José Luis Macías Alonso

Momento, no desenfunde la espada, la columneja de hoy más que opinativa es informativa. En todos los casos, pero más en aquellos de controversia polarizadora, es fundamental por el bien colectivo, que la opinión siempre sea informada y razonada; enjuiciar guiados por el instinto, cegados por los apasionamientos y fundamentados en la rumorología, daña igual o más que mantenerse ajeno al debate de las ideas, por ello, en el ánimo de contribuir a una discusión seria, me permito exponerle de forma resumida los principales razonamientos construidos por nuestra máxima autoridad jurisdiccional en el país en torno a la posibilidad de que una pareja del mismo sexo pueda adoptar, lo anterior con el ánimo de que éstos sean los puntos de partida adecuados para la discusión correspondiente. Así, considerando que este es un tema de naturaleza jurídica y del ámbito público, le pido dejar a un lado las cargas de los dogmas religiosos o de las morales particulares; en un estado laico como el mexicano, las decisiones públicas deben tomarse abstrayendo dichos pesos y privilegiando siempre el bienestar general a través del reconocimiento y acceso efectivo de los derechos humanos.

Leída la aclaración-petición, como supongo ya está enterado, el pasado martes 11 de agosto el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 8/2014 promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche mediante la cual se impugna el contenido del artículo 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades de Convivencia de aquella entidad federativa mismo que restringía la posibilidad de adoptar de parte de las personas que decidieran unirse bajo este régimen de convivencia civil.

Al respecto, en abrumadora mayoría, la Corte determinó que en efecto dicha prohibición transgrede el marco constitucional y lo hizo soportada en tres cimientos argumentativos, a saber: 1) la tutela del interés superior de los menores; 2) la protección de la familia bajo todas sus modalidades y; 3) la no discriminación por categoría sospechosa.

Antes de entrar al desarrollo de éstos tres argumentos, vale la pena hacer algunas aclaraciones. Por un lado, aunque el asunto ha sido públicamente difundido bajo la idea de que la Corte le dio el derecho a adoptar a los homosexuales, es importante señalar que tal oración es incorrecta, con esta decisión no todos los homosexuales podrán adoptar, lo único que podrán, será el solicitarle al Estado, a través de sus instituciones, a que analice si los que así lo soliciten, reúnen las cualidades y cumplen con los requisitos fijados por la ley para que un adulto se haga cargo de un menor. Así como no todas las parejas heterosexuales son evaluadas positivamente para adoptar, de la misma forma, con esta decisión no todos los homosexuales de facto podrán hacerlo.

Por otro lado, los alcances de la sentencia no se circunscriben a las personas homosexuales, pues la Corte lo que hizo fue permitir que todos los individuos unidos bajo el régimen de convivencia tengan la posibilidad de adoptar, con lo anterior el espectro de personas objeto de la sentencia no sólo son las de este estigmatizado tipo de orientación sexual, sino cualquier pareja de personas que decidan unirse en esta modalidad civil.

(Dicho sea de paso, el diferenciar al matrimonio del régimen de convivencia cuando tienen los mismos elementos pero se distinguen según la orientación sexual de los contrayentes, de igual forma la Corte ha determinado como discriminatorio, pues sería algo así como el “equal but separate” en Estados Unidos durante el siglo pasado donde había escuelas para blancos y escuelas para afroamericanos.)

Aclarado lo anterior, aunque fue materia de controversia en el seno de este órgano jurisdiccional principalmente entre los ministros Zaldívar y Cossío la secuencia de los argumentos (el orden de las ideas sí altera el resultado), utilizaremos el camino del segundo ministro para exponer los tres argumentos que gozaron de mayoría:

Primer argumento: Interés superior del menor. Nuestro marco normativo, en armonía con el derecho internacional, coloca a este principio como un elemento merecedor de toda la protección jurídica necesaria. El mismo, en resumen, señala que el Estado siempre debe de actuar buscando la mayor protección de la niñez para que esta pueda gozar de una vida digna y un desarrollo integral a través del acceso efectivo de todos sus derechos fundamentales inherentes. Al respecto, la Corte afirmó que el excluir por orientación sexual o por condición del régimen civil en el que se encuentra una pareja reduce las posibilidades del menor a ser adoptado por personas idóneas para lograr su vida digna y por ende se transgrede este principio de siempre decidir buscando lo mejor para la niñez.

Segundo argumento: La protección de la familia bajo todas sus modalidades. Nuestra Constitución no tiene una definición de lo que es una familia pero sí, en su artículo 4, le impone a todos los entes públicos a velar siempre por ella. Partiendo de lo anterior y considerando lo ya expuesto con anterioridad por ellos mismos en su famosa acción de inconstitucionalidad 2/2010 (es la que reconoció el derecho de los homosexuales a contraer matrimonio), la Corte en el caso concreto reafirmó su criterio señalando que no existe un modelo único de familia que el sistema de derecho tenga y por ende, todos los tipos de familia deben de ser protegidos, desde la de papás e hijos, la de viuda con hijos, la de viudo sin hijos, la de abuelos con nietos o en este caso, la de papás, sin importar la orientación sexual que tengan, con sus adoptados.

Tercer argumento: La no discriminación por categoría sospechosa. Finalmente, la Corte determinó que el régimen de convivencia en el Estado de Campeche, al ser el único régimen jurídico que tiene un pareja homosexual para unirse y al prohibir para éstos la posibilidad de adoptar generaba de facto una discriminación a estas personas. ¿Se debe distinguir arbitrariamente según la orientación sexual que tengan las personas si alguien puede adoptar? En el derecho pueden haber distinciones válidas que no propiamente constituyan una discriminación, para saber cuándo son distinciones justificables y cuándo no, los ministros ya en ocasiones anteriores han diseñado un proceso metodológico, mismo que se construye de tres preguntas: ¿La distinción tiene sustento constitucional? ¿La distinción cumple con una finalidad constitucional? ¿La distinción puede ser menos restrictiva sin transgredir el orden constitucional? Al respecto, la discriminación a no poder adoptar por ser homosexual ni siquiera pudo superar la primer interrogante pues no existe vínculo causal comprobado al día de hoy de la imposibilidad que éstos tienen para formar a un hijo.

Hasta aquí el reporte informativo.

@licpepemacias