Saúl Alejandro Flores

A un año aproximadamente de la reforma sobre algunos de los artículos de la Ley del Agua para el Estado de Aguascalientes, que aparentemente ante el público ofrecía el respetar el derecho humano al agua impidiendo los cortes al servicio de abastecimiento a cada domicilio, tendríamos las primeras consecuencias, las cuales de ninguna manera solucionan los problemas reales, impactando en lo social y ambiental.

La última semana de junio específicamente el día 27 aparecieron notas en algunos de los diarios locales, manifestando una de las más graves problemáticas que tiene el municipio de Jesús María, en este caso con una cartera vencida superior a los 40 millones de pesos, en la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Capas).

El Director del organismo manifestó su preocupación dado que la morosidad se ha incrementado, porque los usuarios han optado por no pagar por la forma en la que está redactada y maniqueamente se diseñó dicha reforma parcial, ausente de una visión de lo que es la política hídrica y la sustentabilidad que debe regir en los servicios de agua potable, el problema llega a una magnitud en que se tiene una morosidad hasta de 20 años, traducido en 200 meses, motivado la mayor de las veces por la ausencia de una notificación de cambio de domicilio o baja del servicio.

Vale la pena precisar que esos montos no reflejan precisamente el consumo, pues es una acumulación y penalización resultado de la moratoria, pero de que fue un servicio que en su momento no se pagó, y ante la ignorancia de que el usuario debe dar las altas, bajas etc. para evitar estos incidentes, pues tenemos estas cifras que se suman a la auténtica moratoria y se convierten en un severo problema para el financiamiento de todas las actividades que corresponde realizar a un organismo operador.

Este problema sigue creciendo no sólo en Jesús María sino en el resto de municipios, pues la visión parca sólo fue hacia el municipio capital con tal de mostrar fuerza ante la concesionaria, y aparentar que la Comisión de Recursos Hidráulicos trabajaba, ya que hasta ese momento no había sesionado, más que para su instalación, y pretendieron manejar que su “gran reforma” ahí estaba, y por otro lado, vender la idea de hacer algo relevante para recuperar votos y salvar el registro el Partido del Trabajo, con lo cual se estaba condenando la sustentabilidad enredando más el problema, como le he comentado en este espacio varias veces y de manera reiterada, no es prudente una reforma, sino una nueva ley que considere la presencia de todos los aspectos que comprende la política hídrica, incluyendo una contundencia para el efectivo cumplimiento del derecho humano al agua, que no sea una buena intención de palabras y palabras, sino que se traduzca en hechos.

Es complicado el escenario que deformó la ignorancia e irresponsabilidad oculta detrás de la investidura legislativa, los problemas apenas aparecen para los diez municipios del interior, retrasando la posibilidad de que sean sustentables y puedan emprender su modernización, que no sólo es cobranza ni computadoras, sino la implementación de una nueva forma de desarrollar con eficiencia cada uno de los procesos que comprende la función general de un organismo operador.

El respaldo institucional por parte de la federación y el gobierno estatal debe ser mayúsculo para lograr revertir los vicios y problemas existentes, pero no todo debe ser apoyo, debe existir una visión clara de cómo articular a cada uno de los once municipios en lo correspondiente a política hídrica, once particularidades debidamente articuladas en un solo rumbo, eso por un lado, pero por otro, se tiene el compromiso de cada alcalde en implementar sistemas administrativos e innovadores para garantizar un buen servicio con eficiencia y sustentable que no se vuelva la caja chica del municipio, sino que se profesionalice, en cuanto al municipio de Aguascalientes es vital el cómo se va a definir la función y papel a desempeñar por CCAPAMA, ya que en el municipio de la capital la ausencia de autoridad por conducta de CCAPAMA es ambiguo, debe dejar el rol de tubos y fontanería, debe ser autoridad, que ejerza su presión a la concesionaria y ésta brinde un servicio óptimo al usuario y justo en el pago.

El riesgo que presenta la reforma susodicha de hace un año propicia la quiebra de los organismos operadores y los convierte en una presa fácil de cualquier empresa concesionaria, es volver a veintitrés años atrás cuando en Aguascalientes, ya no había manera de sostener el servicio de agua y se tuvo que buscar a una empresa que brindara el servicio, porque financieramente ya no se podía, parece que se ha olvidado esa parte de la historia y del porqué se buscó a una empresa, lo demás ya lo sabemos.

Inducir a los municipios a ese escenario es ponerlos en la boca del lobo, más aún con la posibilidad de contar con organismos operadores intermunicipales, Aguascalientes con Jesús María y San Francisco, posiblemente habría otro en un futuro Pabellón, Rincón de Romos y Cosío, claro esto no será en cinco años, pero son tendencias que en el futuro serán un hecho.

Por ello, mis estimados lectores es por lo que de manera reiterada insisto en la importancia que tiene para el estado de Aguascalientes esta visión, por que a nivel nacional son pocas las entidades federativas que han logrado avances en su legislación y visión de política hídrica, esto implica que se cuente con una verdadera y efectiva ley y sus correspondientes reglamentos en materia de agua, así como la implementación de lo que también he insistido al establecer una arquitectura institucional del agua, que involucraría a autoridades y cada uno de los agentes en una visión completa por el rol a desempeñar, los objetivos por cumplir y estrategias por implementar, que acciones ejecutar y que infraestructura construir. Los organismos operadores no pueden ser abandonados y dejados a la inercia de la ocasión. Estas deben ser acciones que permitan que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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