Fernando López Gutiérrez

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@ferlog14

UBER implementa un mecanismo de cobro sustentado en una tarifa dinámica. Según la empresa, además de la distancia y el tiempo para el cobro de un viaje, se toman en consideración la cantidad de automóviles disponibles para proporcionarlo y el número de personas que solicitan el servicio en un momento específico.

Durante la contingencia ambiental que se presentó en la Ciudad de México en días pasados, la implementación del doble hoy no circula implicó que muchos automóviles no pudieran transitar. El servicio de UBER se vio afectado por esta medida y sus tarifas incrementaron de forma exponencial, generando críticas y molestia por parte de muchos usuarios.

Después de que el Gobierno de la Ciudad de México señalara que el cobro de UBER fue excesivo y mencionara que llevaría a cabo acciones al respecto, algunos especialistas e interesados en el tema —economistas principalmente—, criticaron la intención de intervenir de las autoridades y consideraron incongruente la actitud de los usuarios inconformes, argumentando que los montos a los que llegó la tarifa dinámica se justifican plenamente por ser resultado de un cálculo sustentado en una noción tan sencilla y coherente como es la ley de la oferta y la demanda.

Independientemente de la discusión que pudiera generarse respecto a la importancia de considerar al transporte como un servicio de interés público, o bien, al análisis de las alternativas de movilidad y el nivel de sustitución que éstas pudieran tener, considero que quienes afirman que la tarifa dinámica debe aceptarse y ser observada como un instrumento óptimo para el cálculo de precios en función de la ley de la oferta y la demanda pasan por alto algunos factores de gran relevancia que tienen enormes implicaciones en el tema.

Un primer aspecto que debe observarse, es que el cálculo de precios que realiza UBER por medio de sus tarifas dinámicas —supuestamente en función de un criterio único de oferta y demanda— no es de conocimiento público, ni está sujeto a ninguna verificación. De esta manera, lo que la empresa presenta como un algoritmo útil para la determinación de un punto de equilibrio (es decir, el programa que permite el cálculo de la tarifa dinámica) entre oferta y demanda puede incluir algunos otros factores que no corresponden a dicha noción y que generarían un resultado distinto al que se obtendría mediante la lógica que ellos presuntamente aplican.

Otro elemento a considerar en la revisión de la forma en que la empresa fija sus precios es la información que ésta puede obtener sobre las condiciones y preferencias de sus usuarios de forma particular. La política de datos de UBER ha sido cuestionada en muchas ocasiones y en la Declaración de Privacidad del Usuario que la propia empresa presenta para México (https://www.uber.com/legal/privacy/users/es-ES/) no existen elementos que permitan garantizar que los datos de los usuarios no serán utilizados para la determinación de tarifas de manera discrecional.

El registro de nuestras decisiones y comportamiento como usuarios podría ser un elemento central en el cobro de una tarifa específica. Conocer el número de veces que viajamos a la semana, los horarios en los que lo hacemos o los trayectos que recorremos, así como la disposición que mostramos para aceptar mayores cobros, pueden ser utilizados para determinar lo que se nos puede cobrar y saber si estaremos dispuestos a pagarlo. Para algunos usuarios, por ejemplo, la aplicación de una tarifa más alta en un viaje regular sería un incentivo que los llevara a demandar un servicio alternativo de la misma empresa, como el UBER Pool (UBER compartido), que está siendo promovido en la Ciudad de México con poco éxito.

Aunque al final la decisión de pagar una tarifa más alta es de cada usuario, considerando que hay otras alternativas de transporte que son sustitutas, no podemos negar que la información que UBER puede acumular podría darle ciertas ventajas. Si bien, para los más acérrimos defensores del mercado esta situación seguiría sin ser relevante —el usuario acepta que se utilice su información y decide si quiere pagar o no por un servicio— es importante aceptar, por lo menos, que no se trata de un simple ejemplo del funcionamiento de la ley de la oferta y la demanda.

Habrá quienes duden que UBER tenga la capacidad para recabar la información a la que hago referencia o pueda utilizarla de la manera en que supongo podría hacerlo; la realidad es que no existen criterios regulatorios mínimos para evitarlo y que los incentivos para intentarlo en la medida de lo posible son amplios.