Jesús Eduardo Martín Jáuregui


No vale nada la vida,

la vida no vale nada.

Comienza siempre llorando

y así llorando se acaba.

Caminos de Guanajuato de José Alfredo Jiménez.

La semana pasada los informativos daban cuenta del enésimo suicido del año. Más de cincuenta creo. También daban cuenta de la mas reciente “ejecución” utilizando ese eufemismo tomado de la jerga judicial que alude a la pena de muerte para aplicarlo a un asesinato proditorio, con todas las agravantes, premeditación, alevosía, ventaja y seguramente traición; la muerte de un joven “distribuidor de drogas” perteneciente a un “X” cartel de la delincuencia organizada a manos de los integrantes de otro cartel (como si el hecho de ser una “ejecución” fuese un atenuante en vez de un agravante. Junto a esas notas terribles una terribilísima la aprehensión de una jovencísima madre que luego de dar a luz en un hospital del sistema público de salud, tiró en un contenedor de basura al recién nacido, regresó a casa de sus padres con los que aún vive, se bañó, se arregló, se maquilló y se fue a un baile. Las noticias pudieron leerse y escucharse como se dice “con pelos y señales”, con la advertencia en algún caso recomendando discreción.

Hace algunos años, no tantos, estas infaustas noticias hubieran sido tomadas con real discreción. Habría informativos que las hubieran callado, y otros, los mas atrevidos, hubieran soslayado detalles y recalcado el aspecto negativo mas que el aspecto morboso que en la actualidad se magnifica. Paulatinamente hemos perdido la capacidad de asombro y hemos distraído el enfoque crítico con que podrían juzgarse hechos tan impactantes que, no por sucederse con alarmante frecuencia disminuye su carga antisocial. Una muerte es una muerte. Un homicidio es un homicidio.

México, lo dicen las estadísticas, se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo y el más violento de Iberoramérica. Más aún que Guatemala ya no se diga Colombia, que va en camino de reconstruir su tejido social, a un costo muy alto ciertamente, pero en vías claras de mejoramiento. Un liderazgo triste para un país como el nuestro que carece de liderazgos, que ha extraviado su rumbo y que presenta señales alarmantes de descomposición social.

Hace casi un año los sucesos de Tlatlaya estremecían a la opinión pública ante la posibilidad de que las víctimas inermes hubieran sido asesinadas por efectivos del ejército. Algo impensable. Por fin se aceptaba a ciertos niveles de autoridad que los soldados, algunos soldados por supuesto, se pudiesen apartar del script patrio que las tropas nacionales cubiertas de gloria en la lucha contra los invasores, deberían también seguir con los connacionales. Sin duda se trataba de un efecto esperable y esperado del caso Radilla.

El caso Rosendo Radilla Pacheco, seguramente lo recordará el paciente y memorioso lector, se originó con la desaparición forzada en 1974 de quien dio nombre al caso y que nunca apareció. Fue detenido en un retén militar y la última vez que fue visto se encontraba en poder del ejército en Atoyac de Álvarez, Guerrero. Sus familiares no cesaron en su empeño de encontrarlo y de lograr que los responsables fueran castigados. Rosendo Radilla nunca apareció y la “justicia” mexicana no encontró responsabilidades que sancionar. En 2011 los familiares llevaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica. El 6 de julio de 2009 se llevó a cabo la audiencia ante la Corte y el 23 de noviembre del mismo año se dictó la sentencia condenando al Estado mexicano por graves violaciones a los Derechos Humanos. Como consecuencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de una larguísima espera de varios años determinó la inconstitucionalidad del artículo del Código de Justicia Militar que señalaba la competencia aún sobre civiles afectados por acciones de la milicia.

Ahora, casi un año después, las procuradurías General de la República y General de Justicia del Estado de México coinciden en sus peritajes, señalando que al menos la mitad de los 22 muertos de Tlatlaya fueron fusilados a juzgar por las heridas, la distancia, el ángulo, etc,.

Aún no se disipaba el humo de la pólvora en Tlatlaya cuando estremeció al país, ahora sí, la desaparición, forzada también, de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, con una larga historia de formación de líderes contestarios. El hecho mismo revestía una gravedad por la posible participación de autoridades civiles, de policías municipales y estatales y aún de efectivos del ejército. Pero además Ayotzinapa se convirtió en un altavoz que trajo a la memoria los miles de muertos, los miles de desaparecidos, producto de una cruenta guerra declarada por el entonces presidente Felipe Calderón, al crimen organizado, poniendo de manifiesto que el alto costo en pérdidas de vidas, aún de civiles, consideradas como daños colaterales, no se reflejó ni se refleja todavía en una disminución del tráfico de drogas, que originalmente se pretendía combatir, ni en una disminución del tráfico de inmigrantes, de la trata de personas, de la “industria” del secuestro, por señalar solamente las de mayor impacto social.

La operación fallida en Guadalajara para intentar atrapar al líder del cártel Jalisco Nueva Generación y la revancha violenta unas semanas después en Tanhuato, hechos en los que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, resultan dudables las versiones oficiales, aportaron varias decenas de muertos más a la macabra cuenta a cargo de nuestra patria.

Armando Fuentes Aguirre “Catón” citaba hace unos días la inscripción en el hacha del verdugo de Friburgo: “Señor: tú eres el juez; yo solo soy tu mano” que pretendía justificar como voluntad divina la muerte de un delincuente. Hace unos días un anciano Giovanni Sartori apologizó la pena de muerte justificándola bajo la óptica de lo que se ha llamado “derecho penal del enemigo”. Más allá de ideologías y de corrientes penales, las estadísticas demuestran que ante el endurecimiento de las sanciones no se corresponde una disminución de los hechos antisociales. La aplicación de la pena de muerte se ha demostrado fehacientemente no disminuye la incidencia de los delitos a los que se aplica. Al parecer la única manera de combatir los hechos antisociales es la de combatir sus causas en las formas, procesos e interacciones de una comunidad. ¿Hasta cuándo creeremos que ya son demasiadas muertes en este país desangrado y desesperanzado?

Yes, how many deaths will it take till he knows

That too many people have died ?

The answer my friend is blowin’ in the wind

The answer is blowin’ in the wind.

Blowin’in the wind de Bob Dylan.

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