RODRIGO ÁVALOS ARIZMENDI

En días pasado en nuestro país había algo más complicado que el BREXIT, en el Reino Unido, pues no parecía ser que en esa mesa que se instaló en la Secretaría de Gobernación las dos partes estén hablando de los mismo, creo que había una gran divergencia no solo en el tratamiento del diálogo sino también en la materia del mismo. El gobierno federal pretende persuadir a los maestros afiliados la sección 22, y que ahora ya han sido asimilados, o representados, políticamente por MORENA, y pretende convencer a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación que no protesten, o que no protesten de la manera como le ha sido útil protestar para que se le tome en cuenta, así sea para una condena generalizada, pero se le toma en cuenta, y se le pida por octava, novena o décima ocasión, que se vaya a sentar a una mesa de diálogo, de negociación a Bucareli. ¿Para qué? Pues para que no haya bloqueos, para que no se tomen carreteras, para que no se estrangule la economía de la ciudad de Oaxaca, para que puedan circular libremente productos, personas, etc. porque da la casualidad de que quizás estos profesores no sepan muchas cosas. Casi todos ellos son profesores de nivel inicial educativo, de nivel básico, pero lo que sí saben es para qué sirven las carreteras, y es precisamente para lo que no permiten que sirvan: para transportar mercancías, bienes o personas. Ellos han estrangulado ciudades completas y pueblos de diferente tamaño. Fue lo que ocurrió obviamente en Nochixtlán, y las consecuencias de ello están ahí como materia de una investigación y los resultados ya sabemos que no nos van a dejar satisfechos sean cuales sean, por ejemplo no se va a poder convertir al profesor, al periodista Elpidio Ramos, en un mártir de la libertad de expresión, porque no lo mató la policía. Lo mataron quienes lo habían amenazado de qué no tomara fotos de los bloqueos y los saqueos a los comercios. Entonces no es una muerte rentable para los fines políticos y de propaganda de la CNTE. Pero rentable o no rentable ellos dicen que lo que quieren discutir es la reforma educativa, y tanto el secretario de educación, Aurelio Nuño, como el presidente de la república, les han dicho que la reforma no se negocia porque ya se negoció, y se negoció por el conducto por el cual se deben hacer en este país las leyes, que es el Congreso de la Unión. Esas leyes fueron debatidas, analizadas, votadas, promulgadas, publicadas, consagradas hasta en rango constitucional, y por tanto no se podría hablar de discutir la reforma, se tendría que discutir la Constitución y la Ley General de Educación, y el gobierno dice: Eso no es negociable.

Entonces si una cosa quiere ser negociada, por una parte y no es negociada por la otra parte, ¿Qué va a pasar en los días por venir? Lo único que puede pasar es que se radicalicen las posiciones en el tono político que ya dijo MORENA, que todos los del gobierno renuncien –Osorio, Nuño, etc.- y que el presidente de la república también se vaya, cosa que obviamente no se puede hacer solamente porque así lo pide el caudillo de una facción política, por muy grande o por muy numerosa como esté siendo ahora MORENA. El lunes pasado hubo una marcha en la ciudad de México la cual fue enorme o muy pequeña, según con que la compare uno, si la comparamos con la marcha del orgullo gay, fue una marchita, si la comparamos con las marchas previas que había convocado el mismo caudillo, es una marchititita. Del día del desafuero, cuando Andrés Manuel metió 300 mil personas en la periferia del Zócalo y todas las calles cercanas  al Palacio Nacional, la Catedral, y los edificios del Gobierno de la Ciudad de México; si comparamos con la toma del Zócalo y del Paseo de la Reforma, la marcha se marchita. Y si la comparamos con los que iban a ir al Ángel, a festejar el 7 a 0, pues sí es una marcha muy enorme. Pero no fue así. Aunque tampoco se mide la importancia de un movimiento político por el número de personas que presenta en las calles. Los empresarios de México necesitaron solamente 300 personas de pipa y guante para vetar una ley. Ahora MORENA juntó 30 mil, 40 mil dicen algunos, pero siguen siendo cantidades pequeñas, tomando en cuenta el tamaño del Zócalo, que tiene aproximadamente 50 mil metros cuadrados, así que si pusieran una persona por metro cuadrado meterían a 50 mil personas al Zócalo, nada más. Eso de que juntaron un millón de personas en el Zócalo pues no caben.

