Noé García Gómez

En pleno siglo XXI una de las principales funciones del Estado (los tres poderes de gobierno y entidades públicas) es la regulación (leyes, decretos, códigos, reglamentos, circulares, etc.), esto es, la creación, modificación, vigilancia y aplicación de la ley; a diferencia de la época medieval que era el monopolio de la fuerza y en el siglo pasado el cobro de los impuestos, hoy el perfeccionamiento y adecuación de la norma que regula las relaciones entre los distintos entes e individuos es lo fundamental.

Por ende la acción legislativa es una alta responsabilidad que tiene que asumirse con seriedad, profesionalismo y ética. Una decisión regulatoria no es tarea fácil, cuando alguien escribe la norma tiene sin duda que proveer el impacto que ésta pueda tener tanto para beneficio o perjuicio de los distintos actores, y en base a esto, tomar la decisión que tenga mayor utilidad. Pero una vez aprobada, la responsabilidad no queda ahí, se tiene que verificar su implantación y cumplimiento, además de que los resultados estén en el marco de lo deseado.

Un pequeño texto, en apariencia inofensivo, puede beneficiar o perjudicar a alguien y pudiera tener grandes impactos directos e indirectos en distintas áreas, ámbitos y sectores.

Los intereses partidistas, individuales o privados no pueden imponerse al beneficio colectivo, y utilizar la privilegiada posición para menguar un beneficio colectivo (negligentemente o dolosamente), es también un tipo de corrupción y debiera catalogarse como delito. Una regulación que se vuelva costosa o perjudicial tendría que catalogarse como un tipo de malversación de fondos o uso inadecuado de los recursos públicos. En síntesis el doctor César Córdova-Novio especialista internacional en Mejora Regulatoria (y que estuvo en Aguascalientes esta semana) dice “una mala regulación que implique costos para el gobierno y la sociedad más que beneficios, es corrupción”. Pero la constante al día de hoy, es que quienes tienen la facultad de proponer y los que aprueban las leyes, no tienen una consecuencia directa de una mala decisión.

Es común que nuestros legisladores propongan ocurrencias para ganar unos minutos en los noticieros o elevar su mediocre record en el trabajo legislativo, y así ellos seguirán nutriendo su ego apoyados por algunos aduladores contratados como asesores.

A nivel federal un claro ejemplo fue la ley impulsada por el Partido Verde, y por los tiempos electorales “embarcaron” a los demás partidos para no sufrir costos, sin prever consecuencias la aprobaron; la llamada “Circo sin Animales” de una manera populista y chantajista este partido tomó un tema que logró vender como prioritario, todo ello sin saber las implicaciones que se provocarían. Poco les preocupó la actividad económica de los cirqueros; y mucho menos pensaron en qué hacer con todos esos animales que estaban a cargo de los circos y ya no le serían funcionales; no investigaron si algunos cirqueros cumplían con normas y estándares internacionales del cuidado de animales; ni pensaron en los niños de comunidades que su única oportunidad de conocer distintas especies era ese espectáculo. Ellos lograron su objetivo, prohibir los animales en los circos y buscaron se difundieran como un logro. Hoy no les importa que, los animales estén en peores condiciones y con futuros inciertos, algunos muriendo por falta atención provocada por la prohibición, que cirqueros y gobierno tengan que gastar grandes cantidades de dinero para darles un destino digno; que miles de familias circenses disminuyan sus ingresos y hasta pierdan su trabajo; ellos están regresando a sus asientos legislativos con una sonrisa de satisfacción, mientras el embrollo que metieron a la sociedad y al gobierno va creciendo.

En Aguascalientes pasan cosas similares, si los diputados cumplieran con la transparencia y subieran a la página de internet su agenda legislativa, nos daríamos cuenta que la ocurrencia es la constante en cuanto iniciativas de ley. Como ejemplo está la “grandiosa”, “necesaria” y “prioritaria” ocurrencia presentada como iniciativa de ley de “garantizar gratuidad en estacionamientos de centros comerciales” poco les importó los estudios de factibilidad que los empresarios y comerciantes de los centros comerciales tienen, de la viabilidad y garantías que genera un cobro mínimo, menos la opinión de estos comerciantes, tampoco se realizó un sondeo entre usuarios exponiendo la posible reducción de comodidades, como la vigilancia; y no admitieron si existían temas con mayor orden de prioridad (como una ley de trasporte público) ellos, me imagino que por su sueldo de 65 mil pesos mensuales, les incomodó pagar 6 pesos, y tomaron opiniones y sentimientos de allegados para concluir que se reactivaría el comercio con tan práctica y sencilla ocurrencia; poco les importó y pareciera que les molestó la reacción de dueños y comerciantes de los centros comerciales que estaban en contra de dicha propuesta, testarudos como si tuvieran la verdad absoluta, siguen defendiendo e impulsando para ellos su prioridad.

No tardarán en anunciar foros y comisiones de trabajo para recibir todas las propuestas, cuando esto tendría que hacerse antes, al final de cuentas ya se logró su ansiado y preciado objetivo unos minutos y notas de prensa y elevar su pequeñísimo record legislativo.

La triste realidad es, que un órgano donde debería permear la propuesta, deliberación, reflexión y análisis, se está convirtiendo en oficialía de partes del gobierno en turno (a nivel federal y en los estados el ejecutivo es el principal promotor de iniciativas y con mayor efectividad de aprobación) y foro de espectáculos políticos (donde se utiliza la tribuna como pista de competencias para ver que legislador es más inventivo y ocurrente). No podemos generalizar, hay quienes se destacan por su madures discursiva, seriedad en las propuestas y conducción de las tareas, lamentablemente son los menos.

Que falta haría a cada legislatura tomar un curso con especialistas en Mejora Regulatoria, pero esas no son prioridades para nuestros políticos y legisladores.