Fernando López Gutiérrez

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En días pasados, el senador panista Jorge Luis Preciado anunció la presentación de una iniciativa para permitir la posesión de armas en negocios mercantiles o automóviles particulares en México. La propuesta captó la atención de los medios de comunicación y generó un amplio debate respecto a las implicaciones y consecuencias que su aprobación podría tener en las condiciones de seguridad del país.

En radio, televisión y redes sociales, Preciado argumentó que la iniciativa permite garantizar el derecho de todos los mexicanos a la legítima defensa y aseguró que su implementación reduciría la inseguridad, al desincentivar la comisión de delitos por el miedo que tendrían los delincuentes ante la posibilidad de que sus víctimas se encuentren armadas. Mientras el senador trató de justificar públicamente la viabilidad y conveniencia de su proyecto de reforma en la materia, el documento que presentó carece de los elementos básicos que posibilitarían un debate serio sobre el tema.[1]

La iniciativa consiste en una modificación al artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se incorporan los domicilios particulares, los negocios y automóviles como espacios en los que se permitiría poseer armas. Aunque el senador Preciado señaló que, según su propuesta, para tal fin habría de llevarse a cabo un proceso minucioso de evaluación, revisión y capacitación de quienes solicitaran un permiso, el documento que elaboró no menciona este esquema.

Al leer la iniciativa presentada por el senador panista, resulta evidente que su objetivo, en realidad, no es presentar una alternativa o generar una discusión sobre los mecanismos factibles para disminuir la delincuencia en México; se trata de una muestra más del oportunismo y protagonismo mediático que muchos legisladores ponen en práctica para ganarse la empatía de algunos ciudadanos desinformados, aprovechando las condiciones de inconformidad y desesperación que experimentan importantes sectores de nuestra población.

Jorge Luis Preciado ha construido y difundido un discurso en el que, argumentando la falta de capacidad por parte del Estado para garantizar la seguridad de la población, se ofrece como el promotor de una alternativa real. Pretende mostrarse como una persona sensible ante las preocupaciones ciudadanas, pero jamás se interesó en abrir una discusión amplia y razonada sobre el tema al interior del poder legislativo, al grado de no contar con el apoyo mínimo de su propio partido. La realidad es que Preciado sabe que su idea no avanzará y es claro que eso no le importa. Es un senador irresponsable, con el afán de ganar adeptos en su estado sin demasiado esfuerzo, cuyos planteamientos no merecen ser tomados en cuenta seriamente.

[1] La propuesta puede consultarse en el siguiente enlace: http://bit.ly/2dCTyNK