Me parece muy preocupante esta convocatoria a la rendición del gobierno. Esta capacidad de creer que la sola movilización va a modificar todo el gabinete presidencial, y este asunto de decir: “¡Ahorita es el momento de hacer la transición!”. Pues no. Creo que la transición se hace cuando terminen las elecciones del 2018, cuando ya se sabe quién ganó un proceso legal, legitimo; entonces es cuando viene una transición, como ha venido ocurriendo en este país desde hace muchísimos años, con las peculiaridades de cada reforma política sexenal o trans sexenal, o como sea ahora. Las elecciones serán dentro de dos años y ya no tienen por qué ser convocadas, ni tampoco por esos llamados a la abdicación, a la claudicación o al cese masivo, solamente porque un señor aprovecha el movimiento magisterial para darle aliento y promoción a su partido político.

Ya el viernes, con cierta sorpresa leí las declaraciones que en el mensaje de Miguel Ángel Osorio expone el gobierno de la república, porque así comienza hablando el Secretario de Gobernación, no habla en nombre propio, habla en nombre del gobierno de la república, que está abierto al diálogo, pero que se ha encontrado con personas que no aceptan algo muy sencillo en una negociación política. Dice Miguel Ángel Osorio: “Hemos dejado claro siempre, que en una negociación no puede ser todo o nada”. El gobierno está dispuesto, por lo que dice el mensaje, a encontrar puntos de acuerdo, a acercar posturas, y buscar que ambas partes pongan algo de lo que tienen en la mesa para llegar a una coincidencia. Pero lo que vemos es que las posturas son irreconciliables y de que no puede haber un punto de encuentro, porque se está hablando de circunstancias que no admiten transigencia por ninguna de las dos partes. La disidencia magisterial dice “Nosotros no podemos aceptar nada que no sea la derogación de la reforma, punto”. Y el  gobierno de la república dice: “Nosotros podemos aceptar cualquier cosa, menos la derogación de la reforma educativa”.  Y en ese sentido, queda en medio de esas dos posturas la sociedad de Oaxaca, y parte de la de Chiapas, y vienen esos bloqueos y esos daños que se le han causado a la economía de miles o quizá millones de personas, y entonces el gobierno les dice: “Para que podamos seguir hablando ustedes tiene que dejar de afectar a los ciudadanos”.

Creo que la mayoría de los habitantes de este país estamos de acuerdo en la posición que tiene el gobierno, que es, “Suelta primero a los rehenes y después negociamos”, pero los que han tomado de rehén a la sociedad dicen: “No, lo único que yo puedo es negociar a los rehenes, si te entrego a los rehenes me quedo sin nada, me quedo como antes de empezar a protestar, y lo que no quiero es la reforma”. Para ellos la reforma es una pistola en la cabeza, pero el gobierno está viendo que ellos le están poniendo la pistola en la cabeza a la sociedad. Y aquí se tiene que discutir un asunto básico. ¿A quién le corresponde el uso legítimo de la fuerza en este país? ¿Al gobierno, o a los manifestantes que están en contra de la constitución? Porque la reforma educativa ya está en la constitución. El uso legítimo de la fuerza le corresponde al gobierno. Esa es su misión, y esa es su función, y esa es su única potestad. Quienes ejercen la violencia al margen de la ley, están disminuyendo la validez de sus peticiones y de sus derechos. Pero lo grave no son las definiciones teóricas. Lo grave es que en estos dos caminos se atraviesa Nochixtlán y lo que venga. La intransigencia es el arma de la disidencia. No se van a quitar los disidentes. ¿Los van a quitar como y delante de quién? Para que después no vengan todas las organizaciones de derechos humanos del mundo a decir que este es un gobierno represor. Sería bueno que cuando llegue la fuerza pública, llegué acompañada de todos los defensores de derechos humanos que validen la legitimidad en el ejercicio del poder y de la fuerza.