Fernando López Gutiérrez

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@ferlog14

La semana pasada, en este mismo espacio, me referí al tema del combate a la corrupción en nuestro país. Al respecto, mencioné que la atención a este complejo problema compete a todos los sectores de nuestra sociedad e involucra a tomadores de decisiones de las diversas facciones políticas. En México, la sociedad civil ha comprendido la importancia que tiene su participación para impulsar el avance de la agenda anticorrupción y se ha involucrado, por medio de diversas organizaciones de tipo social y académico, en la discusión pública sobre las reformas necesarias en la materia.

Una de las propuestas más importantes planteada en el presente sexenio, dirigida a enfrentar y combatir la corrupción de los servidores públicos, es la iniciativa 3 de 3, la cual surgió como un llamado a los funcionarios de distintos niveles de gobierno, integrantes de los partidos políticos y legisladores locales y federales para hacer pública su declaración de intereses, su declaración patrimonial y su declaración fiscal. En el marco de la discusión de los cambios legislativos que deben generarse como resultados de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, publicada en mayo de 2015, las organizaciones promotoras de la iniciativa 3 de 3 han incluido la propuesta de publicación de las declaraciones mencionadas en una iniciativa ciudadana más amplia, para crear la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Para que la iniciativa mencionada pueda ser abordada y discutida en el Congreso de la Unión se requiere que esté respaldada por la firma de 120 mil mexicanos. Debido a lo anterior, las organizaciones que la han impulsado solicitan la colaboración de la ciudadanía preocupada por la instauración de un marco jurídico propicio para el combate a la corrupción e invitan a descargar el formato de firma y entregarlo en los términos establecidos en el sitio http://tresdetres.mx/#/

La presentación de una iniciativa dirigida al combate de la corrupción es fundamental para crear una ley que desarrolle un verdadero contrapeso a la actuación de los servidores y representantes públicos. Se trata de generar mecanismos de prevención, monitoreo, investigación, persecución y sanción que deban ser acatados por dichos funcionarios en los términos que nuestra sociedad demanda, con la finalidad de terminar con la impunidad y los actos de corrupción. El equipo de especialistas que la ha generado posee una reconocida trayectoria y una notable reputación, por lo que, colaborar con nuestra firma para su presentación representa una oportunidad de participación que deberíamos considerar de forma seria y responsable.