Fernando López Gutiérrez

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El Comunicado 119 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), emitido el 29 de mayo pasado, en el que se señala la suspensión indefinida del “proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior”, generó una reacción inmediata de protesta por parte de medios de comunicación, especialistas y sociedad en general. La anunciada decisión de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP, relacionada con la evaluación a los maestros, constituye a todas luces un retroceso en la política educativa de la presente administración, además de ser contraria al contenido y los principios de lo estipulado por la reforma educativa.

El hecho de que la SEP se atreva a plantear la detención de un proceso central para el aseguramiento de una educación de calidad, bajo la burda justificación de que existen “nuevos elementos a considerar”, sin que se haya realizado un análisis en el que se enuncien y expliquen las razones de tan importante determinación, muestra que en dicha Secretaría se actúa a partir de criterios que no atienden al contenido del marco jurídico de forma puntual, ni se fundamentan en una racionalidad que considere los elementos mínimos para implementar una política pública exitosa. Esta forma de proceder ya había quedado de manifiesto durante el año 2014, cuando se determinó de forma sorpresiva la suspensión de la Prueba ENLACE; sin embargo, la decisión anunciada el pasado viernes muestra una faceta aún más dañina de dichas prácticas.

En el oscuro escenario que se deriva de la actuación de la SEP, destaca un solo aspecto positivo que habrá de permitirnos reconocer los verdaderos alcances y limitaciones de la reforma educativa: la actuación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). En un comunicado con fecha del 30 de mayo, el INEE exigió al gobierno “dejar sin efecto ´la suspensión indefinida´” y explicó las razones por las cuales dicha decisión atenta contra su autonomía, además de vulnerar los principios constitucionales del derecho a la educación y el interés superior de la niñez.

El fundamento teórico de la existencia de un órgano autónomo como el INEE prevé la presencia de este tipo de controversias con la autoridad gubernamental. Un régimen jurídico adecuado para garantizar la fortaleza y autonomía de dicho órgano habría de contemplar los elementos necesarios para que, en situaciones como la que actualmente se presenta, se puedan dirimir las diferencias respetando las facultades de éste. Nos encontramos en un momento coyuntural en el que habremos de observar si existe la voluntad por parte de nuestras autoridades de cumplir con los objetivos reforma educativa, o bien, estas prefieren utilizarla como prebenda política.