Luis Muñoz Fernández.

Cuando uno lee sobre la Sanidad Pública de España, que es lo que aquí llamamos el Sistema Nacional de Salud, y ha trabajado por décadas en un hospital público mexicano, no puede sino darse cuenta de lo lejos que estamos todavía de llegar al nivel social y sanitario que han alcanzado allende los mares.

Aquí sentimos –sin saberlo muchas veces a ciencia cierta– que si tenemos un problema de salud recibiremos mejor atención en un hospital privado antes que en uno público. Con algunas excepciones, la mayor parte de la población con los suficientes recursos económicos –una minoría en nuestro país– acude a los hospitales privados (incluso a los extranjeros), salvo el caso de algunos políticos, que usarán los servicios del hospital público con la seguridad de que serán atendidos con mimo y, a pesar de sus abultados emolumentos, completamente gratis.

En cambio allá, la totalidad de los españoles se siente profundamente orgullosa de su sistema público de salud y saben sin lugar a dudas que cuando la enfermedad es especialmente compleja o se ha complicado, no hay lugar con mayor garantía de recuperar la salud que los establecimientos de la Sanidad Pública. No es una preferencia a ciegas. La calidad de la Sanidad Pública Española goza de reconocimiento internacional y la avalan los indicadores de salud de los españoles, que están muy por encima de los de otros ciudadanos europeos de similares características económicas, demográficas y sociales.

Además de buena, la Sanidad Pública era hasta hace poco universal y solidaria, financiada por los impuestos que pagan los españoles. Los españoles sanos contribuyen solidariamente para pagar el costo de la atención que necesitan los que enferman. Y era “barata”, pues con una inversión estatal en salud por habitante inferior a la de países como Alemania, Francia y Dinamarca, España cuenta con una esperanza de vida superior a la de esos países desarrollados.

A semejanza de la nuestra, la Constitución Española de 1978 reconoce en el artículo 43.1 lo siguiente: “Se garantiza el derecho de protección a la salud”. Igual que en México… salvo que aquí, lo que expresa la Constitución no rebasa los límites del papel en el que está impresa, sin llegar a la realidad cotidiana de la inmensa mayoría de los mexicanos. Compatriotas que sufren lo indecible cuando se enferman. Basta asomarse a la gran mayoría de nuestros hospitales públicos.

Desde abril de 2012, el gobierno de Mariano Rajoy promulgó el Real Decreto 16/2012 llamado “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”. Con la excusa de la crisis económica, este decreto terminó con la universalidad de la Sanidad Pública Española y la gratuidad al momento de recibir la prestación. Más de un millón de habitantes en España quedó fuera de este sistema. Aplicado primero en Cataluña y después en el resto de las Comunidades Autónomas, ha generado una grave reducción de la calidad y los alcances de la cobertura sanitaria pública. Hoy es evidente que el gobierno español sigue dictados supranacionales para privatizar su sistema de salud.

Se generó un amplio movimiento social de oposición a las medidas gubernamentales conocido popularmente como la “marea blanca” por las batas de los médicos que participan en él junto con otros trabajadores sanitarios, además de ciudadanos diversos, todos unidos bajo el lema “La Sanidad Pública no se vende, se defiende”. Desde entonces, la movilización social ha sido intensa y existen numerosos grupos en toda España reunidos en la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Sus logros, aunque insuficientes, han sido más que notables.

Nosotros no hemos logrado un sistema de salud con esos estándares de calidad y eficiencia. Tampoco tenemos una sociedad con esa capacidad de organización y respuesta. Si, como no parece descabellado, se pretendiese privatizar el Sistema Nacional de Salud, los ciudadanos comunes estamos perdidos.

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