción territorial corresponde a todo el distrito.

Las sanciones que marcan los ordenamientos legales son tan diversas que abarcan desde el reconteo de votos hasta la anulación de la o las casillas, pero llegar a un absurdo en el que se intente anular toda la voluntad de más de 100,000 aguascalentenses creo verdaderamente que deja muchas dudas en cuanto a la honorabilidad y probidad de los señores magistrados, quienes con una voz y semblante titubeante pronunciaban argumentos contradictorios y carentes de sustancia jurídica.

Lo acontecido en la Sala Regional por parte de los señores magistrados, definitivamente alarma y lacera a la democracia ya que en virtud de dicha decisión tomada sin fundamento alguno, lo único que se genera es un descontento en la ciudadanía que emitió ya su voto y eligió al Lic. Gregorio como su diputado y representante popular .Convocar a nuevas elecciones, será un gasto completamente ocioso, innecesario y de gran magnitud que, reitero, únicamente reafirmará el resultado pero aumentará el abstencionismo y el descontento social de la gente. Considero que la labor primordial de las autoridades judiciales en materia electoral, se debe de resumir en fortalecer nuestras instituciones y a la democracia, no en poner en riesgo la confianza ciudadana y perjudicar la vida democrática. El tema tiene implicaciones tan grandes, que el asunto puede constituir un parteaguas o hito tan riesgoso que el día de mañana en posteriores elecciones los partidos políticos intenten anular y repetir un sinfín de jornadas electorales, donde los únicos beneficiados sean quizá los malos políticos o los magistrados que obtengan dádivas y los perjudicados seamos nosotros, los mexicanos.

A lo largo de los últimos años, he dedicado este espacio titulado SAPIENS IUVENTUS a promover la cultura ciudadana con independencia de las afinidades políticas que cada particular pueda o no tener. Me preocupa bastante que los jóvenes y en general la sociedad civil, se encuentren en descontento con las diversas situaciones de índole política y desconfíe en ocasiones de nuestras instituciones, razón por la cual aliento desde esta pequeña trinchera a todos los ciudadanos y en especial a los jóvenes, a formar parte de una nueva generación de mexicanos que interesados en marcar la diferencia, nos atrevamos a alentar a comenzar por cambiar nosotros mismos y de esta manera permear y creer –confiar en nuestras instituciones. Por lo pronto, habrá que esperar a que las instancias judiciales superiores, logren resolver en justicia y derecho para que se eviten consecuencias tan lamentables.

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