La NOM 046 permite abortar a niñas violadas

Menores de 12 años requieren autorización paterna; de 12 años o más, no

De acuerdo con las últimas modificaciones de la Norma Oficial Mexicana “NOM-190-SSA1-1999. Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar”, para quedar como “NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, las niñas menores de 12 años, necesitan la autorización de sus padres para abortar y de 12 en adelante, no, lo que quiere decir que una menor de 12 o 13 años, puede tomar por sí misma decisiones tan graves.
El Decreto establece que en el caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación.
En caso de ser menor de 12 años de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables (lo que quiere decir que de 12 años, hasta antes de la mayoría de edad, no requieren el consentimiento de sus padres o tutores).
El personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación, basada en el principio de buena fe a que hace referencia el artículo 5 de la Ley General de Víctimas.
En todos los casos se deberá brindar a la víctima, en forma previa a la intervención médica, información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del procedimiento del aborto, a efecto de garantizar que la decisión de la víctima sea una decisión informada conforme a las disposiciones aplicables.
Se deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados del procedimiento.
Las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica federales deberán sujetarse a las disposiciones federales aplicables.
Las instituciones públicas de atención médica deberán contar con médicos y enfermeras capacitados no objetores de conciencia. Si en el momento de la solicitud de atención no se pudiera prestar el servicio de manera oportuna y adecuada, se deberá referir de inmediato a la usuaria, a una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con infraestructura de atención con calidad.
Corresponde a las y los prestadores de servicios de salud informar a la persona afectada sobre su derecho a denunciar los hechos de violencia que se presenten, así como de la existencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de las Comisiones Ejecutivas de las entidades federativas o sus equivalentes y de los centros de apoyo disponibles, responsables de orientar a las víctimas sobre los pasos a seguir para acceder a los servicios de atención, protección y defensa para quienes sufren de violencia familiar o sexual, facilitando y respetando la autonomía en sus decisiones e invitando a continuar el seguimiento médico, psicológico y de trabajo social.
Anticoncepción de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo, conforme a la legislación correspondiente.
Esta modificación entró en vigor el pasado 25 de marzo, ya que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de marzo del año en curso y fue hasta ayer que los diputados abordaron el tema, cuando el obispo José María de la Torre, lo hizo desde el pasado 18 de abril, con la advertencia de que los hospitales se convertirían en “mataderos”.