Saúl Alejandro Flores

En esta colaboración haré los comentarios relativos a las dos anteriores columnas respecto a los servicios públicos de agua y sobre la regulación, primero quiero matizar que en el Artículo 37 se establece que las leyes estatales deberán estipular las funciones, atribuciones y facultades que corresponderán a las autoridades estatales, como serían de las comisiones estatales de agua o en el caso de Aguascalientes el INAGUA, o el correspondiente órgano regulador en materia de los servicios de agua, ahora bien pasemos al tema de la regulación.

El artículo 39 establece que Los gobiernos de los estados y del Distrito Federal tienen, con relación a los servicios públicos las atribuciones como Crear un órgano regulador, así como los mecanismos para el cumplimiento oportuno, eficiente e integral de sus atribuciones en la materia; Elaborar planes, políticas, medidas, programas y acciones locales para alcanzar la cobertura universal; Celebrar convenios en la materia con otros ámbitos de gobierno; Proponer u opinar a la legislatura local, directamente o a través del órgano regulador, sobre el proyecto y composición de contribuciones, aprovechamientos, cuotas y tarifas relacionadas con su prestación, básicamente. Aunque en ese artículo bien a bien no nos dice que es la regulación, es la primera laguna que veo.

Con respecto al artículo 40 el cual determina que le compete al órgano regulador nos dice que es la entidad o dependencia gubernamental de cada entidad federativa que debe regular, vigilar y supervisar la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, cuyas atribuciones van desde: Asegurar mecanismos para la prestación de esos servicios en zonas rurales; asesorar a los prestadores para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente Ley; controlar, evaluar y certificar la gestión administrativa, profesional, técnica y financiera de los prestadores de los servicios; determinar lineamientos, parámetros, estándares, prácticas, metodologías, modelos, indicadores y criterios para la eficiencia y calidad administrativa, física, técnica, económica y financiera de los servicios; fijar criterios acordes con la normatividad federal y local, para el funcionamiento, operación, desempeño de los prestadores de los servicios, así como para mejorarlos y ampliarlos; fomentar esquemas de capacitación y profesionalización de los prestadores de servicios; promover esquemas de participación o asociación intermunicipal, regional y metropolitana para la prestación de dichos servicios; proponer la composición de los sistemas para el cobro de las contribuciones, aprovechamientos, cuotas y tarifas a fin de consolidar la viabilidad, autosuficiencia y sostenibilidad de los prestadores de esos servicios; proporcionar a la federación, estado y, en su caso, Distrito Federal, los datos e información que requiere el Sistema Nacional de Información del Agua y la normatividad aplicable, particularmente la relativa a la eficiencia, calidad, y sostenibilidad administrativa, operativa, técnica y financiera en la prestación de los servicios; participar en el Servicios Hidrológico Nacional; recibir, tramitar y canalizar consultas, solicitudes y peticiones de los usuarios sobre la prestación de los servicios públicos; sugerir y promover acciones, inversiones, estímulos e incentivos relacionados con la eficiencia y calidad de los servicios, especialmente para la creación y correcto funcionamiento de sus prestadores; supervisar, vigilar y verificar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Ley.

Existen como podrá verse diversas atribuciones como supervisar mecanismos controlar, evaluar, pero en lo personal veo que como se puede decir popularmente al órgano regulador le “faltarían dientes” para convertirse en un factor de equilibrio en la relación entre prestador y usuario, garantizando un esquema en donde no sea juez y parte el órgano regulador.

Para el Artículo 41 que estipula que: “En caso de emergencia o desastre, para garantizar el derecho humano al agua, la Federación y los estados podrán auxiliar a los municipios y al Distrito Federal en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.” No me parece el apropiado porque si un órgano regulador hace ello, se pierde ese equilibrio que mencioné, y es uno de los principios de legalidad que estaría en no ser juez ni parte. El servicio lo debe prestar el municipio y en su defecto la autoridad estatal, sean comisiones estatales, juntas o el propio INAGUA, pero no debe ser el órgano regulador. Cierto que puede haber emergencias, pero en cada Estado existen esas figuras estatales y que vía convenio pueden asumir esa función de la prestación de los servicios y no contaminar la naturaleza del órgano regulador quien debe preocuparse por el equilibrio en la prestación y en garantizar el cumplimiento del derecho humano al agua.

Es importante repasar el artículo 44 ya que se establece la obligación de los prestadores de los servicios públicos deben proveer información a la autoridad competente sobre infraestructura hidráulica y servicios, a fin de generar indicadores y estadísticas que permitan conocer su operación, funcionamiento y desempeño, eso te reviste importancia, porque en el caso de Aguascalientes la empresa concesionaria, a cuenta gotas proporciona la información requerida, eso como una parte de las deficiencias que presenta el título de concesión. Más aún porque se trata de un servicio público independiente de la naturaleza de la prestación y contraprestación que reviste en relación al usuario a través de las tarifas, que también deben cumplir una serie de requisitos. Estimados lectores, la siguiente semana continuaremos con este tema, que como ya es costumbre reiterar que estas deben ser acciones para que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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